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ÍNDICE
02 03
Resumen ejecutivo

Presentación

11
19
30

14
23
32

Criminalización de la
sociedad civil

Persecución

Recomendaciones

06

Decretos Presidenciales y
situación jurídica de los
DDHH en el marco del
COVID-19

Detenciones arbitrarias

Intimidación y amenazas

Definición de términos

18

Desaparición forzoda

27
34

Conclusión

Referencias bibliográficas

Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

RESUMEN
EJECUTIVO

La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, por sus siglas (FUNDEHULLAN), ha
concentrado su esfuerzo en documentar la situación actual de los derechos humanos
en el periodo correspondiente al año 2020, dentro del contexto de la pandemia el
COVID-19, y observa con preocupación los distintos actos cometidos por el estado,
en contra de los ciudadanos, actos que constituyen violaciones a los derechos
humanos, específicamente los derechos civiles y políticos.
Ante la emergencia que ocasiono la pandemia, y debido a su rápido y eficiente
contagio transformándose en pandemia mundial, el gobierno venezolano sumergido
en una crisis humanitaria desde hace varios años, comenzó con una serie de políticas
dirigidas a incrementar desde el mes de marzo del año 2020, el temor o alarma
sobre los ciudadanos, utilizando esto como mecanismo para consolidar su poder
político e incrementar los niveles de censura, represión y criminalización en contra
de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, en especial
aquellas que denuncian la crisis humanitaria existente, y aquellas dedicadas a la
defensa de los derechos humanos.
En este mismo contexto, la finalidad establecida en el artículo 2 constitucional, es
decir, estado social democrático de derecho y de justicia, es ilusoria debido a la
franca fractura o deterioro de las instituciones de este, por lo que el gobierno ha
incrementado los ataques en contra de los defensores de derechos humanos, cuyas
voces han querido ser silenciadas en todas las regiones del país.
Por lo que, no es difícil inferir que el aumento de las violaciones a derechos civiles y
políticos, ha generado un patrón sistemático de tales violaciones, evidenciándose
ciertos patrones que son cada vez más comunes, y que permiten a las
organizaciones internacionales tener motivos fundados para considerar que en
Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, desde un periodo de
tiempo considerable.
Es así como, FUNDEHULLAN, pudo documentar durante el año 2020, violaciones a
derechos fundamentales como la Libertad personal, con detenciones arbitrarias,
desapariciones forzadas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; allanamientos
ilegales, actos de intimidaciones y amenazas, entre otros que vulneran los derechos
de la sociedad civil venezolana, y esta realidad es también inminente a la región
llanera de Venezuela.
Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

PRESENTACIÓN
Desde la Fundación de Derechos Humanos de
presentamos la primera edición del Informe
generado por la pandemia Covid-19, y los
vulneraciones a los derechos humanos en
correspondiente al periodo 2020-2021.

los Llanos, (FUNDEHULLAN)
Anual sobre el contexto
patrones sistemáticos de
la región de los llanos,

Para los venezolanos, especialmente los que viven en la región de los llanos
(Barinas, Apure, Cojedes, Guárico y Portuguesa) definieron el año 2020, como
un año de cambios radicales; enfrentándose a una pandemia que afecto a
toda la población, aunado a esto la crisis económica, social y política que
atraviesa el país género en la sociedad la necesidad de desarrollar medios
alternativos de subsistencia para reinventarse y establecer nuevas
estrategias en garantía del ejercicio de derechos fundamentales como el
derecho a la alimentación, la salud, la vida, entre otros.
Ante la propagación de la pandemia el COVID-19 el equipo de
FUNDEHULLAN que se encuentra desplegado en toda la región de los llanos,
se adaptó a la nueva modalidad de trabajo, a pesar de las limitaciones que
existen en el país, del confinamiento y de la cuarentena con distanciamiento
social decretada por el Gobierno nacional, realizó un gran esfuerzo desde
las plataformas digitales para continuar con la documentación de la
situación actual de los derechos humanos y su promoción, difusión y defensa.
Por lo que, para la construcción de este informe utilizamos una metodología
Descriptiva documental, basada en información obtenida por el equipo
Jurídico de la fundación, a través de la observación realizada durante una
serie de visitas a los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa,
en las cuales se aplicaron instrumentos de recolección de datos como
entrevistas, en un número de noventa (90), con víctimas, testigos de
violaciones de derechos humanos. Igualmente la información obtenida y que
da el fundamento al presente informe proviene de fuentes directas como
abogados, activistas locales de derechos humanos de las respectivas
ciudades.
Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

Como se dijo anteriormente, ante la situación de excepción Covid-19, un
treinta (30) por ciento de la información analizada fue recopilada a través
de medios informativos, páginas web, medios y plataformas digitales. De
acuerdo a lo anterior, el grupo jurídico de FUNDEHULLAN constituyo un
equipo de monitoreo y observación para los derechos humanos, con el fin de
actuar con la debida diligencia, y de acuerdo al concepto doctrinario
jurídico “Como buen padre de Familia” para confirmar la credibilidad y
fiabilidad de las fuentes utilizadas, y de esta manera poder verificar la
validez de la información suministrada.
Así mismo, Se elaboraron los cálculos correspondientes de acuerdo a la
data colectada, y con ello generar las tablas y gráficos que ilustran este
informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación
al derecho, seguidos de mención a casos específicos de víctimas plenamente
identificadas.
En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes
violadores o responsables (FAES, GNB, POLICÍA NACIONAL Y ESTADAL, SEBIN),
e igualmente varias víctimas. Así mismo, FUNDEHULLAN solicitó el
consentimiento de las personas entrevistadas para ampliar la información
facilitada. Igualmente, se garantizó la confidencialidad de sus identidades
por temor a represalias por parte de los representantes del Estado.

Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

DECRETOS PRESIDENCIALES Y SITUACIÓN
JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
MARCO DEL COVID-19.
En el primer trimestre del año 2020, la población a nivel mundial observaba
con preocupación la propagación de la pandemia el COVID-19, las
organizaciones internacionales, especialmente la Organización Mundial de
la Salud (OMS), alerto a los países de la nueva pandemia que se esparcía por
el mundo cobrando miles de vidas y generando incertidumbre y terror en la
población. Para el día trece (13) de marzo, Venezuela entra en un estado de
alarma decretado por el Estado Fallido, mediante el Decreto No. 4.160 de la
Presidencia de la República publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria
No. 6.519.
El estado de alarma, es uno de los estados de excepción descritos en la
Constitución Bolivariana de Venezuela, específicamente en los artículos 337,
338 y 339, donde se describe que este estado se declarará "Cuando se
produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos
similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de
sus ciudadanos y ciudadanas." (CRBV, 1999, art. 338).
Es así como el día trece (13) de marzo, el representante del Gobierno,
presidente de la República Nicolás Maduro, informó sobre las diversas
medidas que tendrían que adoptarse durante las semanas siguientes, entre
ellas, restricciones a la circulación y libre tránsito, suspensión de actividades
académicas presenciales, suspensión de eventos y manifestaciones públicas,
cierre de fronteras y suspensión de vuelos, uso obligatorio de mascarillas,
entre otras.
El veintitrés (23) de marzo, se dictaron tres Decretos presidenciales relativos
al estado de alarma: el primero para ratificar la inamovilidad laboral en los
sectores público y privado; el segundo para dictar “medidas de protección
económica”; y el tercero sobre suspensión del pago de cánones de
arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como
vivienda principal.
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los Llanos

