AMNISTÍA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones
de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los
derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas
las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas
internacionales. Somos independientes de todo gobierno, ideología
política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se
financia principalmente con las contribuciones de nuestra membresía
y con donativos.

Publicado originalmente en 2017
por Amnesty International Ltd
Peter Benenson House,
1, Easton Street,
London, WC1X 0DW
Reino Unido
© Amnesty International 2017
Índice: POL 10/4800/2017
ISBN: 978-84-96462-46-5
Depósito legal: M-5033-2017
Idioma original: Inglés

Salvo cuando se indique lo
contrario, el contenido de este
documento está protegido por
una licencia Creative Commons
(atribución, no comercial, sin
obra derivada, internacional
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Para más información, visiten la
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web: www.amnesty.org
amnesty.org

La ausencia en él de un
determinado país o territorio no
debe entenderse como una
declaración de que en ese país
no se produjeron durante el
año violaciones de derechos
humanos que fueran motivo de
preocupación para Amnistía
Internacional. De la misma
manera, la extensión dedicada a
cada país no debe fundamentar
comparación alguna sobre el
grado de preocupación de
Amnistía Internacional.

Este informe documenta el
trabajo y los motivos de
preocupación de Amnistía
Internacional a lo largo de 2016.

ii

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

 INFORME 2016/17 
 AMNISTÍA 
 INTERNACIONAL 
LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
EL MUNDO

iv

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

ÍNDICE
INFORME ANUAL 2016/17
Abreviaturas 7
Prefacio 9
Prólogo 12
Perspectiva regional: África 16
Perspectiva regional: América 26
Perspectiva regional: Asia y
Oceanía 36
Perspectiva regional: Europa y
Asia Central 46
Perspectiva regional: Oriente
Medio y Norte de África 55
Afganistán 66
Albania 70
Alemania 71
Angola 74
Arabia Saudí 77
Argelia 82
Argentina 85
Armenia 87
Australia 89
Austria 91
Azerbaiyán 92
Bahamas 94
Bahréin 95
Bangladesh 99
Bélgica 101
Benín 103
Bielorrusia 104
Bolivia 106
Bosnia y Herzegovina 107
Botsuana 109
Brasil 111
Brunéi 117
Bulgaria 118
Burkina Faso 120
Burundi 122
Camboya 126
Camerún 129
Canadá 132
Chad 135
Chile 138
China 140
Chipre 146
Colombia 147

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

Corea del Norte 153
Corea del Sur 155
Costa de Marfil 158
Croacia 160
Cuba 162
Dinamarca 164
Ecuador 165
Egipto 166
El Salvador 172
Emiratos Árabes Unidos 174
Eritrea 177
Eslovaquia 179
Eslovenia 181
España 182
Estados Unidos de América 185
Estonia 191
Etiopía 192
Federación Rusa 194
Filipinas 199
Finlandia 201
Fiyi 202
Francia 203
Gambia 206
Georgia 209
Ghana 211
Grecia 213
Guatemala 216
Guinea 218
Guinea-Bissau 220
Guinea Ecuatorial 221
Haití 223
Honduras 225
Hungría 227
India 229
Indonesia 234
Irak 239
Irán 244
Irlanda 250
Israel y los Territorios Palestinos
Ocupados 251
Italia 257
Jamaica 260
Japón 261
Jordania 263

v

Kazajistán 266
Kenia 268
Kirguistán 272
Kuwait 274
Laos 277
Lesoto 278
Letonia 280
Líbano 281
Libia 283
Lituania 288
Macedonia 289
Madagascar 291
Malaisia 292
Malawi 294
Maldivas 295
Malí 297
Malta 299
Marruecos y el Sáhara
Occidental 301
Mauritania 305
México 307
Moldavia 312
Mongolia 314
Montenegro 315
Mozambique 316
Myanmar 319
Namibia 323
Nauru 324
Nepal 325
Nicaragua 328
Níger 330
Nigeria 332
Noruega 337
Nueva Zelanda 339
Omán 340
Países Bajos 341
Pakistán 342
Palestina 347
Papúa Nueva Guinea 350
Paraguay 352
Perú 354
Polonia 356
Portugal 359
Puerto Rico 360
Qatar 361
Reino Unido 363
República Centroafricana 368
República Checa 372
República del Congo 373

vi

República Democrática del
Congo 375
República Dominicana 380
Ruanda 382
Rumania 385
Senegal 387
Serbia 389
Sierra Leona 392
Singapur 394
Siria 395
Somalia 401
Sri Lanka 405
Suazilandia 408
Sudáfrica 410
Sudán 415
Sudán del Sur 419
Suecia 423
Suiza 424
Tailandia 426
Taiwán 429
Tanzania 430
Tayikistán 431
Timor Oriental 434
Togo 435
Túnez 437
Turkmenistán 441
Turquía 442
Ucrania 448
Uganda 452
Uruguay 455
Uzbekistán 457
Venezuela 459
Vietnam 464
Yemen 467
Zambia 471
Zimbabue 472

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

ABREVIATURAS
ACNUR
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados
ASEAN
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
CESCR
Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
CIA
Agencia Central de Inteligencia
Comité Europeo para la Prevención de la
Tortura
Comité Europeo para la Prevención de la
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o
Degradantes
Convención de la ONU contra la Tortura
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Convenio Europeo de Derechos Humanos
Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales
CPI
Corte Penal Internacional
EPU
Examen periódico universal del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas
LGBTI
Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales
OEA
Organización de los Estados Americanos

ONG
Organización No Gubernamental
ONU
Naciones Unidas
OSCE
Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa
OTAN
Organización del Tratado del Atlántico Norte
PIDCP
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos
PIDESC
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
Relator especial de la ONU sobre
ejecuciones extrajudiciales
Relator especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
Relator especial de la ONU sobre el racismo
Relator especial sobre las formas
contemporáneas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de
intolerancia
Relator especial de la ONU sobre la libertad
de expresión
Relator especial sobre la promoción y
protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión
Relator especial de la ONU sobre la tortura
Relator especial sobre la cuestión de la
tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes

OIT
Organización Internacional del Trabajo

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

vii

Relatora especial de la ONU sobre la
violencia contra la mujer
Relatora especial sobre la violencia contra la
mujer, sus causas y consecuencias
UA
Unión Africana
UE
Unión Europea
UNICEF
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia

viii

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

PREFACIO
El Informe 2016/17 de Amnistía Internacional documenta la situación de los
derechos humanos en el mundo durante 2016.
El prólogo, las cinco reseñas regionales y el análisis individual de los 159
países y territorios que componen este informe dan testimonio del sufrimiento
que muchas personas soportan, ya sea durante un conflicto o al ser objeto de
desplazamiento forzado, discriminación o represión. Pero estas páginas
también reflejan que en algunos ámbitos se han hecho avances para proteger
y garantizar los derechos humanos.
Si bien en todo momento se ha buscado garantizar la exactitud de la
información aquí contenida, ésta pudiera estar sujeta a cambios sin previo
aviso.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

ix

 INFORME 2016/17 
 AMNISTÍA 
 INTERNACIONAL 
PRIMERA PARTE: PRÓLOGO Y PERSPECTIVA REGIONAL

PRÓLOGO
“2016 fue un año en el que la
idea de dignidad e igualdad
humanas, el concepto mismo
de familia humana, fue
objeto de intensa e
implacable agresión en
forma de discursos de culpa,
miedo y búsqueda de chivos
expiatorios, propagados por
quienes querían tomar el
poder o aferrarse a él casi a
cualquier precio.”
SALIL SHETTY, SECRETARIO GENERAL
Para millones de personas, 2016 fue un año
de sufrimiento y miedo implacables, en el
que gobiernos y grupos armados cometieron
abusos contra los derechos humanos de
múltiples maneras. Grandes zonas de Alepo,
la ciudad más populosa de Siria, quedaron
reducidas a escombros por los bombardeos
aéreos y las batallas en las calles, mientras
que en Yemen continuaron los crueles
ataques contra la población civil. Desde el
empeoramiento de la difícil situación del
pueblo rohingya en Myanmar hasta los
homicidios ilegítimos masivos en Sudán del
Sur, desde las brutales medidas contra las
voces disidentes en Turquía y Bahréin hasta
el auge del discurso de odio en buena parte
de Europa y Estados Unidos, en 2016 se
dieron situaciones que hicieron del mundo
un lugar más sombrío e inestable.
Mientras tanto, la distancia entre el deber
y la acción y entre la retórica y la realidad era
abismal, adquiriendo en ocasiones
proporciones pasmosas. Nada mejor para
ilustrarlo que la falta de acuerdo de los
Estados que asistieron en septiembre a la

12

cumbre de la ONU sobre personas
refugiadas y migrantes a la hora de dar una
respuesta adecuada a una crisis global que
cobró aún mayor magnitud y urgencia
durante el año. Mientras los líderes del
mundo demostraban no estar a la altura de
las circunstancias, 75.000 personas
refugiadas permanecían atrapadas en tierra
de nadie en el desierto entre Siria y Jordania.
Aunque 2016 fue también el Año de los
Derechos Humanos de la Unión Africana,
tres de sus Estados miembros anunciaron su
retirada de la Corte Penal Internacional,
reduciendo así las perspectivas de rendición
de cuentas por crímenes de derecho
internacional. Mientras tanto, Omar al Bashir,
presidente de Sudán, recorría libre e
impunemente el continente a la vez que su
gobierno lanzaba armas químicas contra su
propio pueblo en Darfur.
En la arena política, de los numerosos
movimientos sísmicos del año quizá el más
destacado fuera la elección de Donald Trump
como presidente de Estados Unidos. Su
designación se produjo tras una campaña en
la que hizo a menudo declaraciones que
sembraban la discordia, caracterizadas por la
misoginia y la xenofobia, y prometió revocar
libertades civiles consolidadas e introducir
políticas sumamente adversas para los
derechos humanos.
La venenosa retórica de la campaña de
Donald Trump ilustra la tendencia global
hacia una forma más airada y divisiva de
hacer política. En todo el mundo, líderes y
políticos en busca de poder articularon
discursos de miedo y desunión, culpando a
los “otros” de los motivos de queja, reales o
inventados, del electorado.
Su antecesor, el presidente Barack
Obama, ha dejado un legado que incluye
muchos fracasos lamentables a la hora de
hacer valer los derechos humanos, en
particular la ampliación de la sigilosa
campaña de la CIA de ataques con drones y
el desarrollo de una gigantesca maquinaria
de vigilancia masiva, como reveló el
denunciante de irregularidades Edward
Snowden. No obstante, las primeras
indicaciones del nuevo presidente Trump

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

sugieren una política exterior que
menoscabará significativamente la
cooperación multilateral y señalará el inicio
de una nueva era en la que habrá mayor
inestabilidad y desconfianza mutua.
Todo análisis global que se intente hacer
de los turbulentos sucesos del año pasado
dejará probablemente mucho sin explicar.
Pero lo cierto es que empezamos 2017 en un
mundo muy inestable y de mucha inquietud
e incertidumbre sobre el futuro.
En este contexto, se corre el riesgo de que
los valores articulados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948 no
estén ya garantizados. La Declaración,
redactada después de uno de los periodos
más sangrientos de la historia de la
humanidad, comienza con estas palabras:
Considerando que la libertad, la justicia y
la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de
los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana.
Pero a pesar de las lecciones del pasado,
2016 fue un año en el que la idea de
dignidad e igualdad humanas, el concepto
mismo de familia humana, fue objeto de un
ataque intenso e implacable en forma de
discursos acusatorios, basados en el miedo y
la búsqueda de chivos expiatorios,
propagados por quienes querían tomar el
poder o aferrarse a él casi a cualquier precio.
El desprecio de estos ideales quedó de
sobra patente durante el año, cuando el
bombardeo deliberado de hospitales se
convirtió en práctica habitual en Siria y
Yemen, cuando se devolvió a personas
refugiadas a zonas de conflicto, cuando la
pasividad casi total del mundo frente a Alepo
recordó una actitud similar adoptada en
Ruanda y Srebrenica en 1994 y 1995 y
cuando gobiernos de casi todas las regiones
del mundo aplicaron medidas de represión
masiva para silenciar la disidencia.
Ante hechos así, se ha vuelto
alarmantemente fácil pintar un panorama
distópico del mundo y su futuro. La tarea que
tenemos por delante —urgente y cada vez
más difícil— es reavivar el compromiso

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

global con los valores básicos de los que
depende la humanidad.
Algunos de los sucesos más inquietantes
de 2016 fueron fruto de un nuevo pacto que
ofrecieron los gobiernos a sus ciudadanías: la
promesa de seguridad y mejora económica a
cambio de ceder derecho de participación y
libertades civiles.
Ninguna parte del mundo se libró de
medidas de represión general de la
disidencia, manifiestas y violentas en unos
casos y más sutiles y disfrazadas de
respetabilidad en otros. El afán de silenciar
las voces críticas aumentó en escala e
intensidad en gran parte del mundo.
El homicidio de la lideresa indígena Berta
Cáceres en Honduras el 2 de marzo fue un
ejemplo de todos los peligros que arrostran
quienes se enfrentan con valentía a
poderosos intereses estatales y
empresariales. Tanto en el continente
americano como en otros, los gobiernos
presentan a menudo a estos valientes
defensores y defensoras de los derechos
humanos como una amenaza para el
desarrollo económico por su denuncia de las
consecuencias humanas y medioambientales
que acarrea la explotación de los recursos y
los proyectos de infraestructura. La labor de
Berta Cáceres en defensa de las
comunidades locales y de sus tierras —y
contra un proyecto de embalse en ese
momento— le había granjeado un
reconocimiento mundial. Los hombres
armados que la mataron en su casa enviaron
un escalofriante mensaje a muchas otras
personas también activistas, especialmente a
las que no gozan de la misma atención
internacional.
La seguridad como excusa para justificar
la represión se empleó ampliamente en todo
el mundo. En Etiopía, en respuesta a
protestas en gran medida pacíficas contra el
despojo de tierras en la región de Oromia, las
fuerzas de seguridad mataron a varios
centenares de manifestantes y las
autoridades detuvieron arbitrariamente a
miles de personas. El gobierno etíope utilizó
su Proclamación Antiterrorista para llevar a
cabo una represión generalizada de activistas

13

de derechos humanos, periodistas y
miembros de la oposición política.
Tras el fallido golpe de Estado de julio,
Turquía intensificó su represión de las voces
disidentes durante el estado de excepción.
Más de 90.000 personas empleadas en el
sector público perdieron su trabajo por tener
presuntos “vínculos con una organización
terrorista” o representar “una amenaza para
la seguridad nacional”; además, se sometió a
prisión preventiva a 118 periodistas y se
cerraron de forma arbitraria y permanente
184 medios de comunicación.
En Oriente Medio y el Norte de África, la
represión de la disidencia fue endémica. En
Egipto, las fuerzas de seguridad detuvieron,
sometieron a desaparición forzada y
torturaron a presuntos partidarios de la
organización proscrita Hermandad
Musulmana, así como a otras personas que
criticaban y se oponían al gobierno. Las
autoridades de Bahréin enjuiciaron
implacablemente a detractores del gobierno
por cargos relacionados con la seguridad
nacional. En Irán, las autoridades
encarcelaron a personas que expresaban
críticas, censuraron todos los medios de
comunicación y aprobaron una nueva ley por
la que prácticamente cualquier crítica al
gobierno y a sus políticas era susceptible de
enjuiciamiento penal.
En Corea del Norte, el gobierno intensificó
aún más la ya extrema represión que ejercía,
endureciendo su control sobre las
tecnologías de la comunicación.
En muchas ocasiones, las medidas
rigurosas no fueron más que un intento de
ocultar fracasos del gobierno, como en
Venezuela, donde las autoridades trataron de
silenciar las críticas en lugar de abordar la
intensificación de la crisis humanitaria.
Además de las amenazas y ataques
directos, so pretexto de la seguridad se
produjo un insidioso deterioro de las
libertades civiles y políticas. Por ejemplo,
Reino Unido aprobó la nueva Ley de Poderes
de Investigación, que aumentaba
significativamente las facultades de las
autoridades para interceptar comunicaciones
y datos digitales, acceder a ellos,

14

conservarlos o piratearlos sin necesidad de
que existieran sospechas razonables contra
una persona. Con la introducción de uno de
los regímenes de vigilancia masiva más
amplios del mundo, Reino Unido dio un
importante paso hacia una realidad donde
sencillamente no se reconoce el derecho a la
privacidad.
Sin embargo, la erosión de los valores de
los derechos humanos fue tal vez
especialmente perniciosa cuando las
autoridades culparon a determinados “otros”
de problemas sociales reales o presuntos
para justificar sus medidas represivas. La
retórica del odio, la división y la
deshumanización desató los instintos más
sombríos de la naturaleza humana. Al atribuir
la responsabilidad colectiva de los males
sociales y económicos a grupos concretos —
con frecuencia minorías étnicas o religiosas
—, quienes estaban en el poder dieron
rienda suelta a la discriminación y a los
crímenes de odio, sobre todo en Europa y
Estados Unidos.
Una variante de esta actitud quedó de
manifiesto con la intensificación de la “guerra
contra las drogas” del presidente Rodrigo
Duterte en Filipinas, a costa de una enorme
pérdida de vidas. Tras reiteradas muestras
públicas de apoyo del presidente a la idea de
matar a quienes estuvieran supuestamente
implicados en delitos de drogas, la violencia
aprobada por el Estado y los homicidios
masivos cometidos por grupos parapoliciales
se cobraron más de 6.000 vidas.
Cuando figuras que se autoproclamaban
“antisistema” culparon a las supuestas élites,
a las instituciones internacionales y a los
“otros” de los motivos de queja sociales o
económicos, eligieron la fórmula equivocada.
La sensación de inseguridad y pérdida de
derechos —derivada de factores como el
desempleo, la inseguridad laboral, la
creciente desigualdad y la reducción de los
servicios públicos— exigían compromiso,
recursos y cambios de política por parte de
los gobiernos, no chivos expiatorios fáciles de
culpar.
Ha quedado claro que muchas personas
desencantadas en todo el mundo no

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

buscaron respuestas en los derechos
humanos. Sin embargo, la desigualdad y el
abandono que habían dado pie a la ira y la
frustración populares eran en parte fruto de
la inacción de los Estados a la hora de hacer
efectivos los derechos económicos, sociales y
culturales de su ciudadanía.
El relato de 2016 ha sido en cierto modo el
relato del coraje, la resiliencia, la creatividad
y la determinación de la gente ante enormes
desafíos y amenazas.
En todas las regiones del mundo quedó de
manifiesto que, cuando las estructuras
formales de poder se usan para reprimir, la
gente encuentra vías para alzarse y hacerse
oír. En China, a pesar del hostigamiento y la
intimidación sistemáticos, hubo activistas
que hallaron formas subversivas de
conmemorar en Internet el aniversario de la
represión de 1989 en la plaza de Tiananmen.
En los Juegos Olímpicos de Río, el corredor
de maratón etíope Feyisa Lilesa llegó a los
titulares de todo el mundo cuando, al cruzar
la línea de meta para alzarse con la medalla
de plata, hizo un gesto para llamar la
atención sobre la persecución
gubernamental del pueblo oromo. Y en las
costas europeas del Mediterráneo,
voluntarios y voluntarias respondieron a la
inercia y la pasividad de los gobiernos para
proteger a las personas refugiadas sacando
literalmente del agua a quienes se estaban
ahogando. Los movimientos populares de
África —algunos impensables sólo un año
antes— galvanizaron y encauzaron las
demandas populares de derechos y justicia.
En realidad, la justificación de que los
derechos humanos son un proyecto de las
élites suena falsa. Las ansias de libertad y
justicia de las personas no se desvanecen sin
más. En un año caracterizado por la división
y la deshumanización, las acciones de
particulares por reafirmar la humanidad y la
dignidad fundamental de todas las personas
brillaron más que nunca. La personificación
de esta respuesta compasiva fue el joven de
24 años Anas al Basha, conocido como el
“payaso de Alepo”, que decidió quedarse en
la ciudad para llevar consuelo y alegría a los
niños y niñas incluso después de que las

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

fuerzas del gobierno desencadenaran un
terrible bombardeo. Tras su muerte en un
ataque aéreo el 29 de noviembre, su
hermano le rindió homenaje por haber hecho
felices a los niños y las niñas en “el lugar
más sombrío y más peligroso”.
Al empezar 2017, el mundo parece un
lugar inestable, y se multiplica el miedo al
futuro. Pero es en estas épocas cuando
hacen falta voces valientes, héroes corrientes
que se alcen contra la injusticia y la
represión. Nadie puede abarcar el mundo
entero, pero cada persona puede cambiar su
propio mundo. Cualquiera puede luchar
contra la deshumanización, actuando
localmente para reconocer la dignidad y los
derechos iguales e inalienables de todas las
personas, y sentar así las bases de la libertad
y la justicia en el mundo. 2017 necesita
héroes, héroes de los derechos humanos.

