Bogotá, 9 de abril de 2016

Señor:
Juan Manuel Santos Calderón
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

1. DAÑO SOCIAL Y POLITICO
Los sujetos de reparación colectiva con incidencia nacional hoy reunidos en el “Primer
Encuentro Nacional de Delegados y delegadas de Comités de Impulso y Grupos de
Apoyo” manifestamos que la violencia política sufrida en las últimas décadas ha
significado un daño a la estructura de las organizaciones de víctimas, movimientos y
grupos sociales y pueblos ancestrales, que históricamente hemos luchado por la
reivindicación de derechos y garantías fundamentales, por la participación abierta y
plural y por las demandas de los grupos y organizaciones de base.
El daño colectivo al que hacemos referencia, es una estrategia histórica utilizada por
los actores violentos, Estatales y paraestatales, que estigmatizan y debilitan el tejido
social y el accionar de las organizaciones en la defensa de los derechos fundamentales
y para restringir el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de asociación, la
participación democrática y el pensamiento crítico, los derechos de los grupos étnicos,
mujeres y equidad de género, y el acceso equitativo a la tierra, todo lo cual ha
redundado en el favorecimiento de una estructura política y económica excluyente.
Una sociedad despojada de sus voces críticas, de la pluralidad, de los recursos
naturales, la tolerancia y el respeto a la diferencia, es una sociedad donde el ejercicio
de la democracia es inviable. El daño colectivo es un daño a la democracia.
2. ENFOQUE POLITICO Y TRANSFORMADOR DE LA REPARACIÓN COLECTIVA
Estamos convencidas y convencidos que la reparación colectiva debe ser el escenario
para que se recuperen las voces de los actores sociales, étnicos y de víctimas, la
participación ciudadana y el ejercicio de los derechos fundamentales como los pilares
del funcionamiento de la democracia. Esto solo es posible, si la reparación colectiva se
concibe como una política pública con enfoque transformador, orientada a la creación
y sostenimiento de condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que hagan
factible nuestra incidencia frente a la realidad social. Una reparación con enfoque
transformador debe estar dirigida a que seamos reconocidos como interlocutores
políticos válidos; a que tengamos la posibilidad de reconstruir nuestras relaciones
fragmentadas entre los diferentes actores sociales y políticos de los distintos órdenes
locales, regionales y nacionales, con un enfoque territorial de impacto nacional.

Señalamos la imperiosa necesidad de participar activamente en las reformas
institucionales que apunten a garantizar las condiciones para el desarrollo de nuestros
proyectos políticos, como actores fundamentales en la construcción de la paz. En el
dialogo político que hemos tenido, hemos identificado algunas medidas que
desbordan el alcance de la Ley 1448 y que requieren un esfuerzo conjunto del Estado
Colombiano:
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En materia del ejercicio periodístico, una política pública de libertad de
expresión y un debate sobre rol del periodismo en el conocimiento de la
realidad del país. Para ello el Estado debe trabajar en conjunto con el grupo de
periodistas víctimas para dar acceso a las comunidades y los pequeños medios
a los espacios de comunicación. Además, un papel regulador del Estado para la
democratización en el acceso de los medios de comunicación, la protección y
fortalecimiento de la actividad periodística garantizando condiciones laborales
dignas y lucha real contra la impunidad de crímenes a periodistas.
En materia de acceso y democratización de la tierra, una reforma agraria y
desarrollo rural integral y la participación de las organizaciones campesinas,
indígenas, afrocolombianos y mujeres rurales en la construcción de la política
agraria gubernamental. Una propuesta de desarrollo incluyente que recoja las
agendas del movimiento campesino, su identidad y sus derechos, es
fundamental para este objetivo.
Las organizaciones de mujeres sujetas de reparación colectiva, reiteran la
importancia de incluir el enfoque de mujer en todas las políticas públicas y en
las agendas de las organizaciones sociales. El gobierno puede trabajar de mano
de las organizaciones de mujeres para consolidar este propósito.
En materia de derechos humanos, la reivindicación del papel de los defensores
y defensoras de los derechos humanos. La recuperación de las agendas
autónomas de las organizaciones defensoras de derechos humanos permitirían
por fin consolidar un movimiento social por la defensa y el goce pleno de los
derechos humanos.
En relación con las organizaciones constructoras de paz y reconciliación es muy
importante reconocer el papel y dinamismo que estas han desarrollado en la
búsqueda de la solución pacifica negociada del conflicto armado, la
territorialidad de paz y la reconciliación nacional durante más de dos décadas.
En materia de desaparición forzada, la completa erradicación de esta práctica y
el juzgamiento de los responsables por las acciones vulneratorias del derecho a
la vida y a la libertad, son fundamentales para encontrar a nuestros
desaparecidos. El conocimiento de las organizaciones víctimas que trabajan en
este tema, es un capital que el Estado debe aprovechar para modificar en los
retos de la paz, la búsqueda de las personas desaparecidas.
En materia del derecho a la participación, representación y el ejercicio político,
es importante reconocer a las corporaciones públicas, concejales y diputados
en la dignificación de su labor y otorgar garantías de seguridad, promoviendo la
construcción de políticas públicas de paz en el posconflicto desde lo local.