En el transcurso del año 2020, el decreto sobre estado de excepción
experimentó sucesivas prórrogas, y tal como se advirtió en el mes de
mayo, implica una incongruencia constitucional, puesto que los estados de
excepción son dictados para circunstancias específicas, extraordinarias y
temporales.
El Estado ha aprovechado el estado de alarma para otorgar facultades
ilimitadas al Presidente de la República, y al poder ejecutivo en general,
para así otorgar poder a través de leyes habilitantes, inclusive en materia
penal, siendo esta materia de Reserva Legal, a estos con la finalidad de
incrementar las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos,
por ello, sin duda alguna se puede afirmar que existe un patrón
sistemático de violaciones en contra de la sociedad civil, especialmente
contra de periodistas, defensores y activistas de derechos humanos,
educadores y personal de salud.
De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, en este informe se
documentaron los tipos de violaciones sistemáticas a los derechos
humanos en la región llanera (estados Barinas, Apure, Guárico, Cojedes y
Portuguesa) que configuran con meridiana claridad un patrón seguido
por parte del Gobierno, para materializar en un 70% de los casos, la
apertura de procedimientos de carácter judicial o administrativo en
contra de quienes adversan su gestión, procedimientos en los cuales no se
ha observado el respeto a las garantías procesales establecidas en el
artículo 49 constitucional, siendo esto una franca violación al derecho a
la defensa y la tutela judicial efectiva, característica de un estado social
de derecho y de justicia.
Las siguientes son las violaciones documentadas en los estados de la
Región Llanera (Barinas, Apure, Guárico, Cojedes y Portuguesa) durante el
periodo en mención 2020.
1.- Vulneración a Libertad personal, detenciones Arbitrarias.
2.- Acoso y persecución a activistas de derechos humanos, periodistas,
defensores y demás miembros de la sociedad civil, políticos y sociales
3.- Apertura de procedimientos judiciales

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4.- Vulneración a la integridad física, trato cruel o tortura en los centros de
reclusión
5.- Desaparición forzada
Sin duda alguna, tipificadas como violaciones a los derechos humanos, por
normas penales internas en nuestro país, y de acuerdo a la normativa
internacional relativa a Derechos Humanos, Civiles y Políticos, viéndose
afectados principalmente el derecho a la libertad personal, derecho al libre
tránsito, derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión
entre otros.
Aunado a esto, la gravedad de la situación sanitaria, el deterioro del
funcionamiento de los servicios públicos básicos, el aumento de la
criminalización y la estigmatización de la labor que desempeñan los periodistas,
abogados, defensores y activistas de derechos humanos, es así como, el año
2020, estuvo marcado por la profundización de la Emergencia Humanitaria
Compleja, situación que intensifica la vulneración de la población venezolana, a
la que no escapa la población llanera y de sus derechos fundamentales. En un
contexto de pandemia, la mayoría de los venezolanos carecen de acceso a
servicios públicos, lo que dificulta e imposibilita la toma de medidas de
prevención y de protección ante el COVID-19.
El incremento en el fallecimiento del personal de la salud (enfermeros, médicos
y trabajadores de la salud entre otros) en los distintos centros de asistencia de
la región de los llanos venezolanos (estados Barinas, Apure, Guárico, Cojedes y
Portuguesa), debido a la ausencia de implementos de bioseguridad, para la
atención de los contagiados por Covid-19, es alarmante. Existe, evidentemente
una política cierta y efectiva con respecto a la vacunación de la población, la
incertidumbre es la característica que cobra notoriedad acerca de las vacunas
en nuestro país.
Ante tal situación, los ciudadanos de la región de los Llanos son forzados a
salir a buscar los medios para subsistir y para cumplir las medidas necesarias
para la prevención y protección por pandemia, como se dijo el Estado no
desarrolla mecanismos, ni organismos que brinden información al respecto,
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o que garanticen los equipos de protección de la ciudadanía y de los
profesionales de la salud, como medida para mitigar la alta mortalidad por
el virus y sus variantes, la necesidad de la población ante la crisis económica
y social que vive el país, es evidente.
El resultado es entonces, que el Estado implementa medidas que son
consideradas arbitrarias, para la mayoría de los ciudadanos, ya que están
dirigidas al menoscabo del ejercicio pleno de los derechos constitucionales
manifestados en el desenvolvimiento cotidiano. La crisis económica,
caracterizada por una década de hiperinflación que ha generado el cierre
de la empresa privada, del sector industrial, y comercial, incrementando el
estancamiento de la economía.
Es necesario indicar que, en los estados de la región de los llanos, se
evidenció que las autoridades regionales por medio de los funcionarios de
los cuerpos de seguridad del Estado limitaron el libre tránsito de los
ciudadanos, estableciendo mecanismos de salvoconducto, que incrementan
los niveles de corrupción de los funcionarios encargados de proveer tal
mecanismo para el libre tránsito en el territorio, violando este derecho.
En el contexto de la pandemia el Estado desarrolló un sistema de
cuarentena que consistía en siete días o catorce días de semana radical y
siete días de semana flexible, en la que el comercio aprovechaba para sus
actividades propias del sector, esto con el objetivo de prevenir el contagio,
sin embargo, este sistema generó detenciones masivas de ciudadanos que se
trasladaban en vehículos de motor o de tracción de sangre, los ciudadanos
que fueron víctimas de las detenciones, manifestaron que fueron obligados a
realizar trabajo forzoso y actividades físicas por un tiempo prolongado, y
contrario a las normas de bioseguridad y de distanciamiento social en el
momento de la retención de las personas los funcionarios no se percataban
de la aglomeración que generaban su actuar arbitrario a la ley, lo que se
podía considerar como un foco de propagación y contagio de la pandemia
el COVID-19.
En estos hechos, los ciudadanos señalaron que los funcionarios no
consideraban ni a los adultos de la tercera edad, en muchos casos fueron

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detenidos junto a menores de edad, sin estar presente su representante. La
defensa de los ciudadanos víctimas de las detenciones, es que se vieron
obligados a exponerse y transitar por la falta de alimentos, de medicinas y
en otros casos por cumplir obligaciones laborales informales, para generar
ingresos para poder subsistir.
Por otro lado, el sector de la salud en la región de los llanos (estados
Barinas, Apure, Guárico, Cojedes y Portuguesa) carece de profesionales de la
enfermería y médicos capacitados para atender los casos de contagio, como
consecuencia de la masiva migración que se viene registrando durante los
últimos años de los profesionales de dicha área. A esto se le suma la falta de
insumos médicos, equipos de bioseguridad y condiciones laborales óptimas.