15

PERSPECTIVA
REGIONAL: ÁFRICA
En 2016 barrieron el continente protestas
masivas, movimientos y movilizaciones que a
menudo se articularon y organizaron a través
de las redes sociales. Manifestantes y
defensores y defensoras de los derechos
humanos se alzaron reiteradamente contra la
represión de formas inspiradoras, y
campañas como #oromoprotests (Protestas
de Oromo) y #amaharaprotests (Protestas de
Amahara) en Etiopía,
#EnforcedDisappearancesKE
(Desapariciones forzadas Kenia) en Kenia,
#ThisFlag (Esta bandera) en Zimbabue y
#FeesMustFall (Fuera tasas) en Sudáfrica
constituyeron imágenes emblemáticas del
año.
Habida cuenta del largo historial de
represión y su magnitud, algunas de las
protestas —como las de Etiopía y Gambia—
habrían sido inimaginables tan sólo un año
antes. A menudo, las demandas de cambio,
inclusión y libertad fueron espontáneas,
virales y estuvieron impulsadas por
ciudadanos y ciudadanas corrientes,
especialmente personas jóvenes que
soportaban la triple carga del desempleo, la
pobreza y la desigualdad. Aunque en su
origen las protestas fueron mayoritariamente
pacíficas, en algunas terminó por haber
elementos violentos, a menudo en reacción a
la dura represión por las autoridades y a la
falta de espacios para que la gente expresara
sus opiniones y se organizara.
Esta tendencia a desarrollar resiliencia y el
debilitamiento de la política del miedo abrían
una puerta a la esperanza. Haciendo caso
omiso de las amenazas y la prohibición de
protestar, y negándose a retroceder ante las
brutales medidas de represión, la población
salió a la calle en masa para expresar su
opinión y reivindicar sus derechos mediante
actos solidarios, boicots y un uso amplio y
creativo de las redes sociales.
Pese a las historias de valor y resiliencia, la
represión de las protestas pacíficas alcanzó

16

nuevos máximos y se observaron escasos o
nulos avances en la tarea de abordar los
factores subyacentes al descontento
ciudadano masivo.
Se reprimió brutalmente la disidencia,
como puso de manifiesto la constante
generalizada de ataques contra
manifestaciones pacíficas y contra el derecho
a la libertad de expresión. Se siguió
persiguiendo y agrediendo a defensores y
defensoras de los derechos humanos,
periodistas y opositores políticos. La
población civil continuó sufriendo las peores
consecuencias de los conflictos armados,
que se caracterizaron por violaciones del
derecho internacional persistentes y a gran
escala. Prácticamente continuó sin abordarse
la impunidad por los crímenes de derecho
internacional y las violaciones graves de
derechos humanos, y quedaba mucho por
hacer para abordar la discriminación y la
marginación de las personas en situación de
mayor vulnerabilidad, entre ellas las mujeres,
los niños y niñas y las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
(LGBTI).

REPRESIÓN DE PROTESTAS PACÍFICAS
Durante el año hubo una constante
generalizada de represión violenta y arbitraria
de las concentraciones y las protestas —
caracterizada por prohibiciones de protestas,
detenciones arbitrarias, reclusiones, palizas y
homicidios— en una larga lista de países
entre los que figuraban Angola, Benín,
Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil,
Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial,
Malí, Nigeria, República Democrática del
Congo, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Togo
y Zimbabue.
Las fuerzas de seguridad etíopes, por
ejemplo, utilizaron sistemáticamente fuerza
excesiva para dispersar las protestas
mayoritariamente pacíficas iniciadas en
Oromia en noviembre de 2015 que se
intensificaron y extendieron a otras partes del
país, especialmente la región de Amhara. Las
fuerzas de seguridad reprimieron
brutalmente las protestas, incluso con
munición real, lo que causó la muerte de

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

cientos de personas y la detención arbitraria
de miles más. Tras declarar el estado de
excepción, el gobierno prohibió todas las
formas de protesta y mantuvo el bloqueo del
acceso a Internet y las redes sociales que
había comenzado durante las protestas.
En Nigeria, las fuerzas armadas y otras
fuerzas de seguridad emprendieron una
campaña de violencia contra manifestantes
pacíficos pro-Biafra, lo que causó la muerte
de al menos 100 manifestantes durante el
año. Hubo indicios de que las fuerzas
armadas utilizaron munición real con poco o
ningún aviso para dispersar a multitudes, y
de que se cometieron ejecuciones
extrajudiciales masivas, incluido el caso de al
menos 60 personas que fueron abatidas a
tiros en el espacio de dos días en relación
con los actos de protesta para la celebración
del Día del Recuerdo de Biafra el 30 de
mayo. Estos actos se realizaron de forma
similar a los ataques y el uso excesivo de la
fuerza que se habían empleado en diciembre
de 2015 contra concentraciones en las que
las fuerzas armadas habían masacrado a
cientos de hombres, mujeres y niños y niñas
en Zaria (estado de Kaduna) durante un
enfrentamiento con miembros del
Movimiento Islámico de Nigeria.
En Sudáfrica, las protestas estudiantiles se
reanudaron en agosto en las universidades
de todo el país bajo el lema #FeesMustFall y,
con frecuencia, terminaron en episodios
violentos. Aunque era posible que hubiera
habido violencia en el lado estudiantil,
Amnistía Internacional documentó muchas
denuncias de uso excesivo de la fuerza por
parte de la policía, con actos como, por
ejemplo, disparar a quemarropa balas de
goma contra estudiantes y simpatizantes, en
general. El 20 de octubre, en
Johannesburgo, un líder estudiantil recibió
13 disparos con balas de goma por la
espalda.
En Zimbabue, la policía siguió usando
fuerza excesiva para reprimir las protestas y
las huelgas que tuvieron lugar en Harare.
Cientos de personas fueron detenidas por
participar en protestas pacíficas en diferentes
partes del país, entre ellas el pastor

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

protestante Evan Mawarire, líder de la
campaña #ThisFlag, que fue brevemente
detenido para tratar de sofocar la disidencia
creciente y finalmente huyó del país cuando
temió por su vida.
En muchas de estas protestas y en otras,
especialmente en Chad, Etiopía, Gabón,
Gambia, Lesoto, República del Congo,
República Democrática del Congo y Uganda,
aumentó la represión contra las redes
sociales y hubo una constante de restricción
arbitraria o bloqueo del acceso a Internet.

ATAQUES CONTRA PERIODISTAS Y
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Los defensores y defensoras de los derechos
humanos y los periodistas fueron con
frecuencia blanco de violaciones de los
derechos humanos, en un contexto en el que
el derecho a la libertad de expresión estuvo
sometido a una constante erosión y a nuevas
olas de amenazas. Hubo intentos de aplastar
la disidencia y recortar la libertad de
expresión en todo el continente,
especialmente en Botsuana, Burundi,
Camerún, Chad, Costa de Marfil, Gambia,
Kenia, Mauritania, Nigeria, Somalia, Sudán,
Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Zambia.
Algunas personas pagaron el precio más
alto: la vida. En Kenia, un destacado abogado
de derechos humanos, su cliente y el taxista
que los transportaba fueron víctimas de
desaparición forzada y homicidio extrajudicial
a manos de la policía. Formaban parte de los
más de 177 casos de personas que fueron
ejecutadas extrajudicialmente por los
servicios de seguridad durante el año. En
Sudán, el asesinato del estudiante
universitario Abubakar Hassan Mohamed
Taha, de 18 años, y de Mohamad al Sadiq
Yoyo, de 20, a manos de agentes del servicio
de inteligencia se produjo en un contexto de
intensa represión de la disidencia estudiantil.
En Somalia, unos agresores que no fueron
identificados mataron a dos periodistas en un
clima en el que los profesionales del
periodismo y de los medios de comunicación
sufrían hostigamiento, intimidación y
ataques.

17

Muchas otras personas fueron objeto de
detención arbitraria y seguían enfrentándose
a procesos penales y reclusión a causa de su
trabajo. En Angola, a pesar de que se
tomaron algunas medidas positivas —
especialmente la absolución de defensores y
defensoras de los derechos humanos y la
liberación de presos y presas de conciencia
—, se siguieron utilizando juicios por motivos
políticos, cargos de difamación y legislación
sobre seguridad del Estado para reprimir a
defensores y defensoras de los derechos
humanos, disidentes y otras voces críticas.
En República Democrática del Congo, los
movimientos juveniles se clasificaron como
grupos de insurrección. Asimismo, siguió sin
conocerse el paradero de los políticos y
periodistas que habían sido detenidos
arbitrariamente en Eritrea en 2001 y llevaban
sometidos a desaparición forzada desde
entonces, pese a que el gobierno anunció
que seguían con vida.
En Mauritania, aunque el Tribunal
Supremo ordenó la excarcelación de 12
activistas contra la esclavitud, 3 continuaron
recluidos; además, las organizaciones y los
activistas contra la esclavitud siguieron
siendo objeto de persecución por parte de las
autoridades.
Además de encarcelamiento, los
periodistas y los defensores y defensoras de
los derechos humanos también sufrían
agresiones físicas, intimidación y
hostigamiento en muchos países como Chad,
Gambia, Kenia, Somalia y Sudán del Sur.
El 18 de abril, Día de la Independencia de
Zimbabue, unos agentes de seguridad del
Estado agredieron brutalmente al hermano
del desaparecido periodista y activista en
favor de la democracia Itai Dzamara por
llevar un cartel en un acto celebrado en
Harare al que asistió el presidente Robert
Mugabe. En Uganda se sucedieron varios
ataques contra oficinas de ONG y defensores
y defensoras de los derechos humanos. La
persistente falta de rendición de cuentas por
estos delitos transmitía el mensaje de que las
autoridades consentían y toleraban esas
acciones. En un caso, los intrusos mataron a
golpes a un guardia de seguridad.

18

En muchos países, los medios de
comunicación, los periodistas y los usuarios
de las redes sociales se enfrentaban cada
vez a más dificultades. En una estratagema
para acallar a los medios de comunicación
críticos en el periodo anterior a las
elecciones, las autoridades de Zambia
cerraron el periódico independiente The Post
y detuvieron a algunos de sus directivos y a
familiares de éstos.
En Burundi aumentaron los ataques
contra la sociedad civil y los ya mermados
medios de comunicación independientes: se
detuvo a periodistas, miembros de grupos de
redes sociales e incluso escolares
simplemente por expresar su opinión. En
Camerún, Fomusoh Ivo Feh fue condenado a
10 años de prisión por reenviar un mensaje
de texto sarcástico sobre Boko Haram.
En algunos países la nueva legislación fue
motivo de preocupación. En Mauritania, el
Parlamento estaba examinando un
anteproyecto de ley que restringía el derecho
a la libertad de reunión pacífica y de
asociación. En República del Congo se
aprobó una ley que aumentaba el control del
gobierno sobre las organizaciones de la
sociedad civil. En Angola, la Asamblea
Nacional aprobó cinco proyectos de ley que
restringían de forma inadmisible el derecho a
la libertad de expresión. En otros países se
utilizó legislación existente —entre otras,
leyes sobre el terrorismo y el estado de
excepción— para criminalizar la disidencia
pacífica. El gobierno etíope —cada vez más
intolerante con las voces contrarias—
intensificó su campaña de represión contra
periodistas, defensores y defensoras de los
derechos humanos y disidentes, utilizando
para ello la Proclamación Antiterrorista.
Entre los aspectos positivos, hubo algunas
muestras esperanzadoras de activismo y
valor en el ámbito judicial —incluso en
países sumamente represivos— que
cuestionaron el uso que hacían los gobiernos
de la ley y del poder judicial para acallar la
disidencia. En República Democrática del
Congo se dejó en libertad a cuatro activistas
en favor de la democracia, medida positiva
insólita en un año muy difícil para la libertad

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

de expresión en el país. El histórico fallo
judicial dictado en septiembre contra la
legislación represiva de Suazilandia fue
también otra victoria para los derechos
humanos. El Tribunal Superior de Zimbabue
anuló una prohibición de celebrar protestas.
Aunque otra sentencia del Tribunal Superior
la invalidó posteriormente, la valiente
decisión —tomada después de que el
presidente Mugabe amenazara a la
magistratura— representó una victoria en
defensa de los derechos humanos y
transmitió el mensaje claro de que el derecho
a la protesta no podía eliminarse por
capricho. En Gambia, más de 40 presos y
presas de conciencia —algunos de los cuales
llevaban detenidos hasta ocho meses—
quedaron en libertad bajo fianza en espera
del resultado de sus apelaciones
inmediatamente después de las elecciones.

REPRESIÓN POLÍTICA
En 2016 se celebraron en África varias
disputadas elecciones que se caracterizaron
por el aumento de la represión. En muchos
países, entre ellos Burundi, Chad, Costa de
Marfil, Gabón, Gambia, República del Congo,
República Democrática del Congo, Somalia y
Uganda, se arremetió duramente contra
líderes y voces de la oposición.
En uno de los acontecimientos más
inesperados, decenas de miles de
ciudadanos gambianos participaron en
concentraciones pacíficas antes de las
elecciones presidenciales, aunque los
resultados electorales continuaban
impugnados al concluir el año.
Los meses previos a las elecciones se
vieron empañados por violaciones graves del
derecho de la ciudadanía a expresarse
libremente. Decenas de miembros de la
oposición fueron detenidos por participar en
protestas pacíficas; dos de ellos murieron
bajo custodia. Un total de 30 manifestantes
fueron condenados a tres años de prisión por
su participación en protestas pacíficas, y
otros 14 estaban en espera de juicio. Todos
quedaron en libertad con fianza
inmediatamente después de las elecciones
del 1 de diciembre.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

Aunque en un principio admitió su derrota
ante el líder de la oposición, Adama Barrow,
posteriormente el presidente Yahya Jammeh
impugnó los resultados y mantuvo una
postura desafiante ante la presión nacional e
internacional para que traspasara el poder.
El gobierno ugandés socavó la capacidad
del partido opositor para impugnar
legalmente los resultados de las elecciones
de febrero. Las fuerzas de seguridad
detuvieron en repetidas ocasiones al
agraviado candidato presidencial Kizza
Besigye y a otros compañeros y
simpatizantes de su partido, y también
cercaron su domicilio e irrumpieron en las
oficinas del partido en Kampala.
En República Democrática del Congo se
llevó a cabo una represión sistemática de
quienes se oponían a la pretensión del
presidente Joseph Kabila de continuar en el
poder después de su segundo mandato, que
era el plazo máximo que permitía la
Constitución y terminaba en diciembre, y de
quienes criticaban el aplazamiento de las
elecciones. Las fuerzas de seguridad
detuvieron y hostigaron a quienes se
pronunciaron explícitamente sobre el debate
constitucional o denunciaron violaciones de
derechos humanos, y los acusaron de
traicionar a su país.
En Somalia, la aguda crisis humanitaria se
vio agravada por una crisis política en
relación con los colegios electorales para las
elecciones presidenciales y parlamentarias.
El grupo armado Al Shabaab rechazó las
elecciones en todas sus formas y pidió a sus
seguidores que atentaran contra los colegios
electorales y mataran a las personas notables
de los clanes, las autoridades
gubernamentales y los parlamentarios que
participaran en los comicios.
Las autoridades de República del Congo
siguieron manteniendo recluido a Paulin
Makaya, presidente de Unidos por el Congo,
únicamente por el ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de expresión. Después
de que la oposición rechazara los resultados
de las elecciones presidenciales de marzo,
las autoridades detuvieron a destacadas

19

personalidades de la oposición y reprimieron
protestas pacíficas.
Las autoridades de Costa de Marfil
persiguieron a miembros de la oposición y
restringieron injustamente su derecho a la
libertad de expresión y de reunión pacífica
antes de un referéndum sobre cambios
constitucionales celebrado en octubre. Entre
otras medidas, detuvieron a decenas de
miembros de la oposición en una protesta
pacífica. Soltaron a algunos en diferentes
lugares de la capital económica, Abiyán, y a
otros a aproximadamente 100 kilómetros de
sus casas, obligándolos a regresar
caminando en una práctica conocida como
“detención móvil”. En octubre, durante una
protesta pacífica en contra del referéndum, la
policía disparó gas lacrimógeno, golpeó con
palos a los líderes y detuvo al menos a 50
personas.