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La acción comunal es la célula primaria de la democracia en los territorios y a
partir de ella se construye ciudadanía y se gestiona soluciones de las
necesidades sociales de la comunidad y promueve los espacios de
participación, la planificación, la planeación del desarrollo comunitario creando
una cultura política en pro de las necesidades de las comunidades. En estos
espacios se construye la paz territorial, por tal razón se debe fortalecer a los
organismos de acción comunal en todos sus niveles.
Igualmente, el reconocimiento del derecho a la participación política directa del
campesinado como sujetos de derecho porque han sustentado su vida colectiva
y social, en su cultura, economía campesina, usos y costumbres, desde los
cuales han sustentado productivamente al país generando el 80% de la
alimentación colombiana y materias primas para la industria y productos de
exportación.
En materia del ejercicio de las libertades sindicales y los derechos laborales, es
necesario un espacio del más alto nivel para la concertación de las medidas de
reparación colectiva al movimiento sindical. Una vez construida esta
interlocución, el gobierno deberá impulsar con las otras ramas del poder
público (legislativa y judicial) las reformas institucionales para la defensa de
estos derechos.
Para concertar una agenda con el movimiento social indígena, afro, palenquero
Raizal y Rom el gobierno debe propiciar espacios de dialogo de autoridad a
autoridad, para escuchar las reivindicaciones de las comunidades étnicas desde
su gobierno propio, identidad cultural, autonomía y visión del territorio. Para
nosotros el territorio es víctima y la espiritualidad también. Somos conscientes
de que estas afectaciones son irreparables, pero el propósito firme de la
reparación colectiva nos ayudará en nuestra lucha por la pervivencia física y
cultural de nuestros pueblos. Proponemos reconocer y potenciar la visión del
territorio como un escenario de vida para la humanidad desde las autonomías
constitucionalmente reconocidas y ancestralmente consolidadas.
No compartimos la política minera del gobierno nacional porque genera
conflictos locales, generando nuevas víctimas y atenta contra la madre
naturaleza, por tanto, solicitamos la revisión y modificación de la legislación
minera y exigimos la consulta previa como mecanismo de decisión comunitaria.

3. APOYO A LA PAZ Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
El fortalecimiento y la promoción de una democracia abierta, plural y participativa son
las bases para construir un pacto por la paz y la reconciliación de la sociedad
colombiana. La paz es convivir en la diversidad y esto no admite imaginarios negativos
sobre los disensos, ni admite tampoco la exclusión, ni el señalamiento de ningún actor
democrático.
La memoria y la verdad política desde las víctimas y las organizaciones sociales y
étnicas son fundamentales en las garantías de no repetición, para que cesen los
homicidios, las desapariciones forzadas, las amenazas, la censura, el desplazamiento
forzado, la estigmatización, las violencias contra las mujeres y la violencia armada.
Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que establezcan medidas

eficaces de prevención y protección; el ataque frontal y decidido del aparato estatal,
contra las estructuras armadas que generan violencia en nuestro país.
En una verdadera democracia no es concebible que los constructores de paz; las
organizaciones defensoras de derechos humanos; las que luchan por la tierra y el agua;
las que trabajan por la libertad de expresión; las que abogan por un reconocimiento de
los derechos de los trabajadores y las trabajadoras; las que defienden los derechos de
las mujeres, los líderes y lideresas sociales y políticos y, las comunidades étnicas no
puedan llevar a cabo sus proyectos colectivos como consecuencia de la violencia
material y simbólica de la que siguen siendo víctimas.
Reiteramos que el esfuerzo mancomunado del gobierno nacional, los ministros acá
presentes, la cooperación internacional y el Estado en su conjunto, es necesario para el
propósito en nuestros proyectos de reparación colectiva. Estos son una condición
necesaria para la construcción de la paz.
La reparación colectiva está contribuyendo al fortalecimiento de nuestras
organizaciones, ha logrado recuperar espacios de incidencia nacional y territorial, ha
permitido volver a unir lo que el conflicto dividió en los movimientos sociales y ha
vuelto a poner en la agenda del Estado y la sociedad el reconocimiento a nuestra labor.
Hemos logrado en este proceso recuperar lazos de confianza con el Estado, avanzar en
la reconstrucción de nuestra identidad y nuestra cultura; se ha contribuido al
reconocimiento a la diversidad, a la diferencia y por ende al fortalecimiento de nuestra
democracia. Nos falta camino por recorrer, hemos avanzado pero para lograr la paz
debemos unir todos los esfuerzos en este propósito.
Los sujetos de reparación colectiva con incidencia nacional, hoy reunidos, proponemos
un espacio de interlocución de alto nivel con el Gobierno Nacional, para lo que
estamos dispuesto a articularnos en espacios de coordinación donde debatamos el
alcance de la reparación con enfoque transformador.
PACTO POR LA REPARACION COLECTIVA Y LA PAZ
Los sujetos acá reunidos hacemos un pacto social y político para la reparación
colectiva y la construcción de paz.
Hacemos un llamado a los medios de comunicación, a los incrédulos de la paz, a los
grupos armados, al Estado, a la cooperación internacional, a los empresarios y a la
sociedad colombiana en general a involucrarse y caminar con nosotros en los
procesos de reparación colectiva. La paz es con nosotros y nosotras, las víctimas.
Firman. Procesos de Reparación Colectiva de incidencia nacional.
Asociación nacional de Usuarios Campesinos – ANUC
Asociación nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción – ANUCUR
Asociación nacional de Mujeres Campesina Indígenas y Negras de Colombia-ANMUCIC
Movimiento Sindical
Organización Femenina Popular OFP

Instituto Popular de Capacitación- IPC
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES
Organismos de Acción Comunal
Pueblo Misak
Asociación de Mujeres Afro por la Paz- AFROMUPAZ
Concejales y Diputados
Periodistas
Red nacional de iniciativas ciudadanas por la paz y contra la guerra – REDEPAZ