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CRIMINALIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL
En el año 2020, se agudizó las violaciones del derecho a la defensa y la
exigencia del ejercicio efectivo de los derechos humanos persiste. De forma
sistemática el Estado hace uso de distintas formas de violencia para limitar,
obstaculizar y afectar la labor de personas y organizaciones defensoras de
derechos humanos. Los patrones de agresión y amedrentamiento forman
parte de la Política de Criminalización, materializadas en acciones
represivas y de control social que ejerce el Estado, en un entorno de graves
restricciones al espacio cívico y democrático.
En la región de los llanos (estados Barinas, Apure, Guárico, Cojedes y
Portuguesa), existen hechos de criminalización y de estigmatización a
defensores, activistas y a comunicadores sociales, que ejercen su labor de
comunicar los acontecimientos en la región, un ejemplo de lo anteriormente
mencionado se documentó en fecha pasada, el siete (07) de febrero del año
dos mil veinte (2020), dos camionetas del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN), sin placas, estacionaron en la calle frente a la residencia
del defensor de derechos humanos Alexander Olvera, en San Carlos. Los
agentes del SEBIN se quedaron en las afueras de la casa del defensor
durante más de dos horas con las cocteleras policiales de sus camionetas
encendidas.
Esta fue la segunda vez en un periodo corto que Alexander Olvera ha sido
acosado de esta manera. Alrededor de la medianoche del treinta (30) de
enero del mismo año, agentes del SEBIN, en camioneta Toyota sin placas,
aparecieron fuera de su casa y estuvieron por los alrededores durante un
tiempo antes de irse. Alexander Olvera es responsable del área periodística y
de investigación del Centro de Acción y Defensa de los Derechos Humanos
(CADEF), una organización dedicada a la promoción y defensa de los
derechos humanos en Cojedes, al noroeste de Venezuela.

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Ambos incidentes ocurrieron poco después de que miembros de CADEF,
incluyendo a Alexander Olvera, participaran en un evento para la
conformación de la Coalición Anti Corrupción el veintiocho (28) de enero del
año dos mil veinte (2020). Estos son solo los incidentes más recientes de una
serie de actos de intimidación y acoso contra los miembros de la
organización por parte de las autoridades venezolanas
Los periodistas que informaban la situación del suministro de combustible y
de la deficiencia de los servicios públicos, fueron víctimas de intimidación y
hostigamiento por los cuerpos de seguridad del Estado, como el caso que se
registró el pasado treinta (30) de agosto del año 2020, en horas de la
mañana (10:00 am), el reportero independiente Pedro Larez, director de
TvCalles, fundación que defiende y promueve la libertad de expresión, fue
fotografiado por funcionarios policiales, sin indumentaria policial, y presuntos
colectivos, mientras cubría una protesta por gasolina frente a la bomba El
Caney del estado Barinas. El equipo jurídico de la fundación documento el
caso y se mantuvo en alerta antes las posibles acciones que pudieran ejercer
los funcionarios en contra del Periodista Larez y su equipo.
Por otro lado, se documentó el dos (02) de noviembre de dos mil veinte
(2020), la periodista Luisana Suárez, fue víctima de amedrentamiento por
parte de un funcionario público, Suárez informaba a través de los medios, que
el hecho sucedió el lunes dos (02) de noviembre a las 7:47 am cuando ella
recibe un mensaje vía la aplicación de mensajería instantánea (WhatsApp)
por parte de la Directora de Protección Civil Jhoannelis Coronel, con los
siguientes mensajes textuales “Cometiste un error”, “No te metas con la
persona equivocada”, "Documéntate y aprende con quien meterte", la
funcionaria también pide que se elimine la nota de prensa que se había
publicado en la web de Class 98.7 fm y en las redes personales de la
periodista.
La respuesta de la periodista ante los señalamientos de la funcionaria, fue
que no puede eliminar esa información debido a que rinde cuentas ante una
comunidad, la funcionaria la acuso de publicar mentiras y diciéndole que lo
haría por la vía legal, también ratifico la intimidación o amenaza diciendo
textualmente “me vuelves a exponer y el problema será peor así de clara y
así fácil” esto a las 8:32 am.

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Estas acciones en contra de la comunicadora social se produjeron por una
nota de prensa donde ciudadanos de la comunidad Chorreron, denunciaban
una problemática con las personas de protección civil debido a que se había
realizado un préstamo a esta institución de una ambulancia, los ciudadanos
comentaron que realizaron este préstamo debido a que no contaba con los
recursos para habilitar la unidad y a su vez existían dificultades para utilizar
la unidad, entonces llegaron a ese acuerdo con la institución, pero ya han
pasado 8 meses y aseguraban que la unidad ambulancia está en el casco
central del municipio Apartadero del Estado Cojedes sin prestar servicio y
aun deteriorada por lo cual la comunidad y agricultores han mostrado
disposición de reunirse para recolectar los fondos para reactivar la unidad
para ello están exigiendo que se les devuelva la unidad.
El Estado Venezolano insiste en aplicar métodos coercitivos que
obstaculizan e impiden la labor de defensa y acción humanitaria en la región
de los Llanos, incumpliendo los estándares y obligaciones internacionales que
están enmarcadas en proteger a las personas y organizaciones defensoras
como parte de la obligación de proteger los derechos humanos y garantizar
todas sus libertades cívicas para ejercer la labor de defensa.
Cada día se hace más complicada la labor del comunicador social, del
activista y del defensor de Derechos Humanos en estas regiones de
Venezuela, significa enfrentarse a un contexto represivo, con grandes
limitantes al espacio cívico, que incluyen medidas de amedrentamiento,
amenazas y detenciones arbitrarias.
A esto se le suma la censura a medios de comunicación, como pudimos
documentar el cierre arbitrario de la emisora Rumbera Network, ubicada en
la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, hecho acaecido en fecha viernes
trece (13) de noviembre, una representación de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) se encontraba en las
instalaciones de la Emisora Rumbera Network 94.7 fm y procedieron al cierre
de esta planta radial, argumentaron que había problemas con la concesión
lo que no le permitiría operar en el espectro radioeléctrico, incautaron los
equipos que le permitían operar. El director de Rumbera Network Carlos
Borja expreso que esta acción es una violación a la libertad de expresión y a
su vez en los derechos consagrados en el derecho nacional e internacional.
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El director agregó que la emisora siempre estuvo al servicio de la
ciudadanía como medio para difundir las denuncias de las fallas de servicios
públicos y violaciones de derechos humanos.
El veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020), la coordinadora de
milicianos, Marilú Damato, intimidó a los periodistas que cubrían una protesta
del personal de salud a las afueras del Hospital Materno Infantil «Dr. José
Gregorio Hernández» en Acarigua, Portuguesa. La funcionaria además de
insistirle a los periodistas que se retiraran del lugar, grabó con su teléfono
celular a María Gabriela Briceño, del Circuito Regional de Noticias,
Mariangel Moro Colmenárez y Jesús Fonseca de Venezolanos por la
Información (VPI TV), cuando daban cobertura a la protesta que médicos y
enfermeras realizaban exigiendo las mejoras de sus condiciones laborales.