CONFLICTOS ARMADOS
La población civil sufrió graves abusos y
violaciones de derechos humanos en los
conflictos armados de África, especialmente
en Camerún, Chad, Malí, Níger, Nigeria,
República Centroafricana, República
Democrática del Congo, Somalia, Sudán y
Sudán del Sur. La violencia sexual y de
género fue generalizada, y se reclutó a
menores como niños y niñas soldados.
En África occidental, central y oriental,
grupos armados como Al Shabaab y Boko
Haram siguieron perpetrando incesantes
actos de violencia y abusos que se saldaron
con centenares de homicidios y secuestros
de civiles y obligaron a millones de personas
a vivir con miedo e inseguridad tanto dentro
como fuera de sus países. En Camerún, los
abusos contra los derechos humanos
cometidos por Boko Haram provocaron que
en la región de Extremo Norte hubiera más
de 170.000 personas —en su mayoría
mujeres y niños y niñas— internamente
desplazadas. En Níger, más de 300.000
personas necesitaron ayuda humanitaria
durante el estado de excepción declarado en
la región de Diffa, donde Boko Haram fue
responsable de la mayoría de los ataques.

20

Muchos gobiernos respondieron a estas
amenazas haciendo caso omiso del derecho
internacional humanitario y de los derechos
humanos, con medidas como detenciones
arbitrarias, reclusiones en régimen de
incomunicación, torturas, desapariciones
forzadas y homicidios extrajudiciales.
En Nigeria, había 29 niños y niñas
menores de seis años —incluidos bebés—
entre las más de 240 personas que murieron
en espantosas condiciones en el tristemente
famoso centro de detención del cuartel de
Giwa, en Maiduguri, durante el año. Miles de
personas capturadas en detenciones masivas
en el nordeste del país, a menudo sin
pruebas en su contra, continuaban recluidas
sin juicio, en condiciones insalubres y de
hacinamiento, y sin acceso al mundo
exterior. De un modo similar, en Camerún
había más de 1.000 personas —muchas
detenidas arbitrariamente— recluidas en
condiciones espantosas, y decenas de ellas
murieron de enfermedades y malnutrición o
por torturas. En los casos en que se procesó
a personas detenidas sospechosas de apoyar
a Boko Haram, se hizo sin las debidas
garantías, ante tribunales militares en los que
la condena a muerte era con diferencia el
resultado más probable.
En Sudán, la situación humanitaria y de
seguridad en los estados de Darfur, Nilo Azul
y Kordofán del Sur continuó siendo
alarmante. Las pruebas del uso de armas
químicas por parte de las fuerzas
gubernamentales en la zona de Jabel Marra
(Darfur) demostraron que el gobierno
seguiría atacando a la población civil sin
temor a tener que rendir cuentas por las
violaciones del derecho internacional que
cometiera.
En Sudán del Sur, pese a la firma del
acuerdo de paz entre el gobierno y las
fuerzas rivales, los combates continuaron en
distintas partes del país durante el año y se
intensificaron en la región de Ecuatoria, en el
sur del país, a raíz del estallido en julio de
intensos enfrentamientos en la capital, Yuba.
Durante los combates, las fuerzas armadas
—especialmente los soldados
gubernamentales— cometieron violaciones

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

de derechos humanos, entre ellas homicidios
selectivos y ataques incluso contra personal
de ayuda humanitaria. La Misión de la ONU
en Sudán del Sur (UNMISS) recibió críticas
por no haber protegido a la población civil
durante los combates. No se aplicó una
resolución del Consejo de Seguridad de la
ONU para establecer una fuerza de
protección regional. El asesor especial de la
ONU sobre la Prevención del Genocidio y la
Comisión de la ONU sobre los Derechos
Humanos en Sudán del Sur alertaron de que
se estaban creando las condiciones para un
genocidio.
En República Centroafricana, pese a las
elecciones pacíficas de diciembre de 2015 y
febrero de 2016 la situación de seguridad se
deterioró durante el año y amenazó con
sumir al país en más violencia letal. Hubo
grupos armados que llevaron a cabo
numerosos ataques, y, el 12 de octubre,
combatientes que habían formado parte de al
menos dos facciones diferentes de Seleka
mataron al menos a 37 civiles, hirieron a 60
e incendiaron un campo para personas
internamente desplazadas en Kaga-Bandoro.
Sin embargo, a pesar del derramamiento
de sangre y el sufrimiento, la atención del
mundo se alejó aún más si cabe de los
conflictos de África. La respuesta de la
comunidad internacional a los conflictos de
este continente fue, a todas luces,
lamentablemente insuficiente, como pusieron
de manifiesto el hecho de que el Consejo de
Seguridad de la ONU no impusiera sanciones
a Sudán del Sur y la insuficiente capacidad
de las operaciones de mantenimiento de la
paz para proteger a la población civil en
República Centroafricana, Sudán y Sudán del
Sur. El Consejo de Seguridad de la ONU y el
Consejo de Paz y Seguridad de la Unión
Africana (UA), entre otros actores, apenas
tomaron medidas para presionar al gobierno
de Sudán a fin de que permitiera el acceso
de la ayuda humanitaria e investigara las
denuncias de abusos y violaciones graves de
derechos humanos. La respuesta de la UA a
los crímenes de derecho internacional y otros
abusos y violaciones graves de derechos
humanos cometidos en el contexto de

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

conflictos y crisis continuó siendo
principalmente lenta, irregular y pasiva, y no
formaba parte de una estrategia integral y
sistemática.

PERSONAS EN MOVIMIENTO
Los conflictos de África —especialmente en
Camerún, Chad, Malí, Níger, Nigeria,
República Centroafricana, Somalia, Sudán y
Sudán del Sur— siguieron siendo los
principales desencadenantes de la crisis
mundial de refugiados y del desplazamiento
interno de personas dentro de las fronteras.
Millones de mujeres, hombres y niños y
niñas siguieron sin poder regresar a sus
casas o se vieron obligados a huir hacia
peligros desconocidos y futuros inciertos a
causa de nuevas amenazas.
La mayoría de los cientos de miles de
personas refugiadas y migrantes que viajaron
a Libia huyendo de la guerra, la persecución
o la pobreza extrema, a menudo con la
esperanza de atravesar el país para asentarse
en Europa, procedían del África
subsahariana. Las investigaciones de
Amnistía Internacional revelaron terribles
abusos contra los derechos humanos, entre
ellos violencia sexual, homicidios, tortura y
persecución religiosa, a lo largo de las rutas
de tráfico ilícito de personas que conducían a
Libia o la atravesaban.
En el norte de Nigeria continuaba
habiendo al menos dos millones de personas
internamente desplazadas; vivían en
comunidades de acogida y, en algunos
casos, en campos abarrotados y sin acceso
suficiente a alimentos, agua y servicios de
saneamiento. Había decenas de miles de
personas internamente desplazadas
recluidas en campos bajo la vigilancia
armada del ejército y la Fuerza Civil Especial
Conjunta, que fueron acusados de explotar
sexualmente a mujeres.
Miles de personas murieron en estos
campos a causa de desnutrición grave.
Cientos de miles de personas procedentes
de Libia, Nigeria, República Centroafricana y
Sudán seguían viviendo en condiciones
precarias en campos de refugiados de Chad.
Según la ONU, más de 300.000 personas

21

huyeron de Burundi, la mayoría a campos de
refugiados de las vecinas Ruanda y Tanzania.
Más de 1,1 millones de somalíes seguían en
situación de desplazamiento interno, y otros
1,1 millones de personas refugiadas de la
misma nacionalidad permanecían en países
vecinos y otros lugares.
El número de personas refugiadas en
países vecinos en los tres años transcurridos
desde el inicio del conflicto de Sudán del Sur
alcanzó un millón, mientras que un total de
1,7 millones de personas continuaban
desplazadas dentro del país y 4,8 millones
sufrían inseguridad alimentaria.
El gobierno de Kenia anunció su intención
de cerrar el campo de refugiados de Dadaab,
en el que vivían 280.000 personas
refugiadas. Alrededor de 260.000 procedían
de Somalia o eran de ascendencia somalí y, a
consecuencia de otros cambios en la política
de Kenia en materia de personas refugiadas,
corrían peligro de ser devueltas, lo que
contravenía el derecho internacional.

IMPUNIDAD Y AUSENCIA DE GARANTÍAS
DE JUSTICIA
La impunidad continuó siendo un
denominador común en todos los grandes
conflictos de África, donde las personas
sospechosas de cometer crímenes de
derecho internacional y violaciones graves de
derechos humanos raramente rindieron
cuentas.
Pese a tener un mandato claro, la UA
todavía no había adoptado medidas
concretas para establecer un tribunal híbrido
para Sudán del Sur, tal como exigía el
acuerdo de paz de este país. Ese tribunal
representaba la opción más viable para
garantizar la rendición de cuentas por delitos
tales como los crímenes de guerra y los
crímenes de lesa humanidad cometidos
durante el conflicto, y para disuadir de la
comisión de nuevos abusos contra los
derechos humanos.
Hubo algunos avances hacia el
establecimiento del Tribunal Penal Especial
en República Centroafricana, pero la gran
mayoría de los presuntos responsables de
delitos graves y violaciones flagrantes de

22

derechos humanos continuaron en libertad,
sin ser detenidos ni investigados. Además de
la grave debilidad de la misión de
mantenimiento de la paz de la ONU en
República Centroafricana, la impunidad
siguió siendo uno de los factores clave del
conflicto, y la población civil se vio expuesta
a violencia letal e inestabilidad.
En Nigeria hubo indicios convincentes de
violaciones sistemáticas y generalizadas del
derecho internacional humanitario y de los
derechos humanos por las fuerzas armadas
que dieron lugar a la muerte bajo custodia
militar de más de 7.000 jóvenes y niños
nigerianos y a la ejecución extrajudicial de
más de 1.200 personas. Sin embargo, el
gobierno no adoptó ninguna medida para
investigar esas denuncias. Nadie respondió
ante la justicia, y las violaciones de derechos
humanos continuaron.
La Corte Penal Internacional (CPI) retiró
los cargos contra el vicepresidente de Kenia,
William Ruto, y el locutor de radio Joshua
Arap Sang y, por consiguiente, quedaron
archivadas todas las causas de la Corte
relacionadas con la violencia poselectoral
que había tenido lugar en Kenia en 2007 y
2008. Esta decisión fue un duro revés para
los miles de víctimas que todavía no habían
obtenido justicia.
En un acto de traición hacia los millones
de víctimas de delitos internacionales de todo
el mundo, tres Estados africanos —Burundi,
Gambia y Sudáfrica— manifestaron su
intención de retirarse del Estatuto de Roma.
La UA también siguió pidiendo a los
Estados que ignoraran sus obligaciones
internacionales de detener al presidente
sudanés Omar al Bashir, pese a estar éste
reclamado por la CPI por cargos de
genocidio. En mayo, Uganda no detuvo al
presidente Al Bashir ni lo entregó a la CPI,
fallando a los cientos de miles de personas
que habían muerto de forma violenta o
quedado desplazadas en el conflicto de
Darfur.
Sin embargo, hubo algunos momentos
históricos y alentadores para la justicia
internacional y la rendición de cuentas.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

Durante el 15 periodo de sesiones de la
Asamblea de los Estados Partes celebrado en
noviembre, muchos Estados africanos
miembros de la CPI afirmaron su apoyo a la
Corte y su intención de permanecer dentro
del sistema del Estatuto de Roma. Este
compromiso ya se había reflejado en la
Cumbre de la UA de julio, celebrada en
Kigali, en la que muchos países —entre ellos
Botsuana, Costa de Marfil, Nigeria, Senegal y
Túnez— se opusieron a un llamamiento a su
retirada masiva del Estatuto de Roma. En
diciembre, el presidente electo de Gambia
anunció que tenía la intención de anular la
decisión del gobierno de retirarse del Estatuto
de Roma.
Hubo acontecimientos positivos, como la
sentencia condenatoria dictada en mayo
contra el ex presidente de Chad, Hissène
Habré, por crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra y tortura cometidos entre
1982 y 1990. Las Salas Africanas
Extraordinarias de Dakar lo condenaron a
cadena perpetua, marcando un hito en los
esfuerzos para poner fin a la impunidad en
África. Fue el primer caso de jurisdicción
universal en el continente, y Hissène Habré
fue el primer ex dirigente africano procesado
por crímenes de derecho internacional en
otro país africano.
En marzo, la CPI declaró culpable a JeanPierre Bemba, ex vicepresidente de
República Democrática del Congo, de
crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad cometidos en República
Centroafricana. Le impuso una pena de 19
años de prisión en una sentencia
condenatoria que por primera vez en la
historia de la Corte consideraba la violación
crimen de guerra y se basaba en la
responsabilidad de mando. El fallo
condenatorio marcó un hito en la batalla por
la justicia para las víctimas de violencia
sexual en República Centroafricana y en todo
el mundo.
La CPI también inició el juicio del ex
presidente de Costa de Marfil, Laurent
Gbagbo, y de su ministro de Juventud,
Charles Blé Goudé, por cargos de crímenes
de lesa humanidad. Además, declaró

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

culpable a Ahmad al Faqi al Mahdi —
presunto dirigente del grupo armado Ansar
Eddine— de los ataques perpetrados contra
mezquitas y mausoleos de Tombuctú (Malí)
en 2012, actos que constituían crímenes de
derecho internacional.
Asimismo, el Tribunal Supremo de
Sudáfrica reprendió al gobierno por haber
incumplido sus obligaciones nacionales e
internacionales al no haber detenido a Al
Bashir durante una visita que éste había
realizado al país en 2015, afirmando con ello
la norma internacional de rechazar la
inmunidad de los responsables de crímenes
de derecho internacional, con independencia
de su cargo oficial.

DISCRIMINACIÓN Y MARGINACIÓN
Con frecuencia, las mujeres y las niñas
fueron objeto de discriminación, marginación
y abusos, en muchos casos a causa de
tradiciones y normas culturales, y de
discriminación institucionalizada por leyes
injustas. También se las sometió a violencia
sexual y violaciones en conflictos y países
que acogían a un gran número de personas
desplazadas y refugiadas.
Según la información recibida, el nivel de
violencia por motivos de género contra las
mujeres y las niñas fue elevado en muchos
países, entre ellos Madagascar, Namibia y
Sierra Leona.
En Sierra Leona, el gobierno siguió
prohibiendo a las niñas embarazadas asistir a
las escuelas de educación general y
presentarse a pruebas académicas. El
presidente también rehusó sancionar un
proyecto de ley que legalizaba el aborto en
algunas situaciones, pese a que el
Parlamento lo había aprobado dos veces y
Sierra Leona tenía una elevada tasa de
mortalidad materna. El país rechazó las
recomendaciones de la ONU de prohibir por
ley la mutilación genital femenina.
En Burkina Faso, el matrimonio precoz y
forzado arrebataba la infancia a miles de
niñas de tan sólo 13 años, a las que, por otro
lado, el coste de los métodos anticonceptivos
y otros obstáculos les impedían decidir si
tener hijos y cuándo tenerlos. Sin embargo,

23

tras una intensa campaña de la sociedad
civil, el gobierno anunció que revisaría la ley
para elevar a 18 años la edad legal para
contraer matrimonio.
Las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersexuales, o percibidas
como tales, siguieron sufriendo abusos o
discriminación en países como Botsuana,
Camerún, Kenia, Nigeria, Senegal, Tanzania,
Togo y Uganda. En Kenia, dos hombres
elevaron una petición al Tribunal Superior de
Mombasa para que declarara
inconstitucionales la exploración anal y las
pruebas de VIH y hepatitis B a las que
habían sido obligados a someterse en 2015.
Sin embargo, el tribunal confirmó la legalidad
de los exámenes anales practicados a
hombres que presuntamente mantuvieran
relaciones homosexuales. Las exploraciones
anales forzadas vulneraban el derecho a la
intimidad y la prohibición de la tortura y otros
malos tratos establecida en el derecho
internacional.
En Malawi, una oleada sin precedentes de
ataques violentos contra personas con
albinismo puso de manifiesto el fracaso
sistémico de la función policial. Personas
particulares y bandas delictivas cometieron
secuestros, homicidios y saqueos de tumbas
para conseguir partes del cuerpo que creían
que tenían propiedades mágicas. Las
mujeres y los niños y niñas con albinismo
estaban especialmente expuestos a sufrir
homicidios, en ocasiones a manos de sus
propios familiares.
En Sudán, la libertad de religión se vio
socavada por un sistema jurídico en el que la
conversión del islam a otra religión era
punible con la muerte.
La falta de rendición de cuentas de las
empresas fue también otro factor que
propició graves violaciones de los derechos
de los niños y niñas. En República
Democrática del Congo, los mineros
artesanales —incluidos miles de niños y
niñas— extraían cobalto en condiciones
peligrosas. El cobalto se utilizaba para
alimentar aparatos electrónicos como
teléfonos móviles y ordenadores portátiles,
pero las principales marcas electrónicas —

24

entre ellas Apple, Samsung y Sony— no
llevaban a cabo comprobaciones básicas
para garantizar que en sus productos no se
usaba cobalto extraído por mano de obra
infantil.

MIRANDO AL FUTURO
La Unión Africana declaró 2016 Año de los
Derechos Humanos en África, pero muchos
de sus Estados miembros no llevaron a la
práctica la retórica sobre los derechos
humanos. Si hay un aspecto del año que
deba ensalzarse es la historia de la resiliencia
y el valor que demostró la gente a la hora de
transmitir el mensaje claro de que la
represión y la política del miedo ya no la
silenciaba.
Casi con total seguridad, el
recrudecimiento de las crisis en países como
Burundi, Etiopía, Gambia y Zimbabue podría
haberse evitado o minimizado si hubiera
habido voluntad y valentía políticas para abrir
espacios en los que la población habría
podido expresar libremente sus opiniones.
Pese a que hubo avances en algunas
áreas, las respuestas de la UA a las
violaciones de derechos humanos —ya
fueran éstas causas estructurales de los
conflictos o producto de ellos— siguieron
siendo en su mayoría lentas, irregulares y
pasivas. De hecho, incluso en los casos en
que expresó preocupación, en general la UA
careció de la determinación y la voluntad
política para abordarlas de frente. También
se observaron problemas de coordinación
entre los órganos y mecanismos de paz y
seguridad —como el Consejo de Paz y
Seguridad de la UA y su Sistema Continental
de Alerta Temprana— y las instituciones
regionales de derechos humanos, lo que
limitó la posibilidad de dar una respuesta
integral a las violaciones de derechos
humanos que provocaron conflictos o
surgieron de ellos.
A la UA le quedan menos de cuatro años
para hacer realidad su aspiración de
“silenciar todas las armas” en el continente
de aquí a 2020. Ha llegado el momento de
traducir en hechos este compromiso,
garantizando una respuesta eficaz a las

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

causas estructurales de los conflictos,
incluidas las persistentes violaciones de
derechos humanos.
Asimismo, se necesitan medidas más
eficaces para atajar el ciclo de la impunidad,
entre ellas alejarse de los ataques de
motivación política contra la CPI y esforzarse
por garantizar la justicia y la rendición de
cuentas por los delitos graves y las flagrantes
violaciones de derechos humanos que se
cometen en Sudán del Sur y otros países.
La UA ha emprendido la elaboración de
un Plan Decenal de Acción y Ejecución en
Favor de los Derechos Humanos en África, lo
que le brinda una nueva oportunidad de
abordar sus retos más importantes. El punto
de partida debe ser el reconocimiento de
que, pese a la represión y la exclusión, los
africanos y las africanas están alzando la voz
para reivindicar sus derechos.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

25

PERSPECTIVA
REGIONAL:
AMÉRICA
A pesar del discurso público sobre
democracia y progreso económico, y de la
esperanza de que por fin terminara en
Colombia el último conflicto armado del
continente, las Américas continuaron siendo
una de las regiones más violentas y
desiguales del mundo.
En toda la región, el año estuvo marcado
por la tendencia a una retórica contraria a los
derechos, racista y discriminatoria tanto en
las campañas políticas como por parte de las
autoridades del Estado, una retórica que los
medios de comunicación de mayor difusión
asumieron y normalizaron. En Estados
Unidos, Donald Trump fue elegido presidente
en noviembre tras una campaña electoral en
la que causó consternación por su discurso
discriminatorio, misógino y xenófobo, y
suscitó honda preocupación por el futuro
compromiso de Estados Unidos para con los
derechos humanos tanto a nivel nacional
como global.
La situación de crisis de los derechos
humanos en la región se vio acelerada por
una tendencia al aumento de los obstáculos
y las restricciones a la justicia y a las
libertades fundamentales. Las oleadas de
represión se tornaron cada vez más visibles y
violentas; con frecuencia, los Estados
hicieron un uso indebido de los sistemas
judiciales y de los aparatos de seguridad para
responder a la disidencia y al creciente
descontento de la ciudadanía, y aplastarlos
de modo implacable.
Imperaban en toda la región la
discriminación, la inseguridad, la pobreza y
los daños al medio ambiente. El
incumplimiento de las normas
internacionales de derechos humanos
también quedó patente en la amplia brecha
de desigualdad —en la riqueza, el bienestar
social y el acceso a la justicia—, sustentada

26

por la corrupción y la falta de rendición de
cuentas.
Los obstáculos arraigados y generalizados
en el acceso a la justicia y el debilitamiento
del Estado de derecho eran comunes a
muchos países de la región. Paralelamente,
era habitual que los abusos contra los
derechos humanos quedaran impunes y, en
algunos casos, la ausencia de sistemas
judiciales independientes e imparciales
protegía aún más los intereses políticos y
económicos de una minoría.
Este contexto hizo posible que se
perpetuaran las violaciones de derechos
humanos. En particular, prevalecían la tortura
y otros malos tratos, a pesar de que países
como Brasil, México o Venezuela dispusieran
de legislación en contra de la tortura.
Las deficiencias de los sistemas de justicia
—a las que se sumaba el hecho de que los
Estados no aplicaran políticas de seguridad
pública para proteger los derechos humanos
— elevaron los niveles de violencia. Países
como Brasil, El Salvador, Honduras, Jamaica,
México y Venezuela presentaban las tasas de
homicidio más altas de mundo.
La violencia y la inseguridad endémicas a
menudo se vieron agravadas por la
proliferación de armas pequeñas ilegales y el
crecimiento de la delincuencia organizada
que, en algunos casos, se había hecho con el
control de territorios enteros, a veces con la
complicidad o la aquiescencia de la policía y
el ejército.
El “Triángulo Norte” de Centroamérica,
formado por El Salvador, Guatemala y
Honduras, era uno de los lugares más
violentos del mundo; allí se mataba a más
personas que en la mayoría de las zonas de
conflicto del planeta. La tasa de homicidio de
El Salvador (108 habitantes de cada
100.000) era una de las más altas del
mundo. La vida cotidiana de muchas
personas se vio ensombrecida por la acción
de las bandas delictivas.
La violencia de género, muy extendida,
seguía siendo uno de los fracasos más
deplorables de los Estados en las Américas.
En octubre, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe reveló que en la

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

región eran asesinadas diariamente 12
mujeres y niñas por motivos de género (un
delito denominado “feminicidio”), y que la
mayoría de esos crímenes quedaban
impunes. Según el Departamento de Estado
de Estados Unidos, una de cada 5 mujeres
sufría agresión sexual durante sus años
universitarios en ese país, aunque sólo uno
de cada 10 casos se denunciaba ante las
autoridades.
En toda la región, las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
(LGBTI) hicieron frente a índices de violencia
y discriminación aún más elevados y a más
obstáculos para acceder a la justicia. El
tiroteo incontrolado en una discoteca de
Orlando, Florida, demostró que, en Estados
Unidos, las personas LGBTI tenían mayores
probabilidades de ser blanco de crímenes de
odio. Por su parte, Brasil continuaba siendo
el país más mortífero del mundo para las
personas transgénero.
En febrero, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró que el virus de Zika
constituía una emergencia de salud pública,
tras detectar su “explosiva” propagación en
la región. El temor de que la transmisión
materno infantil del virus estuviera
relacionada con la microcefalia en recién
nacidos —y la posible transmisión sexual del
virus— pusieron de manifiesto los obstáculos
que limitaban la realización efectiva de la
salud sexual y reproductiva y de los derechos
vinculados a ésta en la región.
La inacción de los Estados dejó un vacío
de poder que era ocupado por empresas
multinacionales de influencia cada vez
mayor, especialmente las de los sectores
extractivos y otros que comportaban la
apropiación de territorios y de recursos
naturales; esa apropiación afectaba sobre
todo a tierras reclamadas por pueblos
indígenas, otras minorías étnicas y
campesinos, o tierras que les pertenecían, y
se llevaba a cabo sin respetar debidamente
su derecho al consentimiento libre, previo e
informado. La atención a la salud, el medio
ambiente, los medios de vida y la cultura de
estos grupos se vieron con frecuencia
perjudicados, y las personas eran

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

desplazadas a la fuerza, lo que dio lugar a la
desaparición de sus comunidades.
La represión política, la discriminación, la
violencia y la pobreza fueron el motor de otra
crisis humanitaria cada vez más profunda,
aunque en gran medida olvidada. Cientos de
miles de personas refugiadas —
mayoritariamente provenientes de
Centroamérica— se vieron obligadas a huir
de sus hogares para buscar protección, a
menudo corriendo el peligro de sufrir nuevos
abusos contra sus derechos humanos y
arriesgando la vida.
Muchos gobiernos demostraron una
intolerancia cada vez mayor a las críticas,
dedicándose a acallar la disidencia y
amordazar la libertad de expresión.
En México, las autoridades se mostraron
tan reacias a aceptar críticas, que llegaron al
extremo de negar la crisis de derechos
humanos que vivía el país. A pesar de que se
había denunciado la desaparición de casi
30.000 personas, de que miles habían
perdido la vida a consecuencia de las
operaciones de seguridad en el contexto de
la lucha contra el narcotráfico y el crimen
organizado, y de que miles más sufrían
desplazamiento forzado debido a la violencia
generalizada, las autoridades hicieron caso
omiso de las críticas de la sociedad civil
mexicana y de las organizaciones
internacionales, incluida la ONU.
También la negación fue un elemento
distintivo del deterioro de la situación de los
derechos humanos en Venezuela, donde el
gobierno puso en peligro la vida y los
derechos humanos de millones de personas
al negar la existencia de una grave crisis
humanitaria y económica y al rechazar pedir
ayuda internacional. A pesar del serio
problema de escasez de alimentos y
medicamentos, del rápido aumento de los
índices de delincuencia y de las constantes
violaciones de derechos humanos —
incluidos los altos niveles de violencia policial
—, el gobierno silenció la disidencia en lugar
de dar respuesta a la desesperada petición
de auxilio de la ciudadanía.
Entre los acontecimientos ocurridos en
2016, destacó la histórica visita de Estado del

27

presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, a Cuba, que atrajo la atención
internacional hacia los problemas de
derechos humanos en ambos países, como
los malos tratos a las personas migrantes en
Estados Unidos, el impacto del embargo
estadounidense en la situación de los
derechos humanos en Cuba, y la ausencia
de libertad de expresión y la represión de
activistas en Cuba.
La ratificación por parte del Congreso
colombiano del acuerdo de paz con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), tras más de cuatro años
de negociaciones, puso fin al conflicto
armado que había durado 50 años y había
segado millones de vidas. Se anunció un
proceso de paz con el segundo grupo
guerrillero más grande de Colombia —el
Ejército de Liberación Nacional (ELN)— pero
al concluir el año éste todavía no se había
iniciado debido, en gran medida, a que el
ELN no había liberado a uno de sus rehenes
de mayor relevancia.
En Haití, un devastador huracán provocó
una fuerte crisis humanitaria y agravó los
daños ocasionados por desastres naturales
previos. Una serie de problemas
estructurales y profundamente arraigados,
como la falta de financiación y de voluntad
política, ya habían incapacitado a Haití para
proporcionar vivienda adecuada a más de
60.000 personas que vivían en condiciones
lamentables en campamentos de
desplazados tras el terremoto de 2010. Las
elecciones presidenciales y legislativas se
aplazaron en dos ocasiones por denuncias
de fraude en medio de un clima de protestas
contra las que, según informes, la policía
hizo un uso excesivo de la fuerza. En
noviembre, Jovenel Moïse fue elegido
presidente.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN PELIGRO
En muchos países de las Américas, defender
los derechos humanos continuó siendo
extremadamente peligroso. Las personas que
se dedicaban al periodismo, la abogacía o la
judicatura, así como los opositores políticos y

28

los testigos fueron especialmente objeto de
amenazas, ataques, tortura y desapariciones
forzadas, e incluso algunos murieron a
manos de agentes estatales y no estatales
que querían silenciarlos. Quienes hacían
activismo en favor de los derechos humanos
también se enfrentaron a campañas de
difamación y denigración. Sin embargo, hubo
pocos avances en la investigación de esos
ataques y tampoco se hicieron progresos
para llevar a los responsables ante la justicia.
Tanto los defensores y defensoras de los
derechos humanos como los movimientos
sociales que se oponían a proyectos de
desarrollo en gran escala y a las empresas
multinacionales corrieron especial peligro de
sufrir represalias. Las mujeres que defendían
los derechos humanos y las que pertenecían
a comunidades históricamente excluidas
también sufrieron actos de violencia.
En Brasil, los defensores y defensoras de
los derechos humanos hicieron frente a un
creciente número de ataques, amenazas y
homicidios. En Nicaragua, el gobierno cerró
los ojos ante las violaciones de derechos
humanos y persiguió a activistas. La grave
situación de los presos y presas de
conciencia en Venezuela —y la
determinación del gobierno de reprimir la
disidencia— quedó patente cuando se negó
al líder de la oposición gravemente enfermo,
Rosmit Mantilla, someterse a una operación
quirúrgica y, en vez de ello, se lo trasladó a
una celda de castigo; a raíz de la intensa
presión nacional e internacional, Rosmit
Mantilla recibió la atención médica urgente
que necesitaba y, en noviembre, fue puesto
en libertad.
Honduras y Guatemala eran los países
más peligrosos del mundo para quienes
defendían la tierra, el territorio y el medio
ambiente; las personas que hacían activismo
por los derechos a la tierra y al medio
ambiente fueron objeto de una ola de
amenazas, cargos falsos, campañas de
difamación, agresiones y homicidios. En
marzo, el asesinato de la destacada lideresa
indígena hondureña Berta Cáceres —a quien
unos hombres armados dispararon en su
casa— puso de manifiesto la violencia

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

generalizada contra las personas que
trabajaban para proteger la tierra, el territorio
y el medio ambiente en el país.
En Guatemala se solía criminalizar —
mediante procedimientos penales sin
fundamento y el uso indebido del sistema de
justicia penal— a los defensores y defensoras
de los derechos humanos que se oponían a
proyectos de explotación de los recursos
naturales, y se los solía identificar con “el
enemigo interno”. En Colombia, un
alarmante número de defensores y
defensoras de los derechos humanos —
especialmente líderes comunitarios y
activistas ambientales— seguían siendo
objeto de amenazas y homicidios.
En Argentina, la lideresa social Milagro
Sala fue detenida y acusada formalmente por
protestar pacíficamente en Jujuy. A pesar de
que se ordenó su puesta en libertad, se
iniciaron nuevas actuaciones judiciales
contra ella para mantenerla recluida. En
octubre, el Grupo de Trabajo de la ONU
sobre la Detención Arbitraria concluyó que la
detención de Milagro Sala era arbitraria y
recomendó su liberación inmediata.
En el norte de Perú, Máxima Acuña —
campesina inmersa en una batalla legal
contra Yanacocha (una de las mayores minas
de oro y cobre de la región) por la propiedad
de la tierra en la que vivía— fue galardonada
con el Premio Goldman 2016, un prestigioso
galardón medioambiental. A pesar de una
campaña de hostigamiento e intimidación en
la que tanto ella como su familia fueron
presuntamente agredidas físicamente por
miembros de las fuerzas de seguridad, se
mantuvo firme y se negó a abandonar su
lucha para proteger los lagos locales y
permanecer en sus tierras.
En Ecuador, la restrictiva legislación y las
tácticas para acallar las críticas limitaron
gravemente los derechos a la libertad de
expresión y de asociación. Continuó
criminalizándose la disidencia, y en particular
a quienes se oponían a proyectos extractivos
en las tierras de los pueblos indígenas.
En Cuba, a pesar de las afirmaciones de
apertura política y del restablecimiento de las
relaciones con Estados Unidos el año

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

anterior, la sociedad civil y los grupos de
oposición denunciaron un aumento del
hostigamiento a quienes criticaban al
gobierno. Los defensores y defensoras de los
derechos humanos y los activistas políticos
fueron tildados públicamente de
“subversivos” y de “mercenarios
anticubanos”. A algunas de esas personas se
las sometió a breves detenciones arbitrarias
para, posteriormente, dejarlas en libertad sin
cargos; no era infrecuente que esto
sucediera varias veces al mes.

AMENAZAS AL SISTEMA
INTERAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS
Pese a la magnitud de los desafíos para los
derechos humanos en la región, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos —
fundamental para defender y promover los
derechos humanos, así como para garantizar
el acceso a la justicia a las víctimas que no
pueden conseguirla en sus propios países—
se vio afectada por una crisis económica
durante la mayor parte del año. La crisis se
debió a la insuficiente asignación de recursos
por parte de los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos
(OEA), demostración inequívoca de la falta
de voluntad política de los Estados para
promover y proteger los derechos humanos
tanto en sus territorios como fuera de ellos.
En mayo, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos afirmó enfrentarse a la
mayor crisis económica de su historia. Existía
un peligro real de menoscabo de los avances
realizados por la Comisión en la lucha contra
las violaciones graves de los derechos
humanos y la discriminación estructural,
precisamente en un momento en el que
debía desempeñar un papel más vigoroso
para garantizar que los Estados cumplían las
obligaciones contraídas en virtud del derecho
internacional de los derechos humanos.
Con un presupuesto anual de 8 millones
de dólares estadounidenses, el sistema
interamericano de derechos humanos seguía
siendo uno de los peor financiados del
mundo; contaba con menos recursos que los
organismos correspondientes de África (13

29

millones de dólares) y Europa (104,5
millones de dólares).
Pese a que la Comisión Interamericana
recibió finalmente financiación adicional,
preocupaba la posible prolongación de la
crisis política, a no ser que los Estados
proporcionaran fondos adecuados a la
institución y cooperaran con ella,
independientemente de lo crítica que ésta
fuera con sus historiales de derechos
humanos.
Hubo, asimismo, faltas de apoyo más
concretas a la Comisión. El gobierno de
México intentó entorpecer su labor en el caso
Ayotzinapa, relativo a la desaparición forzada
de 43 estudiantes tras ser detenidos por la
policía en 2014. A pesar de que las
autoridades afirmaban que los estudiantes
habían sido secuestrados por una banda
delictiva y que sus cuerpos habían sido
quemados y arrojados a un vertedero, un
grupo de expertos designado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
concluyó que resultaba científicamente
imposible que hubieran ardido tantos
cadáveres en las condiciones alegadas. En
noviembre, la Comisión estableció un nuevo
mecanismo especial para realizar el
seguimiento de las recomendaciones de los
expertos, pero resultó difícil garantizar que
las autoridades brindaran el apoyo adecuado.