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DETENCIONES
ARBITRARIAS
En el transcurso del año 2020, FUNDEHULLAN documentó más de ciento
cuarenta (140) detenciones arbitrarias dentro del contexto de la pandemia
el covid-19, contra ciudadanos que por urgencia o necesidad incumplían las
restricciones que implemento el Estado en el decreto de alarma, o por
manifestar su descontento a las limitaciones, siendo estas arbitrarias ante la
compleja situación que atraviesa el país. En los diversos estados de la región
de los llanos (Barinas, Cojedes, Portuguesa, Guárico y Apure), se registraron
detenciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano,
quienes posteriormente fueron excarcelados por los tribunales de las distintas
jurisdicciones del país, imponiendo medidas cautelares sustitutivas a la
privación preventiva de libertad.
Durante la recolección de datos para nutrir nuestra documentación
observamos con preocupación los patrones empleados por los funcionarios
adscritos a los cuerpos de seguridad del Estado donde se puede visibilizar las
sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos, específicamente la
libertad personal, por lo que se denunciaron las detenciones arbitrarias en
contra de ciudadanos en el marco del estado de alarma, por Covid-19. Si
bien desde la administración pública de justicia penal, se afirma que las
detenciones se realizaban con el fin de concientizar a los ciudadanos
respecto del uso del tapabocas y del cumplimiento de los horarios de
confinamiento, no es menos cierto que las detenciones estaban dirigidas a
emplear estas personas como obreros de limpieza de los comandos
policiales, y generar en estos una situación de mayor vulnerabilidad ante la
crisis humanitaria compleja que vive el país.
Es también conocido que en algunos casos las personas que habían sido
detenidas fueron obligadas a ingresar a un autobús sin motivo alguno y
trasladados a la comisaria, sometidos a estar por horas de rodillas, a realizar
plantones o entierros de cabeza como forma de castigo.
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Es importante mencionar que este número elevado de detenciones
arbitrarias también corresponde a las detenciones realizadas en contra de
ciudadanos que ejercía su derecho a la manifestación pacífica, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Nacional, manifestaciones
en las que exigían el respeto a sus derechos fundamentales, y a servicios
públicos, que como sabemos es harto conocida la situación de precariedad
de estos.
Por lo general, estos son los perfiles documentados en las
distintas detenciones; citamos: estudiantes universitarios, defensores de
derechos humanos locales, activistas, líderes comunitarios, ciudadanos y
dirigentes políticos de partidos de oposición al Estado venezolano, que de
una forma u otra el gobierno considera peligrosos a la estabilidad política
de este, por lo que en algunos casos el delito imputado a través del Ministerio
Público, es la instigación al odio con fundamento a la reciente Ley Especial,
puesta en vigencia.

Determinación de Casos de Detenciones Arbitrarias
En la región de los llanos se registraron los siguientes casos de detenciones
arbitrarias en el contexto de la pandemia y por ejercer el derecho a la
manifestación pacífica y a libertad de expresión:
El día cuatro (04) de abril de dos mil veinte (2020), aproximadamente a las
ocho de la mañana (8:00 am), se produjo la detención arbitraria de señora
Maritza Rodríguez, Licenciada en Enfermería del hospital Luis Razetti,
residenciada en Sabaneta, capital del municipio Alberto Arvelo Torrealba del
estado Barinas, el hecho se registró cuando se dirigía al hospital gracias a
una cola que le dio un camionero.
El camión fue detenido en una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB), y la Señora Maritza fue detenida por llevar unos medicamentos, ante
lo que estaba sucediendo la profesional de la enfermería sacó el celular
para llamar a una compañera de trabajo para avisarle que iba a llegar
tarde a cumplir con su labor, los GNB alegaron que Maritza les estaba
grabando el procedimiento que ellos estaban realizando, seguidamente fue
trasladada hasta el destacamento de la GNB en el municipio Barinas, fue
interrogada y amedrentada para luego ser dejada en libertad después de
transcurrir más de seis (06) horas desde su detención.
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El equipo jurídico de FUNDEHULLAN se comunicó con las víctimas para
confirmar el hecho y escuchar de primera mano las declaraciones de lo
ocurrido, la Señora Rodríguez señaló que sus derechos fueron vulnerados por
los funcionarios de la GNB.
El trece (13) de abril de dos mil veinte (2020), denunciaron que tres
funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia
Nacional (CONAS) y tres civiles se llevaron al periodista Eduardo Galindo
Peña desde su casa en San Fernando de Apure, hasta la sede del CONAS,
para rendir declaraciones sobre una publicación hecha por el comunicador
en su portal web Senderos de Apure.
Familiares indicaron que los funcionarios y los civiles que llegaron a la casa
del periodista, situada en el sector José Antonio Páez, le solicitaron llevara
consigo su teléfono celular. El comunicador se negó. Diez minutos después,
efectivos de este mismo organismo de seguridad regresaron a la casa del
comunicador en búsqueda de la computadora de trabajo, a lo que se
negaron su hermano Leonardo Galindo Peña, su esposa Yoleide Rodríguez. La
negativa les valió a ambos por su detención. Estos fueron llevados desde la
urbanización José Antonio Páez hasta la sede del CONAS, en la avenida
Primero de Mayo.
El quince (15) de abril de dos mil veinte (2020), fue detenido arbitrariamente
en Barinitas Municipio Bolívar, del estado Barinas por la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB); David Alejandro Alvarado de 28 años de edad, por
manifestar a través de la red social Facebook que todos los ciudadanos
debían organizarse y protestar a las afueras de las bombas para que le
suministren el combustible, por lo que el tribunal dictó privativa de libertad
por 45 días y se le acusó por incitación al odio. Es importante resaltar que
nuestro equipo jurídico se reunió con sus familiares el dieciséis (16) de abril
del mismo año, en horas de la mañana (10:00 am) para darle monitoreo al
caso.
Situación similar se registró el pasado veintisiete (27) de abril de dos mil
veinte (2020), en la comunidad Libertador de Santa Bárbara, Municipio
Ezequiel Zamora de Barinas a las nueve y treinta horas de la noche (09:30
pm)
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Fueron detenidos 4 ciudadanos por ejercer su legítimo derecho a la
protesta, mientras se encontraban caceroleando, puesto que tenían doce (12)
horas sin servicio de electricidad. Es importante mencionar que fueron
detenidos por un comando mixto de cuerpos de seguridad del estado
(Guardia Nacional Bolivariana, Policía estadal) en compañía de un grupo
irregular denominado “Los Boliches”. Nuestro equipo de monitoreo logró
conversar con los familiares y vecinos de los detenidos, quienes dieron su
testimonio, indicando que las detenciones las realizó un grupo armado de la
zona, que actúa como autoridad, denominado “Los Boliches”, una vez se
apersonaron al sitio los policías municipales, este grupo hizo entrega de los
manifestantes para luego ser trasladados a la Sede de la Comandancia
Policial de Santa Barbará, donde fueron sometidos a tratos crueles.
Las víctimas fueron identificados como:
1. Orlando Márquez Contreras, ciudadano Venezolano de 69 años de edad,
quien, a las nueve y treinta horas de la noche (09:30 pm) del día veintisiete
(27) de abril de dos mil veinte (2020), se encontraba caceroleando por los
cortes de luz a las afuera de su residencia, ubicada en la comunidad
Libertador de Santa Bárbara de Barinas, Municipio Ezequiel Zamora, siendo
detenido por una operación mixta de grupos de seguridad del estado
(Guardia Nacional Bolivariana, Policía Estadal), su hija Glener Nalala
Márquez, denunció al equipo investigativo de FUNDEHULLAN, que en el
operativo participo el grupo irregular denominado, Los Boliches.
Posteriormente, en horas de la mañana del día veintinueve (29) de abril del
corriente año, fue trasladado a la sede del CICPC de la ciudad de Barinas,
capital del Estado, donde fue reseñado para luego ser puesto a la orden de
los tribunales. Obtuvimos el testimonio de su hija, quien señalo que ella fue a
llevarle comida a su padre y pudo observar que tenía morados en el brazo,
los funcionarios lo maltrataron físicamente mientras lo trasladaban a la
comandancia. El equipo jurídico de FUNDEHULLAN acompaño a los familiares
durante el trasladado.
2. Lucia Arena Alarcón, venezolana de 49 años de edad, se encontraba en
la comunidad, Libertador del Municipio Ezequiel Zamora, el día veintisiete
(27) de abril del año 2020, en Santa Bárbara de Barinas, protestando por el
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servicio eléctrico que presenta constantes cortes de luz, el hecho se
desarrollo a las afuera de su residencia, fue detenida por una operación
mixta de grupos de seguridad del Estado (Guardia Nacional Bolivariana,
Policía Estadal). La información fue suministrada por sus hijos José Alarcón y
Carlos Alarcón quienes nos dieron una breve reseña de los hechos ocurridos,
de igual manera los abogados de FUNDEHULLAN, acompañaron a sus
familiares durante el traslado de la ciudadana a la sede del (CICPC), para
ser reseñada y luego presentada en los Tribunales.
3. Cairo Leonel Aguilar Medina, joven de 19 años de edad, quien de igual
manera se encontraba en la comunidad Libertador del Municipio Ezequiel
Zamora el día veintisiete (27) de abril del año 2020, en Santa Bárbara de
Barinas, sin embargo, este se disponía a trasladarse a la casa de una vecina
a las diez treinta horas de la noche (10:30 pm), para llevarle comida a un
“Cerdo” propiedad de su familia, cuando fue detenido por una operación
mixta de grupos de seguridad del estado (Guardia Nacional Bolivariana,
Policía Estadal). La información fue suministrada por su padre el Sr. Juan
Aguilar, que nos manifestó los hechos ocurridos, es importante señalar que en
el momento de su detención solo transitaba por el lugar
4. Liniker Eli Villamizar Guerrero, adolescente de 16 años de edad, se
encontraba en la comunidad Libertador de Santa Bárbara de Barinas del
Municipio Ezequiel Zamora, el día veintisiete (27) de abril del año 2020,
caceroleando a las diez y treinta (10:30 pm), por los cortes de luz a las
afuera de su residencia, donde fue detenida por una operación mixta de
grupos de seguridad del estado (Guardia Nacional Bolivariana, Policía
Estadal). Este adolescente fue trasladado a las nueve y treinta horas de la
mañana (09:30 am), el día veintinueve (29) de abril del corriente año, hasta
la sede del CICPC, ubicada en la ciudad de Barinas capital del Estado,
donde fue reseñado para luego ser trasladado a los tribunales.
Cabe destacar que Villamizar es un estudiante de bachillerato que se
encontraba manifestando en el barrio Libertador por la falta del servicio
eléctrico, al momento de su detención se encontraba en su lugar de
residencia. La información fue suministrada por su madre.

Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

El día veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020), en el estado
Barinas se registraron detenciones arbitrarias a ciudadanos entre ellos se
encontraba el ciudadano Roland García, Presidente de la ONG
FUNDEHULLAN, señalo que fueron detenidos por unas horas y los obligaron
hacer sentadillas, estas detenciones son ejecutadas por parte de los cuerpos
de seguridad del Estado (GNB, FAES, POLICÍA), los ciudadanos señalaron que
se encontraban en las calles buscando la manera de obtener medicinas y
alimentos para su familia, debido a la situación que atraviesa el país se ha
dificultado el acceso a productos básicos afectando a la población en
general.
En el estado Barinas fueron detenidos arbitrariamente ocho ciudadanos el
domingo treinta (30) de agosto del año dos mil veinte (2020) en horas de la
mañana (11:00 am), cuatro hombres y cuatro mujeres fueron detenidos bajo el
argumento de instigación al odio, violencia y resistencia a la autoridad
durante la protesta en la bomba el Caney, de las ocho personas detenidas,
cuatro fueron detenidas por parte de la Dirección de Investigaciones
Estrategias Preventivas (DIEP) de la Policía de Barinas y los otros cuatro por
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Estos ocho ciudadanos quedaron
privados de libertad luego de formar parte del grupo de personas que exigió
gasolina en la avenida Agustín Codazzi de Barinas. Los conductores que
amanecieron en la cola aseguraron que en la estación el Caney había
gasolina presionaban para que les surtieran sus vehículos.
Se registró el pasado lunes veintitrés (23) de noviembre, fue detenida por
funcionarios de PoliCojedes, Ligia Salcedo, médico de Tinaquillo, quien exigía
el suministro de combustible para su vehículo. El hecho ocurrió en las
adyacencias de la estación de servicio Los Pinos, de la avenida Miranda,
cruce con Ricaurte, Tinaquillo, estado Cojedes. Presentes en el hecho
aseguraron que la doctora solo exigía que se le suministrara el combustible,
pues a pesar de que había llegado una gandola a la estación, solo iba a
despachar a carros priorizados. Aseguraron que la doctora fue detenida y
golpeada por los funcionarios de PoliCojedes que arremetieron en su contra.
Indicaron que la acción de los funcionarios fue desmedida y violatoria de
derechos humanos.

Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

El día miércoles veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte
(2020), el representante regional de Red justicia Libertad del estado
Cojedes, informó que luego de la audiencia de presentación en los tribunales,
a la doctora Ligia Salcedo se le otorgó libertad plena, tras ser detenida este
lunes por funcionarios de PoliCojedes en Tinaquillo por exigir gasolina.
Aseguraron que la médico fue golpeada por al menos tres funcionarios de
PoliCojedes, por lo que tuvo que recibir asistencia médica y le colocaron un
yeso en la pierna por presentar una fisura en la rodilla derecha. Destacó que
la doctora andaba en compañía de su hija de nueve años que recibió un
golpe al momento de la detención. Por lo que, el representante de Red
Justicia Libertad, afirmó que la profesional de la salud fue víctima de tratos
crueles, inhumanos y degradantes durante su detención. Igualmente, exigió
una investigación para que los responsables de este hecho violatorio de los
derechos humanos sean penados.
Se documentaron casos en los que los agentes involucrados sembraron
pruebas falsas en los hogares de las víctimas para incriminarlas. Para
agravar la situación, los agentes del Estado se aprovechaban de los
operativos de seguridad para tomar arbitrariamente los artículos personales
de las víctimas, tales como computadoras, teléfonos y otros. Un alto
porcentaje de las detenciones arbitrarias fueron acompañadas de
desapariciones forzadas, en donde la víctima no tenía acceso a ningún tipo
de contacto con sus abogados o familiares. De este modo, los agentes de
seguridad del Estado violan el debido proceso al impedirle a las víctimas
comunicarse con sus abogados, privándolos de ejercer su derecho a la
defensa. Esta práctica se ha vuelto cada vez más común en el contexto
venezolano, llegando a ser utilizada por el Estado Fallido como una
herramienta de represión política y un mecanismo de intimidación de la
sociedad civil venezolana.
Es importante mencionar que en el contexto de la medida de cuarentena
en las mencionadas detenciones arbitrarias no se garantiza acceso ni
prosecución a procesos penales o civiles debido a la parálisis casi completa
de las instituciones de justicia, contemplando pocas excepciones que no
permiten continuar los procesos, a pesar de que el poder judicial se
pronunció a través de Resoluciones, que a través de prórrogas a lo largo del
año 2020, establecían continuidad de la actividad jurisdiccional.
Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

DESAPARICIÓN FORZADA
Otra situación que resulta preocupante y que ha sido documentada por el
equipo investigativo de FUNDEHULLAN, es la puesta en práctica de la
desaparición forzada que en este caso fue víctima;
En fecha el día ocho (08) de octubre del año dos mil veinte (2020), el
ciudadano Yovany Salazar, en el municipio El Socorro, Estado Guárico,
continua la persecución por parte de los funcionarios que integran los
cuerpos de seguridad del Estado, en este caso los funcionarios del Comando
Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), adscritos a la Guardia Nacional
de Venezuela, en esta ocasión la persecución es dirigida en contra de Yovany
Salazar, coordinador general de Voluntad Popular en el Estado Guárico, y de
su familia.
Como consecuencia de las persecuciones y detenciones arbitrarias a
dirigentes políticos y las manifestaciones que se suscitaron en el estado
Guárico, debido a la deficiencia de los servicios públicos, el equipo
investigativo de FUNDEHULLAN documento que:
El día viernes nueve (09) de octubre del año dos mil veinte (2020), en el
municipio el Socorro, estado Guárico amaneció totalmente militarizado, los
funcionarios ingresaron a los domicilios de muchas personas que el día
anterior habían estado exigiendo la liberación del dirigente social detenido,
fueron sacados de sus hogares de manera abrupta y arbitraria.