PERSONAS REFUGIADAS, MIGRANTES Y
APÁTRIDAS
Centroamérica fue el origen de una crisis de
refugiados que se agravó rápidamente.
Debido a la implacable violencia en esta
parte del mundo frecuentemente olvidada,
siguieron aumentando las solicitudes de asilo
de ciudadanos y ciudadanas de
Centroamérica en México, Estados Unidos y
otros países, hasta alcanzar niveles que no se
habían vuelto a registrar desde el final, hacía
décadas, de la mayoría de los conflictos
armados de la región.
Cientos de miles de personas viajaban a
través de México, bien para pedir asilo allí,
bien para continuar su viaje hacia Estados
Unidos. Muchas eran recluidas en duras
condiciones o se enfrentaban a homicidio,

30

secuestro o extorsión por parte de bandas
delictivas que a menudo actuaban en
connivencia con las autoridades. Los abusos
contra los derechos humanos afectaban de
forma particular a un gran número de niños,
niñas y adolescentes no acompañados; las
mujeres y las niñas corrían grave peligro de
sufrir violencia sexual y trata de personas.
Siguieron practicándose expulsiones
desde México y Estados Unidos, a pesar de
los abrumadores indicios de que muchos
solicitantes de asilo corrían peligro de sufrir
violencia extrema en caso de no obtenerlo. Al
ser devueltas, muchas personas regresaban
a las situaciones de peligro mortal de las que
habían huido; al parecer algunas murieron a
manos de las bandas.
Honduras, Guatemala y El Salvador
alimentaron esta crisis cada vez más grave,
pues no protegían a las personas frente a la
violencia y no establecieron programas
integrales de protección para quienes habían
sido expulsados desde países como México y
Estados Unidos.
Sin embargo, en vez de asumir la
responsabilidad por su papel en la crisis, los
gobiernos implicados se centraron
exclusivamente en los abusos contra los
derechos humanos que sufrían las personas
que cruzaban México de camino a Estados
Unidos. También aseguraron, sin razón, que
la mayoría de esas personas huían por
necesidades económicas y no por el
aumento de la violencia y los homicidios y,
por supuesto, tampoco por las amenazas, las
extorsiones y la intimidación sufridas a diario
por la mayor parte de la población a causa
de los enfrentamientos entre las pandillas por
el control territorial.
A lo largo de 2016, decenas de niños y
niñas no acompañados y de personas que
viajaban con sus familias fueron
aprehendidos en Estados Unidos al tratar de
cruzar la frontera sur. Se mantuvo recluidas a
familias durante meses, muchas de ellas sin
acceso adecuado a atención médica ni a
asistencia letrada.
Durante el año, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
expresó preocupación por la situación de las

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

personas migrantes cubanas y haitianas que
intentaban llegar a Estados Unidos.
En otros países de la región, las personas
migrantes y sus familias sufrían
discriminación, exclusión y malos tratos
generalizados. En Bahamas, los malos tratos
hacia las personas migrantes
indocumentadas de países como Haití y
Cuba fueron moneda corriente. La República
Dominicana expulsó a miles de personas de
ascendencia haitiana —entre ellas, personas
con nacionalidad dominicana por nacimiento
que, al ser expulsadas, se convirtieron en
apátridas— sin respetar en muchos casos el
derecho y las normas internacionales sobre
expulsiones. A su llegada a Haití, muchas
personas se asentaron en campamentos
improvisados, donde vivían en condiciones
terribles.
A pesar de que las recién elegidas
autoridades de República Dominicana se
comprometieron a resolver la situación de las
personas apátridas, una sentencia dictada
por el Tribunal Constitucional mantuvo a
decenas de miles de personas en situación
de apatridia al privarlas, de manera arbitraria
y con carácter retroactivo, de su
nacionalidad. En febrero, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
describió esta situación como una “situación
de apatridia […] de una magnitud nunca
antes vista en América”.
Canadá reasentó a más de 30.000
personas refugiadas sirias, y Estados Unidos
a 12.000.

SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS
HUMANOS
Los agentes no estatales —entre ellos
empresas y redes delictivas— ejercieron una
influencia cada vez mayor y fueron
responsables de los crecientes niveles de
violencia y abusos contra los derechos
humanos. Por su parte, la mayoría de los
Estados no atajaron la situación de manera
acorde con las normas internacionales,
siendo muchas de las violaciones de
derechos humanos cometidas producto de
una tendencia a la militarización de la
seguridad pública.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

En respuesta a la agitación social —y en
particular a las protestas pacíficas—, algunos
Estados recurrieron cada vez con más
frecuencia al ejército en operaciones de
seguridad pública, y tanto los cuerpos de
policía como otros organismos encargados de
hacer cumplir la ley de esos países
adoptaron técnicas, adiestramiento y equipos
militares. A pesar de que con frecuencia se
empleaba la lucha contra la delincuencia
organizada como justificación para las
respuestas militarizadas, en realidad éstas
permitían a los Estados seguir vulnerando los
derechos humanos en lugar de abordar las
causas subyacentes de la violencia. En
países como Venezuela, por ejemplo, cuando
se respondía a las protestas con una acción
militar, con frecuencia se producían a
continuación actos de tortura y otros malos
tratos contra manifestantes.
Tras la muerte en el mes de julio de
Philando Castile (Minnesota) y de Alton
Sterling (Luisiana) por disparos de la policía,
se organizaron en todo Estados Unidos
protestas que la policía enfrentó con material
antidisturbios pesado y armas de uso militar,
lo que hizo temer por el derecho a la libertad
de reunión pacífica de las personas que se
manifestaban. También fue motivo de
preocupación la fuerza empleada por la
policía en las protestas, mayoritariamente
pacíficas, contra el proyecto de construcción
del oleoducto Dakota Access, cerca la
reserva sioux de Standing Rock, en Dakota
del Norte. Además, las autoridades
estadounidenses siguieron sin computar la
cifra exacta de personas muertas a manos de
funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley; la información periodística ofreció una
cifra de casi 1.000 muertes en 2016, y de al
menos 21 a manos de la policía por el uso de
armas de electrochoque.
Los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil
en agosto se vieron empañados por las
violaciones de derechos humanos cometidas
por las fuerzas de seguridad, sin que ni las
autoridades ni los organizadores del evento
adoptaran medidas efectivas para impedir los
abusos. En Río de Janeiro aumentaron los
homicidios cometidos por la policía cuando la

31

ciudad se preparaba para albergar los
Juegos. Durante el evento deportivo hubo
violentas operaciones policiales y las
protestas se reprimieron enérgicamente con
medidas como el uso innecesario y excesivo
de la fuerza. Durante el año, las operaciones
contra el narcotráfico y las operaciones de
seguridad con despliegue de agentes
fuertemente armados fomentaron las
violaciones de derechos humanos y pusieron
en peligro a los agentes de policía.
La policía y las fuerzas de seguridad
también hicieron un uso excesivo e
innecesario de la fuerza en países como
Bahamas, Chile, Ecuador, El Salvador,
Jamaica, México, Perú, República
Dominicana y Venezuela.
Los homicidios ilegítimos en Jamaica eran
una constante de las operaciones policiales
que se había mantenido prácticamente
invariable durante los dos últimos decenios;
por otro lado, muchos homicidios cometidos
por las fuerzas de seguridad en República
Dominicana fueron ilegítimos, según
informes. En ninguno de los dos países se
habían reformado las fuerzas de seguridad, y
éstas rara vez rendían cuentas.

ACCESO A LA JUSTICIA Y LUCHA
CONTRA LA IMPUNIDAD
La impunidad imperante permitió a los
responsables de abusos contra los derechos
humanos actuar sin temor a las
consecuencias, debilitó el Estado de derecho
y negó verdad y reparación a millones de
personas.
La impunidad se sustentaba en unos
sistemas de seguridad y de justicia sin
recursos suficientes, frágiles y a menudo
corruptos, lastrados además por la falta de
voluntad política para asegurar su
imparcialidad e independencia.
La consiguiente inacción a la hora de
llevar a los autores de violaciones de
derechos humanos ante la justicia permitió
que arraigaran y prosperaran la delincuencia
organizada y las prácticas abusivas de los
organismos encargados de hacer cumplir la
ley.

32

Asimismo, en países como Brasil,
Colombia, Guatemala, México, Honduras,
Jamaica, Paraguay, Perú y Venezuela se
negó a numerosas personas un acceso
significativo a la justicia, lo que les impidió
reivindicar sus derechos.
En Jamaica reinaba la impunidad por la
constante —que se prolongaba ya decenios
— de presuntos homicidios ilegítimos y
ejecuciones extrajudiciales cometidos por
agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Aunque desde el año 2000 más de 3.000
personas habían muerto a manos de
funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, sólo unos pocos agentes habían rendido
cuentas en 2016. En junio, la Comisión de
Investigación sobre las presuntas violaciones
de derechos humanos cometidas durante el
estado de excepción de 2010 formuló
recomendaciones para reformar la policía; al
concluir el año, Jamaica todavía no había
explicado cómo aplicaría las reformas.
En Chile, los delitos cometidos por
miembros de las fuerzas de seguridad, que
golpearon, maltrataron y en ocasiones
incluso mataron a manifestantes pacíficos y a
otras personas, muchas veces quedaron
impunes. Era habitual que los tribunales
militares —encargados de los casos de
violaciones de los derechos humanos
perpetradas por miembros de las fuerzas de
seguridad— no investigaran adecuadamente
ni enjuiciaran a los agentes sospechosos de
haber cometido un delito, y los juicios
normalmente no alcanzaban los más básicos
niveles de independencia e imparcialidad.
En julio, un tribunal de Paraguay impuso a
un grupo de campesinos y campesinas una
condena de hasta 30 años de prisión por el
asesinato de 6 agentes de policía y otros
delitos relacionados, en el contexto de un
conflicto de tierras ocurrido en 2012 en el
distrito de Curuguaty. Sin embargo, no se
inició investigación alguna sobre la muerte de
11 campesinos en el mismo incidente. El
fiscal general no ofreció ninguna explicación
creíble del motivo por el que no se
investigaron esas muertes ni respondió a las
denuncias según las cuales el lugar del delito

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

había sido manipulado y los campesinos
habían sido torturados bajo custodia policial.
Al finalizar el año —y dos años después de
que el Senado de Estados Unidos presentara
un informe sobre la cuestión—, nadie había
comparecido ante la justicia estadounidense
por las violaciones de los derechos humanos
cometidas en el marco del programa de
detención secreta e interrogatorio de la CIA
tras los atentados del 11 de septiembre de
2001.
En México, el procesamiento de cinco
marinos —acusados de la desaparición
forzada de un hombre hallado muerto
semanas después de su detención, en 2013
— fue un paso positivo que ofrecía
esperanzas de que se aplicara un nuevo
enfoque a la hora de abordar la ola de
desapariciones en el país. Seguían sin
conocerse la suerte y el paradero de decenas
de miles de personas en todo el país.
En países como Argentina, Bolivia, Chile y
Perú, la impunidad constante y la falta de
voluntad política para investigar
las violaciones de derechos humanos y los
crímenes de derecho internacional —entre
ellos, miles de ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas— que se habían
perpetrado en el contexto de las dictaduras
militares de décadas anteriores seguían
negando la verdad, la justicia y la reparación
a las víctimas y sus familias.
Con todo, en Argentina, el ex presidente
de facto, Reynaldo Bignone, fue condenado
a 20 años de prisión por el papel
desempeñado en cientos de desapariciones
forzadas durante una operación de
inteligencia llevada a cabo en toda la región;
también se impusieron penas de cárcel a
otros 14 militares. Esas sentencias
representaron un paso positivo para la
justicia y se esperaba que abrieran la puerta
a más investigaciones.
En Guatemala, a pesar de que los avances
para abordar la impunidad eran lentos, hubo
un histórico fallo por el que dos ex mandos
militares fueron declarados culpables de
crímenes de lesa humanidad por someter a
mujeres indígenas maya-q’eqchis a violencia
sexual y esclavitud doméstica y sexual.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

En julio, la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador declaró inconstitucional la Ley de
Amnistía, hecho que supuso un importante
paso adelante para la justicia en el ámbito de
los delitos de derecho internacional y otras
violaciones de derechos humanos cometidos
durante el conflicto armado de 1980 a 1992.
En Haití no se avanzó en la investigación
de los presuntos crímenes contra la
humanidad cometidos por el ex presidente
Jean-Claude Duvalier y sus antiguos
colaboradores.

DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS
NIÑAS
Fueron pocos los avances de los Estados
para atajar la violencia contra mujeres y
niñas; por ejemplo, no se las protegía de las
violaciones y feminicidios, y los responsables
tampoco rendían cuentas. Hubo denuncias
de violencia de género en Brasil, Canadá, El
Salvador, Estados Unidos, Jamaica,
Nicaragua, República Dominicana y
Venezuela, entre otros países.
Las numerosas violaciones de los
derechos sexuales y reproductivos
repercutían considerablemente en la salud
de las mujeres y las niñas. En las Américas
se concentraba el mayor número de países
que prohibían totalmente el aborto. En
algunos de ellos se encarcelaba a las
mujeres simplemente por ser sospechosas
de haberse sometido a un aborto, a veces
tras haber sufrido un aborto espontáneo.
En Nicaragua, las mujeres que vivían en la
pobreza continuaron siendo las principales
víctimas de mortalidad materna, y el índice
de embarazos de adolescentes era uno de
los más altos de la región. Además, las
mujeres estaban sometidas a una de las
legislaciones sobre el aborto más duras del
mundo, pues estaba prohibido en todas las
circunstancias, incluso cuando era
imprescindible para salvar la vida de la
mujer. En República Dominicana se postergó
nuevamente una reforma del Código Penal
destinada a despenalizar el aborto en
determinados casos. En Chile siguió
debatiéndose una reforma legislativa que
proponía la despenalización del aborto.

33

Con todo, hubo pequeñas señales de
esperanza. En El Salvador, la sentencia de un
tribunal que ordenaba la puesta en libertad
de María Teresa Rivera —quien había
cumplido 4 años de una condena de prisión
de 40 tras sufrir un aborto espontáneo— fue
un paso hacia la justicia en un país en el que
las mujeres recibían un trato terrible. El
hecho de que en Argentina una mujer
condenada a 8 años de prisión tras sufrir un
aborto espontáneo quedara en libertad en
virtud de una sentencia de la Corte Suprema
de Justicia, según la cual no había motivos
suficientes para mantenerla recluida,
constituyó otra victoria para los derechos
humanos.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
En junio, tras 17 años de negociación, la
Organización de los Estados Americanos
(OEA) adoptó la Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
A pesar de ello, en todo el continente, los
pueblos indígenas continuaron siendo
víctimas de violencia, homicidios y uso
excesivo de la fuerza por parte de la policía, y
a menudo sufrían abusos contra su derecho
a sus tierras, territorios, recursos naturales y
cultura. En países como Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y
Paraguay, la realidad cotidiana para miles de
personas era una vida ensombrecida por la
exclusión, la pobreza, la desigualdad y la
discriminación sistémica.
Los pueblos indígenas siguieron viéndose
desplazados a la fuerza de sus propias tierras
por agentes estatales y no estatales —entre
ellos terratenientes y empresas— que
buscaban su propio beneficio económico.
Los proyectos de desarrollo —incluidos los
de las industrias extractivas— amenazaron la
cultura de los pueblos indígenas y a veces
dieron lugar al desplazamiento forzado de
comunidades enteras. Además, con
frecuencia se negó a los pueblos indígenas
una consulta significativa y su derecho al
consentimiento libre, previo e informado. Las
mujeres indígenas y campesinas de todo el
continente exigieron que se prestara mayor

34

atención al impacto que sobre las mujeres
tenían los proyectos de extracción de
recursos naturales, y pidieron una mayor
participación en los procesos de toma de
decisiones sobre los proyectos de desarrollo
que afectaban a sus tierras y territorios.
En mayo, los líderes y las lideresas de las
comunidades indígenas y afrodescendientes
del Territorio Rama y Kriol declararon que el
acuerdo para la construcción del Gran Canal
Interoceánico se había firmado sin que se
llevara a cabo un proceso efectivo de
consulta. Hubo un aumento de la violencia
en la Región Autónoma del Atlántico Norte,
en Nicaragua, donde los pueblos indígenas
misquitos sufrían amenazas, ataques,
violencia sexual, homicidios y
desplazamiento forzado a manos de colonos
no indígenas.
Entre los avances positivos cabe citar el
inicio de una investigación de ámbito
nacional sobre mujeres y niñas indígenas
desparecidas y asesinadas anunciado por el
gobierno canadiense.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
Las mejoras legislativas e institucionales en
algunos países —como el reconocimiento
legal del matrimonio entre personas del
mismo sexo— no se tradujeron
necesariamente en una mayor protección
frente a la violencia y la discriminación hacia
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales.
En todo el continente —en países como
Argentina, Bahamas, El Salvador, Estados
Unidos, Haití, Honduras, Jamaica, República
Dominicana y Venezuela— se mantuvieron
niveles elevados de crímenes de odio,
apología del odio y discriminación, así como
asesinatos y persecución, contra activistas
LGBTI.
Con todo, en el proceso electoral que tuvo
lugar en República Dominicana durante el
año, varias personas que habían manifestado
abiertamente su pertenencia al colectivo
LGBTI presentaron su candidatura para

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

aumentar su visibilidad y participación
políticas.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

35

PERSPECTIVA
REGIONAL: ASIA Y
OCEANÍA
Aunque numerosos gobiernos de la región de
Asia y Oceanía —en la que vive el 60% de la
población mundial— incrementaron la
represión de los derechos humanos, hubo
también signos positivos de cambio en
algunos países y contextos.
Se reivindicó enérgica e insistentemente la
libertad de expresión y la justicia, y crecieron
tanto el activismo como las protestas contra
las violaciones de derechos humanos. La
gente joven se mostró cada vez más decidida
a alzar la voz para defender sus derechos y
los de otras personas. Las tecnologías en
línea y las redes sociales ofrecieron nuevas
oportunidades de difundir información,
denunciar injusticias, organizarse y llevar a
cabo labores de defensa y promoción. En
repetidas ocasiones, los defensores y
defensoras de los derechos humanos —que
a menudo trabajaban en circunstancias
extremadamente difíciles y con recursos
limitados— se enfrentaron con firmeza a la
férrea opresión del Estado, y emprendieron
acciones tan admirables como valientes.
Sin embargo, con frecuencia tuvieron que
pagar un alto precio. Numerosos gobiernos
dieron muestras de un sobrecogedor desdén
por la libertad, la justicia y la dignidad, y no
escatimaron esfuerzos por silenciar las voces
de la oposición y suprimir tanto las protestas
como el activismo —incluida la disidencia
online—, recurriendo a medidas represoras,
directamente mediante la fuerza o aplicando
cínicamente leyes nuevas y otras
consideradas en desuso.
En el este de Asia los gobiernos perdieron
transparencia, y pareció aumentar la
distancia que los separaba de la ciudadanía.
Esta sensación se agudizó en países como
China y la República Popular Democrática de
Corea (Corea del Norte) debido a la arraigada
represión existente. En el sur de Asia se
observó un constante crecimiento de la

36

intolerancia hacia la crítica y el debate
abierto, como pusieron de manifiesto los
asesinatos de blogueros en Bangladesh, las
agresiones contra personal de los medios de
comunicación en Pakistán y la reducción del
espacio de la sociedad civil en países como
India. En el sudeste asiático, las medidas
represoras del régimen militar de Tailandia y
los esfuerzos de Malasia por silenciar voces
políticas atacaron intensamente derechos
clave como la libertad de pensamiento,
conciencia, religión, opinión, expresión,
asociación y reunión.
A medida que el espacio de la sociedad
civil se reducía en muchos Estados, crecía la
discriminación en diversos países y
contextos, en particular la que afectaba a las
minorías raciales y étnicas, a las mujeres y a
las niñas.
En numerosos Estados —China, Corea del
Norte, Filipinas, Malasia, Maldivas, Nepal,
Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam
— la tortura y otros malos tratos se
encontraban entre los instrumentos utilizados
contra defensores y defensoras de los
derechos humanos, grupos marginados y
otras personas.
A menudo estas violaciones se mantenían
porque no se hacía rendir cuentas a los
torturadores y demás perpetradores. La
impunidad era perniciosa, con frecuencia
crónica, y común a numerosos Estados. A las
víctimas se les negaba justicia, verdad y otras
formas de reparación, aunque en ese sentido
hubo ciertos avances. Así, Sri Lanka avanzó
lentamente hacia la rendición de cuentas por
los presuntos delitos de derecho
internacional que habían asolado el país
durante decenios, si bien la impunidad siguió
siendo generalizada; por su parte, Japón y la
República de Corea (Corea del Sur) llegaron
a un acuerdo sobre el sistema militar de
esclavitud sexual existente antes y durante la
Segunda Guerra Mundial, que no obstante
recibió críticas por haber excluido de las
negociaciones a las sobrevivientes. En una
sentencia histórica, un tribunal de Filipinas
condenó por primera vez a un agente de
policía por tortura en aplicación de la Ley
contra la Tortura de 2009. La fiscalía de la

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

Corte Penal Internacional indicó que tal vez
abriera pronto una investigación en
Afganistán que abarcaría las denuncias por
los crímenes de los talibanes, el gobierno
afgano y las fuerzas estadounidenses.
En Myanmar, el recrudecimiento del
conflicto en el estado de Kachin y el estallido
de la violencia en el norte del estado de
Rajine —donde una operación de seguridad
obligó a huir de sus hogares a miembros de
las comunidades rohingya y rajine—
agravaron la ya deteriorada situación
humanitaria y de derechos humanos, en la
que la violencia había obligado a desplazarse
a decenas de miles de personas a lo largo de
los últimos años. El gobierno impuso
restricciones que impidieron la llegada de
ayuda humanitaria a ambos estados. En
Afganistán continuó el conflicto armado
debido al resurgimiento de los talibanes, lo
que tuvo un efecto devastador sobre la
población civil.
En varios países, los grupos armados
exacerbaron la inseguridad y el sufrimiento,
cometiendo abusos tales como secuestros y
homicidios ilegítimos en el centro y el noreste
de India y en el estado de Jammu y
Cachemira. En Indonesia, los tiroteos y
atentados con bomba del grupo armado
autodenominado Estado Islámico
demostraron un profundo desprecio por el
derecho a la vida. En Afganistán, grupos
armados llevaron a cabo espeluznantes
atentados en la capital, Kabul, como el
perpetrado contra la organización de ayuda
humanitaria CARE International, dirigido
contra civiles y que constituyó, por tanto, un
crimen de guerra.
El telón de fondo de represión, conflicto e
inseguridad de la región agravó la crisis
mundial de refugiados. En toda Asia,
millones de personas se convirtieron en
refugiadas y solicitantes de asilo y se vieron
obligadas a huir de sus hogares, a menudo
para vivir en condiciones pésimas y
mortíferas. Muchas quedaron abandonadas a
su suerte en situaciones precarias,
vulnerables a infinidad de abusos más. En
países como Australia y Tailandia, los
gobiernos agravaron el sufrimiento al

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

devolver a personas a países donde corrían
peligro de sufrir violaciones de derechos
humanos. Muchas otras personas se vieron
desplazadas en sus propios países.
A menudo, las empresas perpetraron
abusos o fueron cómplices de ellos. El
gobierno de Corea del Sur permitió que
empresas privadas obstaculizaran la legítima
actividad sindical, y tardó en ocuparse de las
enfermedades e incluso las muertes
provocadas por la exposición a productos
nocivos. En India, la empresa Dow Chemical
Company, con sede en Estados Unidos, y su
filial Union Carbide Corporation, se negaron
de nuevo a comparecer ante un tribunal de
Bhopal para enfrentarse a los cargos penales
en su contra por la catástrofe ocurrida en
1984 a consecuencia de una fuga de gas.
Con respecto a la pena de muerte, la
región marchó con frecuencia en sentido
inverso al resto del mundo, que tendía a su
abolición. China continuó siendo el país del
mundo con más ejecuciones, aunque las
cifras reales siguieron considerándose
secreto de Estado. En Pakistán, el número de
personas ejecutadas desde 2014, año en
que se levantó la moratoria sobre las
ejecuciones, ascendía a más de 400. En
contra de lo dispuesto por las normas
internacionales, algunas de estas personas
eran menores de edad en el momento del
delito, mientras que otras tenían
discapacidad mental o habían sido
condenadas en juicios sin las debidas
garantías. En Japón, las ejecuciones estaban
rodeadas de secreto. En Maldivas, las
autoridades amenazaron con reanudar las
ejecuciones, suspendidas hacía 60 años, y
en Filipinas se presentó en el Congreso un
proyecto de ley para reinstaurar la pena de
muerte. La nota positiva la puso Nauru, que
se convirtió en el país número 103 que abolía
la pena capital para todos los delitos.
Uno de los acontecimientos de mayor
calado fue la constitución de un gobierno
casi civil en Myanmar, del que Aung San Suu
Kyi fue designada lideresa de facto en un
puesto creado especialmente para ella tras la
victoria de la Liga Nacional para la
Democracia en las elecciones de 2015. El

37

nuevo gobierno tomó medidas para mejorar
los derechos humanos, aunque se
enfrentaba a abrumadores obstáculos,
heredados del medio siglo de gobierno militar
represivo. Su poder se vio limitado por la
persistente influencia del ejército, que
controlaba ministerios clave y conservaba un
cuarto de los escaños parlamentarios. Hubo
pocas mejoras en los problemas de
Myanmar, como la difícil situación de la
población rohingya, la ayuda humanitaria
para las comunidades desplazadas, la
impunidad de los perpetradores de
violaciones de derechos humanos y la
reforma de leyes represivas.
En Filipinas, la presidencia de Rodrigo
Duterte se caracterizó por la violencia en
gran escala aprobada por el Estado,
normalmente en forma de homicidios
ilegítimos. En la llamada “guerra contra las
drogas”, la brutal represión contra personas
consideradas sospechosas de delitos de
drogas se saldó con más de 6.000 muertes.
En febrero, los devastadores efectos del
ciclón Winston en Fiyi pusieron de manifiesto
las deficiencias de las infraestructuras, al
quedar destruidas las viviendas de 62.000
personas, que se convirtieron en
desplazadas. La discriminación de algunos
grupos en la distribución de ayuda y la
escasez de materiales de construcción afectó
a las personas más necesitadas.
En mayo, Sri Lanka ratificó la Convención
Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones
Forzadas, aunque aún está por ver si
tipificará la desaparición forzada como delito
en su legislación. Fiyi ratificó con reservas la
Convención de la ONU contra la Tortura, pero
las inmunidades constitucionales y la falta de
voluntad política dificultaban la rendición de
cuentas por actos de tortura y otros malos
tratos.

ASIA ORIENTAL
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
En el este de Asia, los defensores y
defensoras de los derechos humanos fueron

38

víctimas de ataques concertados, y la
sociedad civil disponía cada vez de menos
espacio para plantear cuestiones que las
autoridades consideraban polémicas.
En China continuaron las medidas
enérgicas bajo el gobierno de Xi Jinping, y
defensores y defensoras de los derechos
humanos, profesionales del derecho,
periodistas y activistas sufrieron, de manera
sistemática y cada vez más, actos de
intimidación y hostigamiento, incluidas
detenciones arbitrarias, torturas y otros malos
tratos. La policía sometía también a las
familias de las personas detenidas a
vigilancia y acoso, y restringía su libertad de
circulación. Las autoridades incrementaron el
uso de la forma de detención conocida como
“vigilancia domiciliaria en un lugar
designado”, que permitía a la policía recluir a
personas durante periodos de hasta seis
meses al margen del sistema formal de
detención, sin acceso a asistencia letrada de
su elección ni a sus familiares. También
aumentaron los casos de personas detenidas
a las que se obligaba a “confesar” en
televisión, y las autoridades siguieron
bloqueando miles de páginas web. En la
provincia de Guangdong, China reprimió a
trabajadores y trabajadoras y activistas de los
derechos laborales, a menudo negando a las
personas detenidas acceso a asistencia
letrada en aras de la “seguridad nacional”.
Asimismo, so pretexto de reforzar la
seguridad nacional, el gobierno chino redactó
o promulgó leyes y normativas que podían
utilizarse para silenciar a la disidencia y
reprimir a los defensores y defensoras de los
derechos humanos, acusándolos de delitos
vagamente definidos, como “incitación a la
subversión” y “filtración de secretos de
Estado”. Se temía que la nueva Ley de
Gestión de Organizaciones No
Gubernamentales Extranjeras se pudiera
utilizar para intimidar y enjuiciar a las
personas que defendían los derechos
humanos y a las ONG, y que la nueva Ley de
Seguridad Informática pudiera socavar la
libertad de expresión y la privacidad.
Sin embargo, los activistas se atrevieron a
innovar. Cuatro defensores de los derechos

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

humanos fueron detenidos por haber
conmemorado el 27 aniversario de la
represión de la plaza de Tiananmen, ocurrida
el 4 de junio de 1989. Los defensores habían
publicado en Internet el anuncio de una
conocida bebida alcohólica en cuya etiqueta
se leía “Recuerda: Ocho Licor Seis Cuatro”
—juego de palabras en chino que evocaba la
fecha del tristemente famoso acontecimiento
— acompañada de una foto del “hombre del
tanque”. Esta acción tuvo un amplio eco en
las redes sociales hasta que fue censurada.
En octubre, Ilham Tohti, conocido
intelectual uigur que fomentaba el diálogo
entre la población uigur y la población china
de etnia han, recibió el Premio Martin Ennals
2016 para defensores y defensoras de los
derechos humanos por su profundo
compromiso en una situación de gran
peligro. Cuando se redactan estas líneas,
Ilham Tohti cumple cadena perpetua por
cargos de “separatismo”.
En Hong Kong, los estudiantes Joshua
Wong, Alex Chow y Nathan Law fueron
condenados por “participar en una reunión
ilegal” debido a su papel en los actos de
2014 que desencadenaron el movimiento en
favor de la democracia conocido como
“Revolución de los Paraguas”.
Corea del Norte ejerció una represión
extrema, y violó casi todo el espectro de los
derechos humanos. La libertad de expresión
estaba severamente restringida, y no había
medios de comunicación ni organizaciones
de la sociedad civil nacionales e
independientes. Hasta 120.000 personas
continuaban recluidas en campos
penitenciarios, donde la tortura y los malos
tratos, incluidos los trabajos forzados, eran
generalizados y habituales. El control, la
opresión y la intimidación a manos del
Estado se habían intensificado desde la
llegada de Kim Jung-un al poder, en 2011.
Continuó el férreo control del uso de las
tecnologías de la comunicación, en parte
para aislar a la ciudadanía y ocultar la
nefasta situación de los derechos humanos.
Las personas que utilizaban teléfonos móviles
para ponerse en contacto con seres queridos
en el extranjero se arriesgaban a ser

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

recluidas en campos penitenciarios para
presos políticos o en centros de detención.
En la vecina Corea del Sur, entre otras
tendencias regresivas en materia de
derechos humanos, se aplicaron
restricciones a las libertades de reunión
pacífica y expresión, que ahora adoptaban
nuevas formas, como entablar demandas
civiles. Las autoridades recortaron la libertad
de prensa, al aumentar su injerencia en la
labor periodística y limitar el derecho a la
libertad de reunión pacífica, a menudo con la
excusa de proteger el orden público.
La Asamblea Nacional de Corea del Sur
aprobó una ley antiterrorista que ampliaba de
forma considerable las facultades del Estado
para vigilar las comunicaciones y recopilar
información privada de personas con
presuntos vínculos terroristas.
En Mongolia, las organizaciones de la
sociedad civil que trabajaban en la
protección de los derechos humanos eran
sometidas habitualmente a intimidación,
hostigamiento y amenazas, sobre todo por
agentes no estatales.
La noticia positiva vino de Taiwán, donde
el nuevo gobierno retiró los cargos contra
más de 100 manifestantes que habían
participado en 2014 en los actos de protesta
estudiantiles conocidos como “Movimiento
Girasol”, contrario al Acuerdo de Comercio
de Servicios a través del Estrecho, firmado
por Taiwán y China. El nuevo primer ministro,
Lin Chuan, afirmó que la decisión del anterior
gobierno de presentar cargos contra los
manifestantes era una “reacción política” a la
manifestación, que iba más allá de lo
estrictamente jurídico.

PERSONAS EN MOVIMIENTO
Japón continuó rechazando la mayoría de las
solicitudes de asilo. El servicio de inmigración
de Corea del Sur recluyó durante meses en el
aeropuerto internacional de Incheon a más
de 100 solicitantes de asilo, entre ellos 28
varones sirios. Finalmente, un tribunal falló
que estos últimos debían quedar en libertad
y ser autorizados a solicitar asilo, pero
decenas de solicitantes de otros países,
como los procedentes de Egipto, continuaron

39

recluidos en el aeropuerto en condiciones
inhumanas.

ASIA MERIDIONAL

DISCRIMINACIÓN

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Tras el aumento de las manifestaciones
favorables a la discriminación, el Parlamento
de Japón aprobó por primera vez una ley
nacional para combatir la apología o
expresión del odio contra la población
extranjera residente en el país y sus
descendientes. Esta ley recibió críticas por
considerarse que era demasiado limitada y
no establecía sanciones. También seguía
existiendo una fuerte discriminación contra
las minorías sexuales y étnicas.
En China, donde la libertad de religión se
violaba de manera sistemática, se
presentaron varios proyectos de reforma
legislativa con disposiciones que tenían por
objeto aumentar el poder del Estado para
controlar y castigar diversas prácticas
religiosas, de nuevo en nombre de la
seguridad nacional, a fin de frenar “las
infiltraciones y el extremismo”. De aprobarse
las reformas, podrían emplearse para
reprimir aún más los derechos a la libertad
de religión y de creencias, en especial los de
las comunidades cristianas no reconocidas
por el Estado, la población budista tibetana y
la musulmana uigur. En la Región Autónoma
Uigur del Sin-kiang, el gobierno detuvo a
escritores de etnia uigur y a redactores de
páginas web en lengua uigur.
Las personas de etnia tibetana seguían
discriminadas, y continuaban restringiéndose
sus derechos a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión, expresión, asociación y
reunión pacífica. El bloguero tibetano Druklo
fue condenado a tres años de prisión por
“incitación al separatismo” debido, entre
otras cosas, a sus publicaciones en Internet
sobre la libertad religiosa y el Dalai Lama. En
la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, el
gobierno continuó violando el derecho a la
libertad de religión, y reprimió las
concentraciones religiosas no autorizadas.

40

En toda Asia Meridional los defensores y
defensoras de los derechos humanos fueron
víctimas de violaciones. Los gobiernos
aplicaron leyes draconianas y aprobaron
otras que tenían por objeto restringir la
libertad de expresión en Internet.
India recurrió a leyes represivas para
limitar la libertad de expresión y silenciar las
críticas. Se utilizó la Ley de Regulación de
Contribuciones Extranjeras para restringir el
acceso de las organizaciones de la sociedad
civil a financiación extranjera y para hostigar
a las ONG. Asimismo, se aplicó la ley sobre
sedición —utilizada por Reino Unido para
limitar la libertad de expresión durante la
lucha de India por la independencia— para
hostigar a quienes expresaban críticas. Los
defensores y defensoras de los derechos
humanos fueron también víctimas de
intimidación y agresiones. Unos hombres
armados mataron a tiros al periodista Karun
Mishra en el estado de Uttar Pradesh, al
parecer por haber informado sobre
cuestiones relacionadas con la minería ilegal.
También murió por disparos el periodista
Rajdeo Ranjan, que ya había recibido
amenazas de líderes políticos por sus
escritos.
En el estado de Jammu y Cachemira, las
fuerzas de seguridad emplearon fuerza
innecesaria o excesiva contra manifestantes,
y el gobierno del estado impuso el toque de
queda durante más de dos meses. La
suspensión de los servicios de proveedores
privados de telefonía fija y móvil y de Internet
menoscabó diversos derechos, y según la
población ello les había impedido acceder a
asistencia médica de urgencia.
El personal de los medios de
comunicación paquistaníes se enfrentaba,
por su profesión, a peligros tales como
secuestros, detenciones y reclusiones
arbitrarias, intimidación, homicidios y
hostigamiento a manos de agentes estatales
y no estatales. Uno de los muchos ataques
que sufrió el personal de los medios de

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

comunicación —y la libertad de expresión en
general— fue el lanzamiento de una granada
contra las oficinas del canal de televisión ARY
TV en la capital paquistaní, Islamabad. En el
lugar de los hechos aparecieron unas
octavillas en las que un grupo armado aliado
del Estado Islámico reivindicaba la autoría del
atentado.
En Sri Lanka, Sandhya Eknaligoda, esposa
del desaparecido humorista gráfico disidente
Prageeth Eknaligoda, fue víctima de
reiteradas amenazas y actos de intimidación
—como protestas a las puertas del tribunal
donde se celebraba la vista del recurso de
hábeas corpus de su esposo y una campaña
de colocación de carteles que la acusaban
de apoyar a los Tigres de Liberación de
Eelam Tamil— cuando la policía identificó a
siete agentes de inteligencia del ejército
sospechosos de estar implicados en la
desaparición forzada del humorista.
La libertad de expresión siguió sufriendo
ataques en Bangladesh, donde las
autoridades toleraban cada vez menos los
medios de comunicación independientes y
las voces críticas. En el marco de una
situación de derechos humanos en franco
deterioro, se detuvo y recluyó de manera
arbitraria a una serie de periodistas y se
reprimió la disidencia pacífica, en aplicación
de leyes draconianas que se invocaban para
acosar a las personas que expresaban
puntos de vista críticos en las redes sociales.
El activista estudiantil Dilip Roy fue detenido
por haber criticado a la primera ministra en
Facebook, y se enfrentaba a una posible
condena de 14 años de prisión, de
conformidad con la ambigua Ley de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, utilizada por las autoridades
para amenazar y castigar a quienes
expresaban pacíficamente opiniones que no
eran de su agrado.
En Maldivas, donde se habían
intensificado los ataques contra los derechos
humanos a lo largo de los últimos años, el
gobierno endureció su ofensiva contra la
libertad de expresión y reunión, imponiendo
restricciones arbitrarias para evitar actos de
protesta. Asimismo, las autoridades

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

silenciaron a oponentes políticos, defensores
y defensoras de los derechos humanos y
periodistas utilizando para ello leyes que
penalizaban discursos, comentarios y otros
actos considerados “difamatorios”.