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los Llanos

PERSECUCIÓN
No menos preocupante, es el patrón de acoso y persecución que viven los
líderes partidistas, sociales y locales, tal es el caso, de las detenciones
arbitrarias en contra de dirigentes políticos;
El pasado primero (01) de diciembre del año dos mil veinte (2020), que se
encontraban en el centro de Ciudad Bolivia, municipio Pedraza del estado
Barinas promoviendo la consulta popular que estaba pautada para el
pasado doce (12) de diciembre del presente año, los jóvenes son activistas
de Voluntad Popular, estos fueron abordados por funcionarios adscritos al
cuerpo de seguridad Dirección de Contra Inteligencia Militar (DGCIM).
Los funcionarios se acercaron a los jóvenes con la intención de conversar,
de acuerdo al testimonio de uno de los testigos, posteriormente los
funcionarios del DGCIM procedieron a detenerlos arbitrariamente, al
observar este hecho arbitrario los presentes manifestaron para que los
jóvenes fueran liberados de manera inmediata, sin embargo los funcionarios
continuaron con la detención arbitraria.
El equipo investigativo y jurídico de FUNDEHULLAN, entrevistaron a las
víctimas Luis Rodríguez y a Víctor Alvarado, manifestaron que la detención
ocurrió a las 11:00 am, indicaron que los funcionarios se acercaron a ellos y
les comentaron que el Comandante quería conversar con ellos, los jóvenes
fueron trasladados al Batallón Vicente Campo Elías, con sede en la capital
del municipio en un vehículo sin placas, modelo fiesta power, color; azul.
Posteriormente de su traslado, en el comando los funcionarios decidieron
reseñarlos, y estuvieron en una celda por cuatro horas, Rodríguez y Alvarado
señalaron que fueron amenazados y recibieron tratos crueles e inhumanos por
parte de los funcionarios del DGCIM.
Otra situación similar registró en el estado Barinas, en el que se documentó
la persecución y las amenazas del que ha sido víctima el dirigente social de
Sabaneta, capital del municipio Alberto Arvelo, en el estado Barinas, Carlos
Azuaje.
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los Llanos

· El trece (13) de diciembre del año dos mil veinte (2020), el dirigente le
manifestó al equipo investigativo que su vida corre peligro, porque desde las
altas esferas del Gobierno regional se ordenó su asesinato. El dirigente social
aseguró que estas amenazas son consecuencias de las denuncias que ha
realizado de la corrupción, de abusos y atropellos en contra de los
ciudadanos en el municipio Alberto Arvelo Torrealba, estas acciones le han
hecho ganar muchos enemigos en el ámbito gubernamental, militar, político y
entre contratistas que han sido desenmascarados en sus andanzas luego de
sus denuncias.
Los ciento cuarenta (140) casos de detenciones arbitrarias documentados
en la región de los llanos a través de un monitoreo de medios de
comunicación y redes sociales, los hemos clasificado de la siguiente manera:

Detenciones arbitrarias

Detenciones arbitrarias contra dirigentes
12.3%

Persecución
7%

Detenciones arbitrarias a ciudadanos
80.7%

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Estados donde ocurrieron los hechos
Estado Portuguesa
3.3%

Estado Barinas
35.3%

Estado Cojedes
46%

Estado Apure
6%

Estado Guárico
9.3%

De acuerdo, al gráfico anterior, se evidenció que el estado con más
detenciones arbitrarias fue Cojedes con el 46% de casos documentados, en
el que se registraron detenciones colectivas debido al incumplimiento de las
restricciones del decreto de alarma y por ejercer el derecho a manifestar
pacíficamente. El estado Barinas lo sigue con el 35.3%, se registraron
detenciones colectivas y por exigir el respeto a los derechos fundamentales,
seguido por el estado Guárico con el 9.3%, el estado Apure con el 6% y
finalmente el estado Portuguesa con el 3.3% de detenciones arbitrarias.

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Cuerpos de seguridad involucrados
FAES
5%
PEB
20%
GNB
43.3%

PNB
31.7%

De acuerdo al gráfico anterior, y con la información recolectada en
nuestra investigación de los cuerpos de seguridad ciudadana la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) estuvo involucrada en la mayoría de los casos de
detenciones arbitrarias, con un 39.4% (26 casos), seguido de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) con un 28.8% (19 casos) y la Policía Estadal con
un 18.2% (12 casos).

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INTIMIDACIÓN Y
AMENAZAS
El año 2020, también estuvo caracterizado por actos de intimidación contra
la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, ejecutados,
principalmente, por las fuerzas de seguridad del Estado, por miembros del
gobierno, y por grupos armados afines al gobierno Venezolano. Estos actos
adoptaron distintas formas, entre otras, amenazas, amedrentamientos, acoso,
agresiones físicas, detenciones arbitrarias, y tratos inhumanos y degradantes.
Muchas de estas intimidaciones se llevaron a cabo por medio de las redes
sociales de los partidarios del gobierno, quienes las utilizaban para amenazar
constantemente a periodistas, personal de la salud (enfermeros, médicos entre
otros) y a defensores de derechos humanos, que pretendían informar sobre la
realidad del contexto de la pandemia en Venezuela.
Ante estos actos FUNDEHULLAN en su documentación en el transcurso del año
2020, registraron más de treinta y cinco (35) casos desde el mes de marzo
hasta el mes de diciembre de dicho año.
Entre los casos documentados haremos referencia a los más destacables:
Las acciones de intimidación y amenazas se hicieron muy recurrentes en las
manifestaciones pacíficas protagonizadas por la ciudadanía en la exigencia
de sus derechos fundamentales, en los casos que mencionaremos a continuación
se puede evidenciar el objetivo de los cuerpos de seguridad del Estado, estas
acciones buscaban infundir miedo y terror a los ciudadanos que tienen
pensamientos contrarios al Estado Venezolano.
La noche del sábado dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2.020) siendo
aproximadamente las nueve horas de la noche (09:00 p.m.), se registró una
situación irregular en la Urb. Don Samuel del municipio Barinas, estado Barinas,
luego que los habitantes de dicha comunidad pasaran más de doce (12) horas
sin el servicio eléctrico, situación que género, que un gran número de personas
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los Llanos