PERSONAS EN MOVIMIENTO
A causa del conflicto, Afganistán era el
segundo país del mundo que más personas
refugiadas generaba. La crisis afectaba a un
elevadísimo número de personas, con más
de dos millones repartidas sólo entre
Pakistán e Irán, y otras muchas que
intentaban llegar a la UE. En virtud del
acuerdo que Afganistán alcanzó con la UE,
este país debía readmitir a cualquier
ciudadano afgano cuya solicitud de asilo
rechazara la UE. Sin embargo, dada la
permanente inestabilidad en Afganistán, para
numerosas personas refugiadas y solicitantes
de asilo era imposible regresar
voluntariamente a su país en condiciones de
seguridad.
Aunque los titulares de los periódicos
hablaban de afganos y afganas que
arriesgaban sus vidas en peligrosos viajes
para llegar a Europa, la gran mayoría de la
población carecía de los recursos necesarios
para salir del país. Se calculaba que en 2016
el número de personas que se habían visto
obligadas a huir de sus hogares y se habían
convertido en desplazados internos ascendía
a 1,4 millones, cifra que duplicaba con
creces la de los tres años anteriores. En ese
mismo periodo de tres años, la ayuda
internacional a Afganistán se había reducido
a la mitad, ya que los donantes habían
desviado su atención del país tras la retirada
de las tropas internacionales. Se corría el
riesgo de que cayera en el olvido la difícil
situación de quienes sufrían en penosas
condiciones y luchaban por sobrevivir en
campos masificados, sin condiciones
adecuadas de refugio, alimentos, agua y
atención a la salud.
Para la población afgana refugiada en
Pakistán las perspectivas eran poco
halagüeñas, ya que el gobierno tenía prevista
la mayor devolución forzosa de refugiados de
la historia reciente, que dejaría en situación

41

de peligro a aproximadamente 1,4 millones
de personas refugiadas, cuya inscripción en
el registro estaba previsto que expirara al
terminar el año. Las autoridades impusieron
varios plazos imposibles de cumplir para el
regreso de la población refugiada a
Afganistán, que más tarde ampliaron a
regañadientes. Esta medida desencadenó
oleadas de hostigamiento por parte de la
policía y las autoridades, y las personas
refugiadas quedaron atrapadas en el incierto
limbo de los campos donde residían.
En otros casos, Pakistán incumplió el
principio de no devolución (nonrefoulement), dejando a las personas
refugiadas afganas expuestas a abusos
graves. Por ejemplo, la decisión de devolver a
Sharbat Gula a un país que no veía desde la
infancia y que sus hijas ni siquiera conocían,
fue ilustrativa del cruel trato que Pakistán
dispensaba a la población refugiada afgana.
Sharbat Gula era la célebre “niña afgana”
que apareció en 1985 en una portada de la
revista National Geographic, y que durante
decenios fue la refugiada más famosa del
mundo, símbolo de la hospitalidad de
Pakistán.

DISCRIMINACIÓN
Miles de personas protestaron contra la
discriminación y la violencia que sufrían las
comunidades dalits. El gobierno siguió
dejando de lado con frecuencia a las
comunidades marginadas en sus iniciativas
para impulsar el crecimiento económico.
Millones de personas se manifestaron contra
la reforma de la legislación laboral. Las
personas de raza negra sufrieron actos de
hostigamiento, discriminación y violencia
racista en diversas ciudades. Se
multiplicaron las noticias sobre delitos
violentos y actos de violencia sexual contra
mujeres y niñas cuyos autores quedaron
impunes, y las mujeres de comunidades
marginadas sufrían una discriminación
sistémica. La legislación india penalizaba el
ofrecimiento de servicios sexuales en lugares
públicos, lo cual dejaba a las trabajadoras y
los trabajadores sexuales expuestos a
diversos abusos.

42

Pese a los recursos que se habían
presentado ante el Tribunal Supremo, el
apartado 377 del Código Penal indio seguía
penalizando las relaciones sexuales
consentidas entre personas del mismo sexo.
El Consejo de Ministros indio aprobó un
deficiente proyecto de ley sobre los derechos
de las personas transgénero, que los
activistas criticaron por su problemática
definición de “persona transgénero” y por
sus inadecuadas disposiciones contra la
discriminación.
En Bangladesh hubo una oleada de
homicidios y atentados —estimulados, al
parecer, por extremistas— contra personas
autoras de blogs, ateas, extranjeras y LGBTI
(lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales). Las autoridades tardaron en
responder, y cuando lo hicieron detuvieron a
casi 15.000 personas. El gobierno puso en
peligro con frecuencia su obligación de
perseguir a los perpetradores al
utilizar medidas tales como la detención
arbitraria y secreta. La falta de protección a la
que se enfrentaban las personas que
desarrollaban su activismo pacíficamente se
hizo aún más patente cuando se produjeron
una serie de ataques por los que nadie rindió
cuentas, como el brutal homicidio de Xulhaz
Mannan, director de una revista LGTBI, y de
su amigo Tanay Mojumdar. Activistas de
derechos humanos que sufrían amenazas
similares afirmaron que la policía no les
ofrecía suficiente protección, y algunos se
mostraron reticentes a acudir a ella por temor
a que presentaran cargos en su contra o
a ser hostigados.
En Sri Lanka, las personas LGBTI sufrían
hostigamiento, discriminación y violencia.
Persistía un elevado grado de impunidad
para quienes cometían actos de violencia
contra mujeres y niñas —incluidas
violaciones perpetradas por personal militar
— y no se combatía de manera adecuada la
violencia en el ámbito familiar. La población
tamil se quejaba de que la policía se guiaba
por criterios étnicos para realizar su labor y
que la vigilaba y hostigaba por considerarla
sospechosa de tener vínculos con los Tigres
de Liberación de Eelam Tamil; el Comité de la

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

ONU para la Eliminación de la
Discriminación Racial concluyó que Sri
Lanka utilizaba de forma desproporcionada la
Ley de Prevención del Terrorismo contra los
tamiles. Según informes, la población
cristiana y musulmana era hostigada,
amenazada y atacada por, entre otros,
simpatizantes de grupos políticos de
tendencia budista cingalesa radical. La
policía no actuaba o culpaba a las minorías
religiosas de incitar a sus rivales a la
violencia.

SUDESTE ASIÁTICO Y
OCEANÍA
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Los defensores y defensoras de los derechos
humanos vivían amenazados en Camboya,
Malasia, Tailandia, Vietnam y otros países,
entre otras cosas por el uso cada vez mayor
de leyes ya existentes o nuevas que
penalizaban la libertad de expresión pacífica.
En Tailandia, la constante represión de la
disidencia pacífica desde el golpe de Estado
militar de 2014 había dado lugar a un
ambiente en el que pocas personas se
atrevían a criticar públicamente a las
autoridades. Los defensores y defensoras de
los derechos humanos eran acusados de
difamación por denunciar públicamente
violaciones o por apoyar a personas o
comunidades vulnerables. El gobierno tomó
medidas para reprimir los debates sobre el
proyecto de Constitución durante el periodo
previo al referéndum. Por ejemplo,
contra aproximadamente una docena de
personas que habían hecho comentarios en
Facebook sobre la Constitución propuesta se
presentaron cargos, o fueron detenidas, y se
enfrentaban a penas de hasta 10 años de
prisión en virtud de una draconiana orden
del nuevo gobierno.
En Camboya se intensificó la represión de
la libertad de expresión, asociación y reunión
pacífica ante las elecciones, que
previsiblemente se celebrarían en
2017/2018, y las autoridades abusaron cada

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

vez más del sistema de justicia penal. Las
fuerzas de seguridad hostigaron y castigaron
a la sociedad civil con el fin de silenciar las
críticas. Así, los defensores y defensoras de
los derechos humanos sufrieron amenazas,
detenciones y reclusiones por su trabajo
pacífico, mientras que la oposición política
fue atacada, y algunos de sus activistas y de
sus cargos, encarcelados tras juicios injustos.
Las autoridades continuaron obstaculizando
las protestas pacíficas.
En Malasia se intentó asfixiar la disidencia
pacífica y la libertad de expresión con el uso
generalizado de la legislación sobre
seguridad nacional y otras leyes restrictivas.
El parlamentario y denunciante de
irregularidades Rafizi Ramli, que reveló
información sobre casos graves de
corrupción, fue condenado a 18 meses de
cárcel. Los periodistas de la página web de
noticias Malaysiakini fueron intimidados y
amenazados por grupos parapoliciales. Al
finalizar el año, la página se había visto
obligada a cerrar.
En Vietnam, los defensores y defensoras
de los derechos humanos eran víctimas de
amenazas y agresiones. Los presos y presas
de conciencia eran recluidos en cárceles y
otros centros de detención y sometidos a
desaparición forzada, tortura y otros malos
tratos, tales como aplicación de descargas
eléctricas, palizas brutales, reclusión
prolongada en régimen de aislamiento —en
ocasiones, en oscuridad y silencio totales—,
y negación de tratamiento médico.
Las autoridades vietnamitas también se
encargaron de reprimir a quienes se
manifestaban pacíficamente, y cuando el
presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, visitó el país en mayo, detuvieron,
intimidaron y hostigaron a activistas
pacíficos.
El nuevo gobierno de Myanmar, liderado
por la Liga Nacional para la Democracia,
tomó medidas para reformar leyes represivas
que desde hacía tiempo se empleaban
contra activistas y personal de los medios de
comunicación. Sin embargo, aún quedaba
mucho por hacer, como ponían en
evidencia casos como el de dos trabajadores

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de un medio de comunicación, que fueron
detenidos en noviembre por presunta
“difamación en Internet” en relación a un
artículo sobre denuncias de corrupción
gubernamental.
En Timor Oriental, las fuerzas de seguridad
fueron acusadas de homicidios ilegítimos,
tortura y otros malos tratos, detenciones
arbitrarias, y restricción arbitraria de la
libertad de expresión y de reunión pacífica.
En Fiyi, los medios de comunicación se
vieron afectados por restricciones arbitrarias
sobre la libertad de expresión, y se multó y
encarceló a periodistas, mientras que en
Singapur se hostigó y enjuició a blogueros y
disidentes.
Por último, en Filipinas, hombres armados
no identificados y milicias armadas atacaron
y mataron a defensores y defensoras de los
derechos humanos y a periodistas.

PERSONAS EN MOVIMIENTO
Australia mantuvo su abusivo régimen de
tramitación de la inmigración en Nauru y la
isla de Manus (Papúa Nueva Guinea). El
acuerdo de Australia con Nauru para el
traslado de personas contravenía el derecho
internacional y, en la práctica, dejaba a la
población refugiada y solicitante de asilo
atrapada en una cárcel al aire libre.
Técnicamente, estas personas no estaban
detenidas, pero no podían irse, y se
encontraban aisladas en la remota isla de
Nauru, en el Pacífico, aunque hubieran sido
reconocidas oficialmente como refugiados.
La política del gobierno australiano de
“tramitación” de casos de personas
refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru
suponía un régimen deliberado y sistemático
de abandono y crueldad concebido para
infligir sufrimiento, y era constitutiva de
tortura en virtud del derecho internacional.
Con ella, la protección quedaba reducida al
mínimo, mientras que se infligía el máximo
dolor posible, y había sido ideada para
disuadir a algunas de las personas más
vulnerables del mundo de buscar refugio en
Australia.
En Nauru, entre la población refugiada y
solicitante de asilo eran habituales las

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enfermedades mentales y los incidentes de
autolesión, como ponía de manifiesto el caso
del refugiado iraní Omid Masoumali, que
murió tras haberse prendido fuego. Otras
personas, algunas menores de edad, recibían
atención médica inadecuada, y eran víctimas
de constantes agresiones físicas y verbales,
hostilidad generalizada y detenciones y
reclusiones arbitrarias, mientras que los
autores de estos abusos quedaban
sistemáticamente impunes.
Australia se negó a cerrar sus centros de
Nauru y la isla de Manus, y preveía incluso
aprobar una ley para impedir de forma
permanente que las personas atrapadas en
esos lugares obtuvieran visados australianos,
añadiendo así más injusticia a una situación
ya injusta, en violación del derecho
internacional.
Nueva Zelanda reiteró públicamente su
compromiso de reasentar cada año a 150
refugiados procedentes de Nauru y de la isla
de Manus en virtud del acuerdo alcanzado
en 2013 con Australia que, no obstante,
Australia se había negado a aplicar.
En Malasia, las condiciones de los
masificados centros de detención para
inmigrantes eran duras. Un total de mil
personas, entre ellas más de 400 rohingyas
que habían permanecido a la deriva frente a
las costas de Malasia hasta que las
autoridades accedieron a aceptarlos en mayo
de 2015, llevaban más de un año recluidas,
soportando duras condiciones. En junio, la
mayoría de los rohingyas quedaron en
libertad, y algunos fueron reasentados.
En Tailandia, al no existir marco ni
procesos y procedimientos legales para la
acogida de personas refugiadas y solicitantes
de asilo, muchas de ellas quedaban
expuestas a detenciones arbitrarias y a otras
violaciones de sus derechos. Al carecer de
un estatuto jurídico reconocido en virtud de
la legislación tailandesa, las personas
refugiadas y solicitantes de asilo —incluidos
menores de edad— continuaban siendo
tratadas como migrantes en situación
irregular y, de conformidad con la Ley de
Inmigración, podían ser recluidas de forma
indefinida en centros de detención para

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

inmigrantes, que podían no ajustarse a las
normas internacionales sobre reclusión.
Entre las personas recluidas en dichos
centros había decenas de rohingyas
procedentes de Myanmar, que llevaban en
esta situación desde su llegada al país por
mar en 2015.
Las autoridades indonesias recurrieron a
burdas tácticas intimidatorias en Aceh,
poniendo incluso en peligro la vida de un
grupo de más de 40 solicitantes de asilo
tamiles de Sri Lanka —entre ellos una mujer
en avanzado estado de gestación y nueve
menores de edad—, al efectuar disparos de
advertencia y amenazar con devolverlos al
mar, contraviniendo el derecho internacional.

DISCRIMINACIÓN
Decenas de miles de personas
pertenecientes a la minoría rohingya de
Myanmar huyeron del norte del estado de
Rajine ante los ataques de las fuerzas de
seguridad en represalia por el asalto
perpetrado en octubre contra tres puestos
fronterizos y en el que murieron nueve
agentes de policía. Las fuerzas de seguridad,
a las órdenes del ejército, dispararon
indiscriminadamente contra los lugareños e
incendiaron centenares de casas, efectuando
detenciones arbitrarias, y violando a mujeres
y niñas. Por las noches se impuso el toque
de queda, y se prohibió acceder a la zona a
los organismos de ayuda humanitaria. Esta
respuesta equivalía a un castigo colectivo
contra toda la comunidad rohingya del norte
del estado de Rajine, y podría ser constitutiva
de crímenes de lesa humanidad. Numerosas
personas de etnia rohingya que lograron
llegar a Bangladesh como refugiados y
solicitantes de asilo, y que necesitaban
desesperadamente ayuda humanitaria,
fueron rechazadas y devueltas a Myanmar.
Esta crisis se desencadenó en lo que era
ya un entorno de implacable e intensa
discriminación contra la comunidad
rohingya, varios de cuyos derechos —entre
ellos a la libertad de circulación— se
encontraban restringidos. También existía
una constante intolerancia religiosa —
agravada en los últimos años porque el

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

anterior gobierno no había investigado
eficazmente los actos de violencia—,
exacerbada con frecuencia por grupos
nacionalistas budistas de tendencia radical y
dirigida, sobre todo, contra la población
musulmana.
En Indonesia, las autoridades parecían a
menudo más preocupadas por los grupos
religiosos radicales que por respetar y
proteger los derechos humanos. Por ejemplo,
el gobernador de la capital, Yakarta, de
confesión cristiana y primer miembro de la
comunidad de etnia china de Indonesia
elegido para el cargo, fue sometido a una
investigación criminal por presunta
“blasfemia”. La discriminación contra las
personas LGBTI se recrudeció tras las
declaraciones incendiarias, manifiestamente
inexactas y engañosas de algunas
autoridades.
En Papúa Nueva Guinea la violencia
contra las mujeres estaba muy extendida, y
las trabajadoras sexuales eran golpeadas,
violadas, detenidas arbitrariamente y
asesinadas, sin posibilidad de recurrir a la
justicia. Esta falta de protección adecuada se
debía, sobre todo, a las leyes que
penalizaban el trabajo sexual, al estigma que
éste entrañaba y a las normas sociales y
culturales.
El Comité de Derechos Humanos y el
Comité de los Derechos del Niño, ambos de
la ONU, criticaron a Nueva Zelanda por el
elevado número de personas encarceladas y
los altos índices de pobreza infantil y de
violencia intrafamiliar existentes entre la
población maorí (indígena). La violencia
sexual y física contra las mujeres y las niñas
también seguía muy extendida, aunque el
problema había sido ampliamente
reconocido y se habían tomado medidas para
resolverlo.

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PERSPECTIVA
REGIONAL: EUROPA
Y ASIA CENTRAL
“Ahmed H.”, sirio residente en Chipre, fue
juzgado por cargos de terrorismo el 30 de
noviembre de 2016 en Budapest, capital de
Hungría. Estaba acusado de organizar
enfrentamientos entre la policía y personas
refugiadas tras el cierre repentino de la
frontera de Hungría con Serbia en
septiembre de 2015. Su procesamiento
reflejaba la equiparación que hacía el
gobierno de las personas solicitantes de asilo
musulmanas con amenazas terroristas. En
realidad, Ahmed H. se encontraba allí
simplemente porque estaba ayudando a su
anciano padre y su anciana madre, sirios
como él, a huir de su país arrasado por la
guerra. Admitió que había lanzado piedras a
la policía al verse atrapado en la reyerta, pero
sostuvo que la mayor parte del tiempo había
intentado calmar a la multitud, como
confirmaban múltiples testigos en sus
declaraciones. A pesar de ello fue declarado
culpable y se convirtió en símbolo trágico y
escalofriante de un continente que daba la
espalda a los derechos humanos.
En 2016, los mensajes y movimientos
populistas irrumpieron en el discurso
preponderante. Políticos de toda la región
sacaron provecho de un sentimiento
generalizado de marginación e inseguridad.
Los blancos de sus ataques eran muy
diversos: las élites políticas, la UE, la
inmigración, los medios de comunicación
liberales, los musulmanes, los extranjeros, la
globalización, la igualdad de género y la
amenaza constante del terrorismo. En
términos de poder, fue en países como
Polonia y Hungría donde consiguieron sus
mayores logros, pero más al oeste forzaron
también a los preocupados partidos
mayoritarios a expresarse en gran medida
como ellos y a abrir la puerta a muchas de
sus políticas. El resultado fue el
debilitamiento generalizado del Estado de

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derecho y la erosión de la protección de los
derechos humanos, sobre todo para las
personas refugiadas y para las sospechosas
de terrorismo, pero en definitiva para
cualquiera.
Más al este, líderes ya consolidados
afianzaron su férreo control del poder. En
Tayikistán, Azerbaiyán y Turkmenistán se
introdujeron reformas constitucionales que
ampliaban la duración del mandato
presidencial. En Rusia, el presidente Vladimir
Putin se mantuvo en la cresta de la
popularidad generada por las incursiones
rusas en Ucrania y la renaciente influencia
rusa en el ámbito internacional, mientras
dentro del país debilitaba la sociedad civil. En
toda la antigua Unión Soviética persistió la
represión selectiva y constante de la
disidencia y la oposición política.
Los episodios más turbulentos de la región
tuvieron lugar en Turquía, que se vio
sacudida por continuos enfrentamientos en
el sureste, sucesivos atentados con
explosivos y disparos y, en julio, un violento
intento de golpe de Estado. El retroceso del
gobierno en materia de derechos humanos
se aceleró drásticamente tras la intentona
golpista. Tras identificar como responsable a
Fethullah Gülen, antiguo aliado convertido en
feroz enemigo, las autoridades turcas
procedieron a aplastar con rapidez el extenso
movimiento que había creado. Se despidió
por decreto ejecutivo a unos 90.000
funcionarios y funcionarias públicos, en su
mayoría presuntos gulenistas. Al menos
40.000 personas fueron detenidas y
recluidas sin cargos en medio de denuncias
generalizadas de tortura y otros malos tratos.
Se cerraron cientos de medios de
comunicación y ONG y hubo detenciones de
periodistas, profesorado universitario y
miembros del Parlamento a medida que la
represión dejaba de estar circunscrita
únicamente a los organizadores del golpe de
Estado y se extendía a otras voces disidentes
y pro kurdas.

PERSONAS EN MOVIMIENTO
Tras la llegada por mar de algo más de un
millón de personas refugiadas y migrantes en

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

2015, los Estados miembros de la UE
estaban decididos a reducir drásticamente su
número en 2016. Y lo consiguieron, pero
haciéndoles pagar —completamente a
sabiendas— un precio considerable en
términos de sus derechos y su bienestar.
Al final de diciembre, unas 358.000
personas refugiadas y migrantes habían
conseguido culminar su viaje a Europa.
Aumentó levemente el número de personas
que tomaron la ruta del Mediterráneo central
(hasta unas 170.000), pero las llegadas a las
islas griegas experimentaron un acusado
descenso (de 854.000 a 173.000), debido
casi exclusivamente al acuerdo de control
migratorio entre la UE y Turquía firmado en
marzo. La Organización Internacional para
las Migraciones calculó que 5.000 personas
habían perecido en el mar, un número récord
en comparación con las 3.700 del año
anterior.
La respuesta emblemática de la UE a la
llamada “crisis de refugiados” fue el acuerdo
con Turquía. Se ofrecieron 6.000 millones de
euros a este país para que patrullara su litoral
y aceptara la devolución de solicitantes de
asilo que hubieran conseguido llegar a las
islas griegas. El acuerdo se basaba en la
premisa falsa de que Turquía ofrecía a
quienes solicitaban asilo todas las garantías
de protección que tendrían en la UE. Con un
sistema de asilo que apenas funcionaba y
casi tres millones de personas refugiadas
sirias que ya atravesaban dificultades para
salir adelante en Turquía, tal argumento era
prueba de que la UE estaba dispuesta a
pasar por alto los derechos y medios de vida
de las personas refugiadas para conseguir
sus fines políticos.
Aunque el ritmo de llegadas descendió
hasta unos pocos miles al mes por término
medio, continuó poniendo gravemente a
prueba la capacidad de acogida de las islas
griegas. Al concluir el año había alrededor de
12.000 personas refugiadas y solicitantes de
asilo atrapadas en ellas, viviendo en centros
improvisados donde soportaban condiciones
de hacinamiento, falta de higiene y peligro
cada vez peores. La precariedad de las
condiciones desencadenó periódicamente

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

disturbios en los campos de acogida, algunos
de los cuales también sufrieron ataques de
residentes locales acusados de vinculación
con grupos ultraderechistas. Las condiciones
de vida de unas 50.000 personas refugiadas
y migrantes en territorio continental griego
apenas eran mejores. Al final del año, la
mayoría había encontrado refugio en centros
oficiales de acogida. Sin embargo, casi todos
estos centros consistían en tiendas de
campaña y almacenes abandonados y no
eran aptos para residir en ellos más de unos
días.
Al final del año, el acuerdo entre la UE y
Turquía, aunque continuaba en vigor, parecía
cada vez más endeble. Sin embargo, para
entonces resultaba ya evidente que sólo era
la primera línea de defensa. La segunda
iniciativa para impedir llegadas a Europa fue
el cierre en marzo de la ruta de los Balcanes
al norte de Grecia. Se persuadió a Macedonia
y a los países balcánicos que formaban parte
de la ruta para que mantuvieran cerradas sus
fronteras con la ayuda de guardias de
fronteras de diversos países europeos. La
medida fue promovida inicialmente por el
primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y
adoptada después por Austria. Para muchos
dirigentes de la UE, la terrible situación de
las personas refugiadas atrapadas en Grecia
era claramente un precio asumible para
disuadir a otras de que vinieran.
La insolidaridad con las personas
refugiadas y con otros Estados miembros
caracterizó las políticas migratorias de la
mayoría de los países de la UE, que sólo
hicieron planes conjuntos para restringir la
entrada y acelerar las devoluciones. Prueba
de ello fue el fracaso del emblemático
programa de reubicación de la UE. Adoptado
por los jefes de Estado de la UE en
septiembre para repartir la responsabilidad
de recibir al gran número de personas
refugiadas, que llegaban sólo a un reducido
número de países, el programa preveía la
reubicación de 120.000 personas en toda la
UE desde Italia, Grecia y Hungría en el plazo
de dos años. Cuando Hungría rechazó el
programa, pensando que era mejor solución
cerrar sin más sus fronteras, su cuota se

47

reasignó a Grecia e Italia. Al final del año,
sólo unas 6.000 personas habían sido
reubicadas desde Grecia y algo menos de
2.000 desde Italia.
El programa de reubicación iba
acompañado de otra iniciativa de la UE,
emprendida en 2015: el “enfoque de puntos
críticos”. Este plan, auspiciado por la
Comisión Europea, preveía el establecimiento
de grandes centros de tramitación en Italia y
Grecia para identificar y tomar las huellas
dactilares a las personas recién llegadas,
evaluar con rapidez sus necesidades de
protección y, según el caso, tramitar sus
solicitudes de asilo, reubicarlas en otros
países de la UE o devolverlas a sus países de
origen (o a Turquía, en el caso de las que
llegaban a Grecia). Al desaparecer en la
práctica el elemento de reubicación del
programa, Italia y Grecia tuvieron que asumir
la tremenda carga de tomar las huellas
dactilares, tramitar los casos y devolver al
mayor número posible de migrantes. Hubo
episodios de malos tratos para conseguir
huellas dactilares, detención arbitraria de
migrantes y expulsión colectiva. En agosto,
40 personas, muchas procedentes de Darfur,
fueron devueltas a Sudán poco después de la
firma de un memorándum de entendimiento
entre las policías italiana y sudanesa. A su
llegada a Sudán, fueron interrogadas por el
Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional
sudanés, implicado en graves violaciones de
derechos humanos.
La tendencia a devolver al mayor número
posible de migrantes fue un rasgo cada vez
más representativo de la política exterior de
la UE y sus Estados miembros. En octubre, la
UE y Afganistán firmaron un acuerdo de
cooperación que denominaron “Camino
Conjunto”. Firmado a raíz de una conferencia
de donantes, el acuerdo obligaba a
Afganistán a colaborar en la devolución de
solicitantes de asilo de nacionalidad afgana
cuyos casos fueran rechazados (el índice de
reconocimiento de solicitantes de asilo de
Afganistán se redujo en casi todos los países
a pesar de la inseguridad creciente allí),
incluidos los menores no acompañados.

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La preponderancia de la gestión de la
migración en la política exterior de la UE se
plasmó de manera explícita en otro
documento, el Marco de Asociación,
aprobado por el Consejo Europeo en junio y
que proponía presionar a los países —a
través de la ayuda humanitaria, el comercio y
otras fuentes de fondos— para que redujeran
el número de migrantes que alcanzaban las
costas de la UE, y al mismo tiempo negociar
acuerdos de readmisión y cooperación en el
control de las fronteras, incluso con países
que cometían abusos en serie contra los
derechos humanos.
El afán por externalizar la gestión europea
de la migración fue acompañado de medidas
para restringir el acceso al asilo y los
beneficios asociados a él en el ámbito
nacional. La tendencia se observó sobre todo
en los otrora generosos países nórdicos:
Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega
aprobaron reformas regresivas de su
legislación sobre asilo; en el caso de
Noruega, para garantizar que tenía “la
política sobre refugiados más estricta de
Europa”. Finlandia, Suecia y Dinamarca, así
como Alemania, restringieron o demoraron el
acceso de las personas refugiadas a la
reagrupación familiar.
Los Estados más próximos a las
principales fronteras exteriores de la UE
fueron los que adoptaron las medidas más
estrictas. En enero, el gobierno austriaco
anunció un límite de 37.500 solicitudes de
asilo para el año. En abril, se introdujo una
reforma de la Ley de Asilo que facultaba al
gobierno para declarar una situación de
emergencia en caso de llegada de grandes
cantidades de solicitantes de asilo, lo que
activó la tramitación acelerada de solicitudes
en la frontera y la devolución inmediata, sin
causa razonada, de las personas rechazadas.
El deterioro del sistema de asilo en Europa
alcanzó sus peores cotas en Hungría. Tras
construir una valla a lo largo de casi toda su
frontera con Serbia en septiembre de 2015 y
reformar su legislación sobre asilo, el
gobierno húngaro introdujo un conjunto de
medidas en 2016 que ocasionaron violentas
expulsiones inmediatas en la frontera con

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

Serbia, detenciones ilegítimas dentro del país
y precarias condiciones de vida para quienes
esperaban en la frontera. Mientras el
gobierno gastaba millones de euros en una
campaña publicitaria xenófoba para
promover su referéndum —al final fallido—
en contra del programa de reubicación de la
UE, se dejó totalmente desatendidas a las
personas refugiadas. Al final del año
continuaban abiertos los procedimientos de
infracción iniciados por la Comisión Europea
por múltiples quebrantamientos del derecho
internacional y de la UE en materia de asilo.
Al otro extremo de Europa, en Francia, la
acumulación de migrantes y solicitantes de
asilo en el campo de “La jungla”, en Calais, y
su desalojo en octubre pasaron a ser tan
representativos de las fallidas políticas
migratorias de Europa como los campos
superpoblados de las islas griegas de Lesbos
y Quíos y los refugios improvisados frente a
las alambradas de espino de Hungría.
Los impresionantes esfuerzos que hizo
Alemania para acoger a casi un millón de
personas que habían llegado al país el año
anterior y tramitar sus solicitudes de asilo
fueron posiblemente la única respuesta
gubernamental positiva a la “crisis de
refugiados” en Europa. En general, fueron
ciudadanos corrientes quienes demostraron
la solidaridad de la que carecían sus
dirigentes. En incontables centros de acogida
de toda Europa, decenas de miles de
personas demostraron una y otra vez que el
debate cada vez más tóxico sobre la
migración tenía otra cara, dando la
bienvenida y ofreciendo su apoyo a las
personas refugiadas y migrantes.

SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
Más de un centenar de personas perdieron la
vida y muchas más resultaron heridas en
violentos atentados perpetrados en Francia,
Bélgica y Alemania. Fueron víctimas de
disparos efectuados por hombres armados,
masacradas en atentados suicidas con
explosivos o atropelladas intencionadamente
cuando caminaban por la calle. Proteger el
derecho a la vida y tomar medidas para

Informe 2016/17 Amnistía Internacional

permitir a las personas vivir, circular y pensar
libremente se convirtió en una preocupación
cada vez más acuciante para los gobiernos
de toda Europa. Sin embargo, muchos
respondieron al reto de hacer valer estas
libertades fundamentales aprobando a toda
prisa medidas antiterroristas que iban en
detrimento de los derechos humanos y los
valores mismos que estaban siendo
atacados.
En 2016 se observó un cambio radical de
paradigma: del planteamiento de que la
función de los gobiernos era proporcionar
seguridad para que las personas pudieran
disfrutar de sus derechos se pasó a la idea
de que debían restringir los derechos de las
personas para proporcionar seguridad. El
resultado ha sido una peligrosa redefinición
de los límites entre los poderes del Estado y
los derechos de las personas.
Una de las tendencias más alarmantes fue
el empeño de los Estados en facilitar la
declaración y prolongación del “estado de
excepción”. Hungría abrió el camino con la
adopción de legislación que establecía
amplios poderes ejecutivos en caso de
declararse el estado de excepción, como
prohibir reuniones públicas, imponer graves
restricciones a la libertad de circulación y
congelar activos sin supervisión judicial. El
Parlamento de Bulgaria aprobó en primera
votación un conjunto de medidas semejantes
en julio. En diciembre, Francia prorrogó por
quinta vez el estado de excepción impuesto
tras los atentados de noviembre de 2015. Los
poderes de excepción se ampliaron
considerablemente en la prórroga de julio,
con la reintroducción de la facultad de
realizar registros domiciliarios sin
autorización judicial previa (suprimida en una
prórroga anterior) y nuevas atribuciones para
prohibir actos públicos por motivos de
seguridad pública, que se utilizaron de
diversas formas para prohibir
manifestaciones. Según datos publicados por
el gobierno en diciembre de 2016, desde
noviembre de 2015 se habían llevado a cabo
4.292 registros domiciliarios y se habían
dictado órdenes de asignación de residencia
contra 612 personas, por lo que se temía que

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los poderes de excepción estuvieran
utilizándose de manera desproporcionada.
En varios Estados europeos se
incorporaron al derecho penal ordinario
medidas que en otro tiempo se consideraban
excepcionales, como la ampliación del
periodo de detención sin cargos por
presuntos delitos de terrorismo en Eslovaquia
y Polonia, y la propuesta de hacer lo mismo
respecto a todos los delitos en Bélgica. En
Países Bajos y Bulgaria se presentaron al
Parlamento propuestas para introducir
medidas de control administrativo dirigidas a
restringir la libertad de circulación sin
autorización judicial previa. Los primeros en
aplicar tales medidas de control, equivalentes
en algunos casos a arresto domiciliario,
fueron Reino Unido y Francia. La decisión de
imponerlas se basaba en expedientes de
seguridad secretos, por lo que en la práctica
las personas afectadas no podían
impugnarlas pese a los efectos perjudiciales
para su vida y su familia.
Se procesó a cientos de personas por
delitos de disculpa o enaltecimiento del
terrorismo, conculcando su derecho a la
libertad de expresión, sobre todo en Francia
y, en menor grado, en España, a menudo por
comentarios publicados en redes sociales.
Una propuesta de directiva de la UE para
combatir el terrorismo, que al final del año
seguía pendiente de aprobación, daba paso a
la proliferación de tales leyes. En Alemania se
presentó una propuesta para prohibir el
impreciso acto de “promoción del
terrorismo”, y en Bélgica y Países Bajos se
presentaron al Parlamento sendos proyectos
de ley que establecían delitos parecidos.
En toda Europa, los Estados reforzaron
considerablemente sus poderes de vigilancia,
desobedeciendo reiteradas resoluciones del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
según las cuales la vigilancia secreta y la
interceptación y conservación de datos de
comunicaciones violaban el derecho a la
privacidad si no se basaban en una sospecha
razonable de actividad delictiva grave ni se
ejercían en la medida estrictamente
necesaria para contribuir de manera efectiva

50

a combatir esa actividad. Ambos tribunales
habían declarado en repetidas ocasiones que
la legislación nacional sobre vigilancia debía
ofrecer garantías suficientes frente al uso
indebido, como la autorización previa de un
tribunal u otra autoridad independiente.
Reino Unido fue posiblemente el Estado que
introdujo el conjunto de facultades de
vigilancia masiva y selectiva de mayor
alcance con la aprobación de la Ley de
Poderes de Investigación en noviembre.
Conocida popularmente como “ley del
fisgón”, permitía un amplio conjunto de
imprecisas prácticas de interceptación,
interferencia y conservación de datos e
imponía a las empresas privadas nuevas
obligaciones sobre el almacenamiento de
datos de comunicaciones. Todas las
atribuciones que establecía la nueva ley,
tanto de vigilancia específica como general,
podían ser autorizadas por un ministro del
gobierno tras ser sometidas —en la mayoría
de los casos aunque no en todos— a la
consideración de un órgano cuasijudicial
cuyos miembros designaba el primer
ministro. En diciembre, el Tribunal de Justicia
de la UE resolvió que la legislación británica
sobre vigilancia violaba el derecho a la
intimidad.
Además de Reino Unido, a lo largo del año
aprobaron nueva legislación sobre vigilancia
Austria, Suiza, Bélgica, Alemania, Rusia y
Polonia. Con ligeras variaciones, la legislación
introducía amplios poderes para recopilar y
almacenar datos electrónicos y realizar
actividades de vigilancia selectiva de
personas sospechosas o de grupos
específicos definidos de manera muy poco
precisa, con escasa o nula supervisión
judicial. Al final del año había propuestas
legislativas pendientes de aprobación en
Países Bajos y Finlandia.

DISCRIMINACIÓN
En toda Europa, las personas musulmanas y
migrantes corrían riesgo de discriminación y
aplicación de criterios raciales por parte de la
policía, tanto en relación con las facultades
para combatir el terrorismo como en las

Informe 2016/17 Amnistía Internacional