salieran de sus hogares a manifestar por la falta del servicio, pasados quince
(15) minutos llegaron al lugar alrededor de sesenta (60) funcionarios de la
Guardia Nacional Bolivariana y el FAES, que sin mediar palabras comenzaron
a lanzar perdigones y a disparar en contra de las casas de los vecinos de la
comunidad, los funcionarios subieron a los techos de las viviendas con la
intención de causar miedo y seguir amedrentando a la comunidad, esta
situación duró hasta las doce horas meridiem (12:00 m) cuando por fin
restablecieron el servicio eléctrico. De este mismo hecho se conoció que al
día siguiente, es decir, el día tres (03) de mayo de dos mil veinte (2020) a
partir de las siete horas de la noche (07:00 p.m.) se apersonaron al lugar un
aproximado de cuarenta (40) funcionarios de la GNB con el fin de intimidar
a los vecinos.
Continuando con las acciones de intimidación y amenazas en las
manifestaciones debido a la deficiencia de los servicios públicos, por falla en
el servicio eléctrico:
El día viernes ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020), siendo
(07:30 p.m.) se pudo constatar que en la ciudad de Sabaneta, Capital del
municipio Alberto Arvelo Torrealba en el estado Barinas, un adolescente de 13
años de edad fue herido por una bala en el glúteo derecho mientras dormía,
esto mientras en el barrio “24 de Junio”, en la Av. Pedro Pérez Delgado, frente
a la UNEFA, se desarrollaba una manifestación por las fallas eléctricas, en el
lugar se encontraban aproximadamente sesenta (60) personas manifestando
porque tenían más de trece (13) horas sin el suministro eléctrico. Se conoció
que a las (07:00 p.m.) llegaron dos camiones del ejército con un gran número
de funcionarios dispuestos a dispersar la manifestación, generándose
represión por parte de los militares, que se extendió por más de dos (02)
horas, como resultado del uso indebido de las armas de fuego
reglamentarias, las cuales fueron usadas para intimidar a los habitantes de la
comunidad.
El pasado diez (10) de julio del año dos mil veinte (2.020), se registró el
asedio que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tiene en contra del
secretario general del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) en el
municipio Cruz Paredes del estado Barinas, José Luis Mendoza.

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los Llanos

La denuncia la formularon luego de observar la presencia de funcionarios
de la GNB frente a la vivienda de Mendoza, poco después de concluir una
jornada social con un grupo de activistas de esa organización política. La
actividad se realizó para repartir mascarillas en el barrio Francisco Toro, de
la población de Barrancas.
Eli Araujo, de la directiva regional del partido y quien acompañaba a
Mendoza, contó que mientras hacían la jornada, que incluyó la limpieza del
sector e inscripción de nuevos militantes en esa organización, funcionarios de
la Guardia Nacional pasaron en reiteradas oportunidades.
El periodista Franklin Rodríguez, en Valle de la Pascua del Estado Guárico
público en sus redes sociales que vivió “una situación de amedrentamiento,
intimidación e intento de impedir el ejercicio del periodismo”. Cuando
funcionarios de Policía Nacional Bolivariana (PNB), intentaron despojarlo de
su teléfono, remolcarle el carro y detenerlo. El jueves treinta (30) de julio de
2020 el periodista se encontraba en los alrededores de la Estación de
Servicio El Lido, tomando fotos y haciendo vídeos sobre las colas para surtir
gasolina. En ese momento, funcionarios policiales le retuvieron su credencial y
su cédula de identidad.
Al reconocido periodista lo dejaron en libertad, pero el hecho tuvo
notoriedad nacional de organizaciones como el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP)
Es necesario tener en cuenta que la Constitución y el código penal
venezolano, prohíbe que las personas sean detenidas por hechos u omisiones
que no están tipificadas en la ley como un delito.
Estos actos que generan intimidación y amenazas someten a la sociedad a
un estado de temor y de indefensión, además de volverla más vulnerable en
medio de una crisis, social, política y sanitaria, en la cual se intensificó la
censura y la criminalización. Del mismo modo, esto genera un ambiente de
desinformación, que termina afectando gravemente a la población, quien no
tiene conocimiento acerca de la realidad actual del país.

Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

Estos hechos demuestran un contexto en el que el Estado venezolano ha
adoptado una política de persecución en contra de la sociedad civil, en
particular, contra aquellos individuos u organizaciones que no compartan los
mismos ideales, o que puedan manifestar o exigir sus derechos fundamentales
a las autoridades nacionales.
En cuanto a los treinta y cinco (35) casos de intimidaciones y amenazas
documentados en la región de los llanos a través de un monitoreo de medios
de comunicación y redes sociales, los hemos clasificado de la siguiente
manera:

Cuerpos de seguridad involucrados
GNB
21.2%

FAES
27.3%

PEB
18.2%
PNB
24.2%

SEBIN
9.1%

De acuerdo con las fuerzas de seguridad involucradas, la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) estuvo involucrada en la mayoría de los casos de
intimidaciones y amenazas, con un 21.2% (12 casos), seguido de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) con un 18.2% (8 casos).

Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

CONCLUSIÓN
A través del presente informe se puede inferir que la pandemia de COVID19, es un factor determinante que influyo en la crisis social, política y
económica durante el año 2020. En medio de la crisis multidimensional
humanitaria compleja que atraviesa el país, este informe refleja la
vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la población
venezolana, entre estos los derechos sociales, políticos y económicos.
Sin un Estado de Derecho, sin instituciones democráticas sólidas y sin un
poder judicial independiente, alcanzar la justicia en Venezuela, es algo
ilusorio, los fines del estado consagrados en la constitución nacional, más aún,
es el reino de la impunidad, lo que favorece la repetición de la violación.
Es forzoso, para la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos
(FUNDEHULLAN), concluir que nuestro gobierno ha fomentado un círculo
vicioso de dependencia en la población en general. La emergencia
humanitaria compleja, que atraviesa el país, de la cual lógicamente no
escapa la región llanera, no solo es propiciada por el gobierno, sino que
además ha sido utilizada por este para que a cambio del respaldo político e
incremento de este poder la población pueda ser beneficiaria de planes
alimentarios (CLAP) y económicos (Bonos), insuficientes para paliar los
efectos de la crisis.
A través de la Investigación realizada podemos afirmar que existen actos
de persecución fundada en motivos políticos que constituyen crímenes de lesa
humanidad, que pueden ser investigados por la fiscalía de la Corte Penal
Internacional (CPI), para establecer la responsabilidad del Estado
venezolano.
Los distintos órganos de protección a nivel regional y universal han señalado
que ciertamente hay crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en
Venezuela, y para evitar que se continúen agravando es fundamental que los
defensores y las organizaciones de Derechos Humanos

Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

privadas de libertad; garantizar derechos a personas transexuales,
transgénero y parejas del mismo sexo; y aceptar la asistencia y la
cooperación internacional para enfrentar la crisis del sector salud y la
escasez de alimentos, esta última por no tomar en cuenta la guerra
económica, el asedio y la amenaza de “poderes fácticos y políticos–
económicos de ciertas élites nacionales e internacionales”, según lo
consideraron los representantes del gobierno, lo que nos conduce a
considerar poca o ninguna disposición del Gobierno Nacional, en el respeto
a los derechos humanos, lo que se evidencia del presente informe, que de
acuerdo al ámbito espacial es el territorio llanero de nuestro país, sin
embargo es una realidad que afecta a todos los ciudadanos del país.

Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

RECOMEDACIONES
Ante la información precedentemente descrita y las conclusiones que
fomentan este informe la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos
(FUNDEHULLAN), insta al gobierno nacional, regional y municipal de los Estados
de la región a:
Respetar el derecho a la libertad personal y que los ciudadanos que han
sido procesados en el contexto de las manifestaciones pacíficas se les
otorgue libertad plena, en respeto a las garantías procesales establecidas
en el ordenamiento jurídico.
Exhortamos a los cuerpos de seguridad del Estado a respetar los Derechos
Humanos y que cese de manera inmediata la represión y tortura durante las
protestas pacíficas constitucionales consagradas en el artículo 68
Constitucional durante las manifestaciones antigubernamentales
Cese del hostigamiento, amenazas, allanamientos, y vigilancia permanente
contra los defensores de Derechos Humanos, periodistas y demás miembros
de la sociedad civil durante la cuarentena.
Abstenerse de No obstaculizar la labor de los defensores de Derechos
humanos en la región de los llanos.
Cese inmediato de la Criminalización de las Organizaciones No
Gubernamentales del país.
Dar cumplimiento a las recomendaciones y decisiones de los organismos
internacionales de protección de derechos humanos, en especial aquellas
derivadas del examen periódico Universal (EPU) 2016, relativas a la
persecución, criminalización e intolerancia por motivos políticos en
Venezuela.
Garantizar, el principio de legalidad existente en el Ordenamiento Jurídico
Penal venezolano, lo que permitirá la persecución de verdaderos delitos de
acuerdo a lo establecido en el Código Penal venezolano, y no la
persecución penal por retaliación política para aquellas personas que se
encuentran privadas arbitrariamente de su libertad.
Garantizar, en cada uno de los Estados, el órgano de investigación penal
deberá investigar todos los casos de detenciones arbitrarias a estudiantes,
activistas
Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos

Promotores y defensores de derechos humanos, e igualmente garantizar
que las las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia del Estado,
cooperen plenamente con las investigaciones, como órganos de auxilio
penal según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Venezolano,
entregando oportunamente toda la información solicitada y permitiendo
que se lleven a cabo las investigaciones.
Garantizar, que en Venezuela, y específicamente en ningún Estado de la
región llanera será detenidas personas, sino aquellas contra las cuales se
emite una orden judicial emanada de órgano judicial, o que esté en la
comisión de un delito en flagrancia, según lo establece la Ley Adjetiva
Penal venezolana.
Emitir y ejecutar, las órdenes de excarcelación a todas aquellas personas
que se encuentran en centros de reclusión que han cumplido condenas y
que aún se encuentran privadas de libertad como retaliación política del
gobierno local.
Garantizar, el cumplimiento de las garantías constitucionales, establecidas
en artículo 49, del Debido Proceso, que la Fiscalía del Ministerio Público
realice la investigación necesaria y se permita la defensa efectiva de las
personas privadas de libertad de forma arbitraria.
Desactivar legalmente, algunos organismos de seguridad, que
flagrantemente se han convertido en organismos dedicados a
aprehensiones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura, tales el caso
del denominado FAES, que opera no solo en los Estados que nos ocupa en
este informe, sino que a lo largo del territorio venezolano.

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los Llanos

DEFINICIÓN DE TERMINOS
BASICOS
Derechos Humanos: Los derechos humanos son los derechos que tenemos
básicamente por existir como seres humanos; no están garantizados por ningún
estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con
independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color,
religión, idioma o cualquier otra condición.
Violación: La violación de los derechos humanos indica la vulneración o
negación de los derechos de mujeres y hombres, por parte de personas
servidoras públicas o autoridades que puedan ejercer poder sobre las
personas.
Detención Arbitraria: cuando una autoridad pública priva de la libertad a
una persona sin cumplir con el debido proceso y las garantías judiciales de la
persona que es detenida.
Desaparición Forzada: la desaparición forzada es un arresto, secuestro,
detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y
realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores
públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el
apoyo o la aprobación del Estado. Designa un tipo de delito complejo que
supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en
determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad.
Ejecución Extrajudicial: es una violación que puede consumarse, en el
ejercicio del poder del cargo del agente estatal, de manera aislada, con o sin
motivación política, o más grave aún, como una acción derivada de un patrón
de índole institucional.
Tortura: En el sistema interamericano la Convención Interamericana contra
la Tortura contempla la actuación de “empleados o funcionarios públicos” que
actuando “en ese carácter” “ordenen, instiguen, induzcan a su comisión”, o bien
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los Llanos

“lo cometan directamente” o incluso llega a considerar que el Estado es
responsable, cuando "pudiendo impedirlo, no lo haga".

Trato cruel e inhumano y degradante: El término “trato cruel, inhumano o
degradante” es el término adecuado para definir condiciones de reclusión que,
sin llegar a ser tortura pues no hay una “intención” o “decisión” de provocarlo,
generan un daño o afectación de los derechos de las personas privadas de
libertad, las que al margen de su estricta privación de libertad, siguen teniendo
el derecho a una vida digna que se ve comprometido.
Protesta Pacifica: El derecho a la manifestación pacífica, si bien es un
derecho humano contenido en las libertades de reunión y de expresión, merece
ser tratado de manera especial debido a que representa un modo de acción
cívica para la exigencia y la defensa de derechos, altamente sensible a
reacciones de gobierno y a políticas de Estado incompatibles con los derechos
humanos. Establecido este derecho en el artículo 68 de la Constitución
Nacional.
Caso: Hecho o situación que sucede o puede suceder, tomado en
consideración para algún análisis específico. Hace referencia a casos de
violaciones de derechos humanos.
Examen Periódico Universal (EPU): (EPU, o UPR), por sus siglas en inglés, de
Universal Periodic Review) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos
(CDH) de las Naciones Unidas (ONU), en funcionamiento desde 2005.
Establecido por la Asamblea General, el EPU periódicamente examina la
situación de los derechos humanos en los 193 estados miembros de la ONU.

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los Llanos

REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N.6.519
Extraordinária,
13
de
marzo
de
2020.
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ven194367.pdf
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 338. 20 de
diciembre de 1999 (Venezuela).
https://www.fundehullanvzla.org/2020/05/reporte-fundehullan-1-al-15de-abril-2020/
https://www.fundehullanvzla.org/2020/05/reporte-fundehullan-16-al-30de-abril-2020/
https://www.fundehullanvzla.org/2020/05/reporte-fundehullan-1-al-15de-mayo-2020/
https://www.fundehullanvzla.org/2020/06/reporte-fundehullan-16-al-31de-mayo-2020/
https://www.fundehullanvzla.org/2020/07/reporte-fundehullan-15-al-30de-junio-2020/
https://www.fundehullanvzla.org/2020/09/reporte-fundehullan-1-al-15de-septiembre-2020/
https://www.fundehullanvzla.org/2020/10/reporte-fundehullan-15-al-30de-septiembre-2020/
https://www.fundehullanvzla.org/2020/11/reporte-fundehullan-1-al-31-deoctubre-2020/

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https://www.fundehullanvzla.org/2020/08/boletin-informativo-15-deagosto-2020/
https://www.fundehullanvzla.org/2020/09/boletin-informativo-15-al-30de-agosto-de-2020/
https://www.fundehullanvzla.org/2020/09/boletin-informativo-1-al-15-deseptiembre-2020/
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